Nadie quiere una sanidad pública en manos privadas

No cesa la llamada “marea blanca”, que es un movimiento de facultativos y pacientes empeñados en frenar el desahucio de la sanidad pública. Especialmente vivo es el brote madrileño, surgido al conocerse oficialmente un anexo a los Presupuestos de la CAM para 2013 que responde al nombre de “Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad Autónoma de Madrid”. Demasiadas palabras para decir algo tan sencillo como que se trata de poner la sanidad pública en manos privadas.

El miércoles por la tarde, en una nueva jornada de huelga, con crecientes visos de huelga indefinida, la marea llegó hasta las puertas de la Asamblea Regional, en Vallecas, como ya lo hiciera el martes frente a la Presidencia de la Comunidad, en la Puerta del Sol. Y, por primera vez, el encuentro poco amistoso de los manifestantes con las fuerzas antidisturbios acabó generando momentos de tensión. Sobre todo cuando se produjo la detención de uno de los manifestantes que, según la Jefatura Superior de Policía, agredió al agente que le cerraba el paso hacia el recinto oficial mientras dentro el presidente de la Cámara, José Ignacio Echevarría, suspendía momentáneamente la sesión.

Lo que pasa es que los madrileños votaron en las urnas a un determinado partido y a unos determinados políticos, no a tal o cual sociedad privada, para que gestionaran las prestaciones y el buen funcionamiento de los hospitales

Ese es el minuto y resultado del conflicto que ha puesto de acuerdo a colegios de médicos, sociedades científicas, gerentes de hospitales, sindicatos, usuarios y facultativos en general. Pero lo notable es este nuevo brote verde en la conciencia social de los españoles. Como los escudos humanos que se interponen entre las familias amenazadas de desahucio y los hombres de negro, como los indignados del 15-M o como los dependientes que hace unos días se manifestaban en las calles de Madrid contra los recortes que les afectan.

De recortes va también esta nueva forma de asalto al Estado del Bienestar. En el llamado Plan de Sostenibilidad, explicado con escasa fortuna por el consejero Fernández Lasquety, se propone un ahorro de 60 millones de euros mediante la externalización de servicios sanitarios y no sanitarios. Es decir, recorte puro y duro en los presupuestos dedicados a la sanidad pública en nombre de la austeridad. Quienes se oponen al plan piensan con lógica que si se recorta en el gasto se recorta en la prestación. Con más fundamento si la gestión del servicio público se pone en manos privadas. Es decir, sociedades o empresas con ánimo de lucro. Y ese es el quid de la operación puesta en marcha por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para privatizar la gestión de la asistencia sanitaria en seis hospitales.

Lo que pasa es que los madrileños votaron en las urnas a un determinado partido y a unos determinados políticos, no a tal o cual sociedad privada, para que gestionaran las prestaciones y el buen funcionamiento de los hospitales. Si se quiere que la sanidad pública pase a ser cliente de una empresa con ánimo de lucro, al menos debe advertirse previamente en el programa electoral. No es el caso del plan apadrinado por el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Además, la personalización del cargo, como se sabe, no salió de las urnas, sino de la voluntad de Esperanza Aguirre.