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Los defraudadores fiscales no acaban de dar la cara
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Antonio Casado

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Los defraudadores fiscales no acaban de dar la cara

El discurso clásico de la derecha española es más duro con quienes tienden a fragmentar el territorio que con quienes tienden a fragmentar la riqueza. Tal

El discurso clásico de la derecha española es más duro con quienes tienden a fragmentar el territorio que con quienes tienden a fragmentar la riqueza. Tal vez por eso se cierra con cierta sordina el proceso de amnistía fiscal abierto por el Gobierno Rajoy en la primavera de este año. Apenas una alusión de pasada en el discurso pronunciado ayer por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Foro del diario Sur de Málaga. La generosidad del Gobierno con los defraudadores ha sido menos rentable de lo previsto. No llega ni a la mitad. Lo previsto eran 2.500 millones de euros. Lo recaudado se queda en 1.200, equivalente a unos 12.000 millones que salen del armario y aceptan la regularización.

Calculen ustedes el número de defraudadores que han preferido rechazar la oferta del Estado, que consistía en cobrarles solamente una tasa del 10% a cambio de la solidaria incorporación de su dinero a la maltrecha economía nacional. No sé si son muchos o pocos. El peso de su dinero opaco equivaldría a más de un punto del PIB una vez convertido en base imponible. O, lo que es lo mismo, a un punto menos de ese déficit público cuya culpa estamos pagando todos, asalariados, autónomos, profesionales, clases medias, pensionistas, en forma de recortes a los servicios sociales y otros sacrificios. Por supuesto, incluidas las subidas de impuestos que el españolito de a pie paga religiosamente mientras el Gobierno premia a los incumplidores.

Ahora que le damos tantas vueltas a ese perseguidor de quimeras llamado Artur Mas, servidor añade que tan antipatriotas son los separatistas que quieren fragmentar el territorio español como los millonarios, tipo Díaz Ferrán, que con el fraude fiscal o la evasión de capitales, quieren fragmentar la riqueza nacional

Estamos antes una clara violación del mandato constitucional que obliga a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos según la capacidad económica de cada cual (artículo 31). Perdonar el fraude fiscal es una forma de incentivarlo. El Gobierno sabe que los grandes defraudadores apuestan por nuevas regularizaciones extraordinarias ante las evidentes dificultades de cumplir los niveles de déficit público comprometidos con Bruselas. Juegan a esperar una repesca en mejores condiciones para el afloramiento de dinero opaco. Y a estas alturas ya no sirve que el Gobierno prometa que no habrá amnistía fiscal en segunda vuelta. También prometió que no tocaría las pensiones, o que no subiría los impuestos. Por no insistir en la renuncia del Gobierno a aplicar con todas las consecuencias la normativa vigente, que ya contiene mecanismos de regularización sin llegar al perdón fiscal. Pero prefirió hacer la vista gorda ante los grandes defraudadores y no preguntarles siquiera por el origen de su dinero si a cambio pagaban un 10% de las cantidades afloradas.

Me siento incapaz de saber si la amnistía fiscal puede ser técnicamente beneficiosa para la economía. El ministro Montoro decía ayer que ha valido la pena porque “permite recaudar más” y “alcanzar el objetivo de déficit público”. Aún así, no deja de ser éticamente impresentable. Incluso legalmente. Un consejero del Poder Judicial, Gómez Benítez, llegó a calificar la amnistía fiscal del Gobierno Rajoy como “una lavadora de dinero sucio puesta en marcha a través del BOE”.

Ahora que le damos tantas vueltas a ese perseguidor de quimeras llamado Artur Mas, servidor añade que tan antipatriotas son los separatistas que quieren fragmentar el territorio español como los millonarios, tipo Díaz Ferrán, que, con el fraude fiscal o la evasión de capitales, quieren fragmentar la riqueza nacional. No es de recibo el trato deferente que se les dispensa mientras se impone el copago sanitario, se suprimen las ayudas a los dependientes, se recortan las becas de estudio y se ataca el poder adquisitivo de los pensionistas.

El discurso clásico de la derecha española es más duro con quienes tienden a fragmentar el territorio que con quienes tienden a fragmentar la riqueza. Tal vez por eso se cierra con cierta sordina el proceso de amnistía fiscal abierto por el Gobierno Rajoy en la primavera de este año. Apenas una alusión de pasada en el discurso pronunciado ayer por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Foro del diario Sur de Málaga. La generosidad del Gobierno con los defraudadores ha sido menos rentable de lo previsto. No llega ni a la mitad. Lo previsto eran 2.500 millones de euros. Lo recaudado se queda en 1.200, equivalente a unos 12.000 millones que salen del armario y aceptan la regularización.