‘Caso Bankia’: ¿delincuentes además de malos gestores?

El morbo está servido. Se enciende el foco judicial cuando languidecía el foco político sobre el caso Bankia. El premio a la transparencia no lo merece el Gobierno, sino la Fiscalía General del Estado al cumplir con su deber institucional en defensa de “los derechos de los ciudadanos” y “el interés público tutelado por la ley” (artículo 124 de la CE). Al menos podemos presumir de una Fiscalía Anticorrupción que ignoró las llamadas del poder, abrió diligencias y reclamó la competencia de la Audiencia Nacional mientras el PP bloqueaba el control parlamentario de los gestores de la entidad.

Sin la expresa conformidad de la Fiscalía difícilmente hubiera sido admitida a trámite la querella de un partido político (UPyD) contra un exvicepresidente de Gobierno, un exministro y otros exaltos cargos del PP disfrazados de banqueros (¿o fue al revés?). Son los fiscales Luzón y Rodríguez Sol quienes nos pusieron en la pista de que, amén de haber caído en manos de unos pésimos gestores, Bankia ha podido estar en manos de unos delincuentes.

Sin la expresa conformidad de la Fiscalía difícilmente hubiera sido admitida a trámite la querella contra un exvicepresidente de Gobierno, un exministro y otros exaltos cargos del PP disfrazados de banqueros (¿o fue al revés?)

Confirmar el buen funcionamiento de las instituciones es buena noticia. Mala, en cambio, para quienes quedan bajo sospecha judicial en base a cuatro supuestos delitos: apropiación indebida, falsificación de cuentas, maquinación para alterar el precio de las cosas y administración desleal. Delitos que Rodrigo Rato, Ángel Acebes, José Luís Olivas, Herrero de Tejada, Jesús Pedroche, Mercedes de la Merced y otros vinculados al partido de Rajoy, amén de dos militantes del PSOE, habrían cometido en su paso por el consejo de administración de Bankia y su matriz (BFA).

Una vez más se impone la apelación a la presunción de inocencia de los imputados, algunos de los cuales ya han sido llamados a declarar en la Audiencia Nacional por el juez Fernando Andréu. Eso no deroga la presunción de verosimilitud delictiva apreciada por el fiscal y asumida por el juez. Son las generales de la ley. El propio fiscal entiende que se pueden haber cometido delitos en la fusión de Cajamadrid con otras entidades y en la salida a bolsa de la entidad resultante (Bankia), y al tiempo reconoce que es pronto para atribuir conductas delictivas a partir de la “mera pertenencia al consejo de administración de BFA o Bankia”, que de momento sólo es un criterio de imputación “genérico”.

Al fondo, la política. En su antigua configuración, la de siete cajas de ahorro fundidas en una sola marca, por la presencia de partidos, sindicatos, patronal, autonomías y ayuntamientos en sus consejos. Y en la nueva, porque su nacionalización convierte en propietarios a todos los españoles. Por tanto, tienen derecho a saber lo que ha pasado y a exigir responsabilidades. Son las consecuencias del recurso a los fondos públicos (23.500 millones en dos entregas) para evitar males mayores. Algo que pone en guardia al ciudadano, desconcertado por la facilidad con la que se hablan de miles de millones de euros para sanear bancos mientras se cierran hospitales en nombre de la austeridad.

Pero no es ninguna broma relacionar la nacionalización de Bankia con la intención de evitar males mayores. Incumbe no sólo a impositores y accionistas, sino al sistema productivo. Eso dice el juez Andréu al advertir de que podría desestabilizarse el sistema financiero. Podríamos deducir que no es descartable la intervención judicial de la entidad nacionalizada. Esa posibilidad, reclamada por el querellante partido de Rosa Díez, se estudiará en la vista convocada para el próximo día 23 de julio. No parece probable sin la conformidad de la Fiscalía, que se opone expresamente.