Catalanización mediática y política del 12 de octubre

A falta de rigor en nuestro debate de cercanías, buenos son los chascarrillos. Aparcamos el recorte de la Familia Real por la parte de las infantas, arrastradas en la caída por la crisis de los yernos, y nos centramos en el sainete político-mediático representado en las celebraciones de la Fiesta Nacional por el Rey, el presidente del Gobierno y el ministro de Educación.

Es creíble que después del desfile don Juan Carlos hiciera un aparte con Mariano Rajoy para hablar de la borrasca catalana. Que además le pidiera un esfuerzo por rebajar la tensión forma parte de su papel. Es lógico. Lo que no hubiera sido lógico ni aceptable es que el Rey hubiera hecho un aparte con el presidente del Gobierno para reñirle. Ni a él directamente ni, por medio de él, al ministro de Educación, José Ignacio Wert, porque éstos responden ante el Parlamento y no ante el Rey. Al revés, son los actos y decisiones del Monarca los que deben estar siempre refrendados por el presidente y, en su caso, por los ministros competentes. Sin ese refrendo, esos actos y decisiones carecen de validez. Dos excepciones: el gasto del presupuesto de la Casa Real y el nombramiento o cese de sus miembros.

No hubo caso, salvo para los medios que leyeron en los labios del Rey una presunta doble bronca a Rajoy y a Wert y se pasaron por el arco del triunfo los desmentidos de Zarzuela y Moncloa, así como las fotos en las que el Rey y el ministro aparecen partiéndose de risa como si uno de los dos hubiera contado el chiste de la rana. Si resulta que veinticuatro horas después el ministro se ratifica y se muestra “orgulloso” de su apuesta pública por la españolización de los niños catalanes, para que también se sientan españoles (además, por añadidura, poniendo donde falta sin quitar donde sobra), es que no está desairando al Rey.

Otra cosa es que el Rey haya reclamado del Gobierno una bajada de la tensión. Normal. También se lo debería pedir al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que insiste en celebrar su consulta “sí o sí”, con autorización del Estado o sin ella, en los próximos cuatro años, aunque sea a la luz de la legislación internacional. Debería revisar la doctrina de la ONU, contenida en la Carta fundacional y en dos resoluciones: 1514 (14 diciembre 1960), y 2625 (24 octubre de 1970), con cláusulas de salvaguardia de los principios de unidad e integridad territorial de cualquier Estado “legítimamente constituido”.

Aunque esto a Más tal vez le suene a reminiscencia franquista, es legislación internacional vigente. Sólo podría ampararse en ella si consigue convencer de que Cataluña es una colonia o un pueblo oprimido sin representación política. Quizás lo intente, ahora que sale con la tontería de la España “una, grande y libre” (lema franquista por excelencia) como presunta alternativa opresora del Gobierno central a la educación que reciben los niños catalanes en las escuelas.

Mientras Wert se mostraba orgulloso de su reto españolizador, Artur Mas nos anunciaba la tramposa pregunta de referéndum imaginada en su sueño segregacionista: ¿Desea que Cataluña sea un Estado de la Unión Europea? Ahora nos enteramos de que la UE ha invitado al inexistente Estado catalán a entrar en el club. Un mal jugador de ajedrez. De esos que no pasan del segundo movimiento porque ya la han pifiado en el primero.