Austeridad y transparencia, derrotadas ayer en el CGPJ

Lamentable apagón de los principios de ejemplaridad, austeridad y transparencia en el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial). Los tres sufrieron un severo revolcón a lo largo de cinco horas de catarsis a puerta cerrada en el pleno informal de ayer. En relación a la conducta de su presidente se nos hace saber que, con tal de presentar la factura, es normal pagarse con dinero público los fines de semana privados, incluyendo cena para dos en lujosos restaurantes de Marbella.

¿O acaso eran viajes oficiales? No lo sabemos. Carlos Dívar se niega a dar explicaciones. Quienes se las reclaman desde fuera se han llevado un chasco al ver que quienes se las reclamaban desde dentro han quedado en minoría. Cinco vocales tenidos por “progresistas” pidieron la dimisión de Dívar, por oscurantista, y siete vocales de mayoría “conservadora”, pidieron en sus respectivos escritos la dimisión de quien le denunció, Gómez Benítez, por desleal. Ni uno ni otro dimitirán porque en ninguno de los dos casos se alcanzó el consenso necesario para determinar la renuncia en una eventual votación. Ni siquiera se produjo. Lo evitó el afectado presidente alegando el carácter deliberativo y no decisorio del pleno.

La excusa también le sirvió para frenar un tercer escrito que llegaba apoyado por 10 vocales y en el que, después de lamentar el “profundo quebranto” sufrido por el Poder Judicial ante la repercusión mediáticas y social del caso, se proponía la elaboración de un Plan de Transparencia presupuestaria “con el fin de que estos hechos no vuelvan a producirse”. Dívar también impidió la votación de este texto, secundado por los vocales Fernández-Carnicero y Concepción Espejel.

El cierre de filas y la ira contra el mensajero pudieron más que el bochorno de obligarse a reprobar una mala práctica del jefe. El interés corporativo se impuso al interés general. Ese ha sido el desenlace del escándalo de las facturas del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo

El cierre de filas y la ira contra el mensajero pudieron más que el bochorno de obligarse a reprobar una mala práctica del jefe. El interés corporativo se impuso al interés general. Ese ha sido el desenlace del escándalo de las facturas del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, desvelado cuando el citado vocal, Gómez Benítez, lo denunció ante la Fiscalía General del Estado por presunta malversación de caudales públicos.

Hace unos días el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Martín Casallo, archivó las diligencias al no encontrar causa suficiente para poner a Dívar frente a la sala segunda por el mencionado delito. Amén. Una vez más estamos obligados a distinguir el plano judicial del político y, por supuesto, del plano ético. El decreto de archivo del fiscal (21 de mayo de 2012) puede eximirle de responsabilidad penal pero de ninguna manera puede abolir el juicio de los ciudadanos ante la conducta poco ejemplar de este servidor público. Ni austera ni transparente, según ha quedado reflejada con datos incontestables, aunque no encaje en la figura delictiva descrita en el Código Penal.

Veinte viajes de fin de semana a Marbella sin que conste acto oficial alguno por medio, con sus correspondientes gastos de restaurantes y hoteles a cargo del erario público (unos 13.000 euros), es al parecer de lo más normal en un presidente del CGPJ que no puede dejar de serlo ni cenando un sábado cualquiera en compañía de otra persona. Con la que está cayendo, ya me contarán ustedes.