Bankia: se enciende el foco judicial y se apaga el político

La Fiscalía Anticorrupción nos pone en la pista de que Bankia, además de haber estado en manos de unos pésimos gestores, puede haber estado en manos de unos delincuentes. La consideración es meramente técnica. En el decreto de apertura de diligencias los fiscales encargados del caso, Alejandro Luzón y Luis Rodríguez Sol, hablan de las cinco figuras delictivas que podrían haber cometido los directivos de esta entidad financiera. A saber: estafa, apropiación indebida, falsedad documental, delito contable y administración desleal.

El señor Torres-Dulce ha estado más inspirado en ese asunto que en el de las pruebas supuestamente nuevas y debidas al incomprendido celo investigador de un medio de comunicación sobre los atentados del 11-M. De momento es una buena noticia que la Fiscalía General del Estado, obligada a defender los derechos de los ciudadanos y “el interés público tutelado por la ley” (artículo 124 de la Constitución), dé un paso al frente sin reparar en la vinculación política de los exgestores de Bankia al partido en el poder.

Los nuevos propietarios de Bankia son los ciudadanos. Tienen derecho a saber lo que ha pasado y a exigir responsabilidades. Ese es el clamor recogido por la Fiscalía al judicializar un asunto que, según ha pedido por escrito, va camino de la Audiencia Nacional

Es el caso de Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno, y de José Luís Olivas, expresidente de la Comunidad Autónoma de Valencia. Dos primeros actores de la fusión de Cajamadrid y Bancaja (más otras cinco cajas de ahorro menores) y la posterior salida a bolsa de la entidad resultante, de la que Rato era presidente y Olivas vicepresidente. Se da la circunstancia de que en el decreto de apertura de diligencias se mencionan ambos episodios, el de la constitución y el de la salida a bolsa, como la zona a iluminar por el foco de la Fiscalía en relación con los cinco presuntos delitos anteriormente citados.

Los nuevos propietarios de Bankia son los ciudadanos. Tienen derecho a saber lo que ha pasado y a exigir responsabilidades. Ese es el clamor recogido por la Fiscalía al judicializar un asunto que, según ha pedido por escrito, va camino de la Audiencia Nacional. Sin embargo en el ámbito político y parlamentario no se está produciendo el mismo celo indagatorio. No es que haya menos interés en buscar la caja negra del escándalo y señalar a los responsables. Es que el interés es cero, pero cero patatero, como diría Aznar.

A juzgar por la actitud del PP, que ayer bloqueó todas las comparecencias solicitadas por el resto de los partidos, ni a los gestores de Bankia ni a los del Banco de España se les ha perdido nada en el Congreso y de nada tienen que dar explicaciones. Ni en pleno ni en comisión ordinaria, y mucho menos en comisión de investigación. Si acaso en la llamada subcomisión del FROB, a puerta cerrada y nunca antes del verano. “En septiembre ya veremos”, declaró ayer el presidente del dicha subcomisión, Fernando López-Amor (PP, claro). Se le agradece la sinceridad: “No queremos que vengan ahora”.

De momento el premio a la transparencia se lo lleva la Fiscalía, no el Gobierno.