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Rajoy se destapa en Barcelona porque ya le tocaba
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Antonio Casado

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Rajoy se destapa en Barcelona porque ya le tocaba

Mariano Rajoy, por fin, se destapó este fin de semana en Barcelona. Acusó al presidente de la Generalitat y líder de CiU, Artur Mas, de “arrastrar

Mariano Rajoy, por fin, se destapó este fin de semana en Barcelona. Acusó al presidente de la Generalitat y líder de CiU, Artur Mas, de “arrastrar a siete millones de catalanes hacia un dilema imposible”. Y de querer alterar el curso de la historia en nombre de una quimera. Bastante más acá de la épica, sus apelaciones al cumplimiento de la ley fueron concretas y reconocibles. Ningún problema para negociar un nuevo modelo de financiación y ninguna intención de tocar los dos artículos de la Constitución que forman la muralla legal frente a quienes quieren un Estado propio. Uno es el número 2: soberanía nacional única e indivisible. Y otro es el número 92: sólo el Rey, a propuesta del presidente y previa autorización de las Cortes Generales, puede convocar un referéndum sobre decisiones de especial trascendencia.

Era el discurso que le tocaba hacer al presidente del Gobierno de la Nación después del irresponsable pulso de Artur Mas contra el ordenamiento jurídico al que debe su legitimidad como president. Sin aspavientos, sin amenazas, sin coacciones, Rajoy desplegó un discurso alternativo sobre el encaje de Cataluña en España frente a ese viaje “hacia ninguna parte” propuesto por el presidente de la Generalitat. Se admiten las apuestas. Lo que no puede ser es que, frente a su monólogo unívoco y totalizante, los nacionalistas catalanes valoren la prueba del contraste como un tic represivo de la España que  les “ahoga”.

Cuando alguien intramuros del sistema propone su voladura, puesto que el objetivo segregacionista solo puede lograrse mediante la abolición de dicho ordenamiento, el presidente del Gobierno tiene dos opciones: liderar un proceso dialogado de reforma de la Constitución de modo que la voladura sea controlada o limitarse a aplicar el principio de legalidad haciendo saber al mismo tiempo su absoluta falta de voluntad política para  abolir o retocar dos principios básicos de nuestro ordenamiento, como son el de integridad territorial y el de indivisibilidad de la soberanía nacional. Rajoy ha optado por la segunda opción y, aunque con algún retraso, al fin nos hemos enterado por la boca del caballo. Ahí debería quedarse la valoración de su discurso del sábado. El que le tocaba hacer, insisto, con elecciones o sin elecciones a la vista. Sin embargo, en todos los análisis aparece el consabido proceso de intenciones electoralistas. Y eso le resta calibre institucional. Sobre todo si la valoración procede de los socialistas, que deambulan en esa tierra despoblada entre dos posiciones muy nítidas: la del PP y la de CiU.

Nominalmente adeptos al federalismo, que es un concepto nunca desarrollado seriamente en la España de aquí y ahora, parecen estar jugando a ser decisivos en la apertura de un eventual proceso de reforma constitucional “si eso sirve para que sigamos juntos” (es decir, para que Cataluña siga en España), suele decir Rubalcaba, líder del otro gran partido de la centralidad española, históricamente motivado por la igualdad entre las personas y no entre los territorios, que ahora se desmarca por igual tanto del PP, al que culpa de haber alimentado el anticatalanismo (una forma de darle la razón a los nacionalistas), como de CiU, al que acusa de haber metido a Cataluña en un callejón sin salida (una forma de darle la razón al PP).

En esas condiciones, a la causa de la España plural (diversa pero igualitaria, que diría Griñán) le falta el pilar izquierdo del sistema para sentirse completamente segura frente a las acechanzas del nacionalismo.

Mariano Rajoy, por fin, se destapó este fin de semana en Barcelona. Acusó al presidente de la Generalitat y líder de CiU, Artur Mas, de “arrastrar a siete millones de catalanes hacia un dilema imposible”. Y de querer alterar el curso de la historia en nombre de una quimera. Bastante más acá de la épica, sus apelaciones al cumplimiento de la ley fueron concretas y reconocibles. Ningún problema para negociar un nuevo modelo de financiación y ninguna intención de tocar los dos artículos de la Constitución que forman la muralla legal frente a quienes quieren un Estado propio. Uno es el número 2: soberanía nacional única e indivisible. Y otro es el número 92: sólo el Rey, a propuesta del presidente y previa autorización de las Cortes Generales, puede convocar un referéndum sobre decisiones de especial trascendencia.