Brotes verdes en la conciencia social de los españoles

Los desahucios han logrado el efecto llamada de la dignidad humana. Buena noticia. La sociedad no estaba tan anestesiada como parecía ante los efectos de la crisis económica. Bienvenido sea su inesperado ataque de solidaridad, pero ni banqueros, ni policías, ni jueces, ni políticos ni periodistas pueden apuntarse ahora el tanto ante las víctimas más vulnerables, que son carne de paro y de desahucio.

Si alguien tiene mérito de haber despertado a los poderes públicos son ciudadanos anónimos que han hecho de escudos humanos frente a los comandos bancario-judicial-policiales armados de documentos hasta los dientes en las ejecuciones hipotecarias por impago. De la generosidad de esas personas sólo movidas por la solidaridad, o la compasión, supimos por los telediarios a lo largo de estos últimos años. La escena se repitió cientos de veces. A un lado, los hombres de negro que, cumpliendo su deber como funcionarios, acudían acompañados del representante del banco a ejecutar. Al otro, personas convocadas por las organizaciones vecinales, el movimiento de los indignados y otras asociaciones expresamente creadas contra los desahucios.

Ahora cae la barricada y se suman a esa causa el juez, el policía y el gobernante. Lo tomo como la aparición de brotes verdes en la conciencia social de los españoles, aunque el precipitante haya sido la imagen de unos cuerpos cubiertos con una sábana a la puerta de su casa percutiendo sobre el sempiterno juego de las relaciones de poder. Me explico. Un banco puede arrepentirse de ejecutar un desahucio legal, o de guardar la orden en un cajón, para evitar que un cliente potente (un Ayuntamiento en este caso) le retire la cuenta. Un Gobierno puede apearse del dogma (las deudas se pagan) y abrazar de momento el pragma (según y cómo), si el malestar social por los desalojos le empieza a desestabilizar políticamente.

En el caso de los funcionarios se ha visto concernida su condición de servidores públicos. Ya no podían seguir mirando hacia otro lado. Las batas blancas, las togas y los uniformes se han sumado al clamor contra la degradación de lo público. Lo mismo que los médicos frente a las amenazas sobre la Sanidad, policías y jueces también se han comprometido hasta mancharse (Celaya en la memoria) cuando se trata de la dignidad humana. La Policía apela a la objeción de conciencia a la hora de intervenir en un desahucio. Y la Judicatura, a través de los 47 decanos, acaba de sentenciar en un documento contra la “lacra social” de los desahucios: “La Justicia está llamada a encabezar el discurso público contra la crisis”.

Que no cunda el pánico. Hay un límite que no puede desbordar la concertación del Gobierno con el PSOE, que hoy le da una vuelta más a las reformas legales orientadas a paliar esta tragedia social. Dos rayas rojas que ni el Gobierno ni el principal partido de la oposición van a pisar. La primera, mantener el principio de que las deudas son para pagarlas. La segunda, que las reformas no pueden acabar premiando a los incumplidores, como se temen los banqueros. Tranquilos. Hay margen para resolver el problema sin crear males mayores. Por la cuenta que les trae a ellos. Y a todos.