Gobierno y PSOE, juntos en la guerra contra el desahucio

“Donde sobra un millón de pisos no tiene sentido que haya desahucios”. Se lo oí decir ayer a un ministro en la distancia corta. Así que la voluntad del Gobierno por frenar esta lacra está fuera de toda sospecha. Los socialistas le precedieron al registrar una proposición de ley a finales de octubre con idéntica mira. También el Gobierno había precedido a los socialistas al fletar un Código de Buenas Prácticas que permitía a los bancos limitar voluntariamente las llamadas ejecuciones hipotecarias. En estas circunstancias es insensato disputarse el copyright. Y cruel, si nos ponemos en el lugar de las personas afectadas.

En el encuentro de ayer en Moncloa hubo entendimiento entre la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y la número dos del PSOE, Elena Valenciano. El mensaje concertado para los medios habla de “preacuerdo de fondo y de forma”. El fondo es la puesta en común del objetivo principal: atacar de raíz el problema con atención prioritaria a las familias más vulnerables, con hijos o mayores a su cargo. La forma es avenirse a utilizar la vía de urgencia mediante un decreto-ley o una ley tramitada por vía de urgencia.

El Gobierno quiere evitar el desahucio pero no hasta el punto de debilitar el mercado o trasladar el mensaje de que a partir de ahora ya se puede tener una vivienda sin pagar la hipoteca. Serán las rayas rojas a las propuestas socialistas

Como la sintonía del Gobierno con el principal grupo de la oposición no es habitual, vale la pena celebrar su acercamiento para tratar de poner fin a un drama social que afecta a unas 650.000 familias: las 400.000 ya desahuciadas desde el principio de la crisis y las 250.000 familias apercibidas de desahucio para fechas próximas. Detrás hay personas al borde del abismo. El abismo es el desamparo, la pérdida de la autoestima y la exclusión social. Cuestiones de mayor cuantía de las que no puede desentenderse el gobernante. No debe. No menos apremiantes que el subsidio de paro, el rescate a los bancos, las subvenciones a la minería, los estímulos al sector del automóvil, etc. Se entiende el argumento utilizado por los dirigentes socialistas cuando se refieren a las tres reformas financieras puestas en marcha por el procedimiento de urgencia. Más urgente es rescatar a las personas que por causas sobrevenidas no pueden pagar su deuda y quedan abocadas al desahucio.

Los retoques legales están por decidir. El lunes próximo habrá reunión de expertos. Tres nombrados por el Gobierno y tres nombrados por el PSOE. Irán articulando los contenidos de la reforma. El Gobierno quiere evitar el desahucio pero no hasta el punto de debilitar el mercado o trasladar el mensaje de que a partir de ahora ya se puede tener una vivienda sin pagar la hipoteca. Serán las rayas rojas a las propuestas socialistas, que pasan por la revisión de las condiciones, el alargamiento de los plazos, diversas modalidades de la dación en pago (posibilidad de seguir usando la vivienda), el arrendamiento social (un 1% o un 2% de la deuda pendiente en concepto de alquiler), moratoria en el desahucio mientras dura el proceso de renegociación extrajudicial de las condiciones, límites a los intereses de demora, trato especial a las familias con todos sus miembros en paro, trato especial –más exigente- en el caso de entidades financieras intervenidas o nacionalizadas, etc.

No va a ser fácil llevar todo esto al BOE. De momento, nos conformamos con saludar la decisión del Gobierno y el PSOE para librar juntos esta batalla contra esta forma de exclusión social.