Los profesionales de la sanidad pública no se rinden

La marea blanca volvió ayer a las calles de Madrid. Buena noticia. Su causa en defensa de la sanidad pública es la causa de la inmensa mayoría de los españoles. Se ha ido viendo a medida que se evidenciaba el conflicto entre el Gobierno autonómico y los profesionales del sector desde que aquel anunciase la entrada de compañías privadas con ánimo de lucro en la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud. Si González y Lasquetty, presidente y consejero, creían que la mayoría absoluta del PP había dicho la última palabra el pasado 27 de diciembre (luz verde del Parlamento regional a la contratación de empresas privadas), han patinado. Los profesionales no les van a poner nada fácil su tentativa de que la asistencia sanitaria en hospitales de reciente construcción (inaugurados en 2008), que ahora está en manos públicas, pase a manos privadas.

“La lucha sigue” fue el lema de la manifestación de ayer que recorrió el centro de Madrid hasta la Puerta del Sol, sede del Gobierno y nicho fundacional de los indignados del 15-M, tras una gran pancarta: “La sanidad no se vende, ¡se defiende!”. El grito no nace de tal o cual partido político, sino de las distintas asociaciones de médicos, trabajadores y usuarios. Lo sabe bien Tomás Gómez, líder del PSOE regional, abucheado cuando hace un mes quiso unirse a los profesionales que se manifestaban a las puertas de la Asamblea Regional.

El sentido común aconseja la vía negociadora para alcanzar una fórmula de consenso que haga compatibles los objetivos de racionalización y ahorro en la gestión, propuestos por el Gobierno regional, con el mantenimiento del carácter público que reclaman los profesionales y la sociedad españolaEsos profesionales también hacen campaña en los hospitales, donde informan a los pacientes sobre el sentido de la misma. Ni más ni menos que la defensa de un patrimonio de todos los españoles. Lo explicaba ayer la portavoz de Afem (Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid), Mónica García, mientras anunciaba que hoy mismo presentarán su dimisión algunos directores de centros reacios a facilitar el aterrizaje de los gestores privados si finalmente llega a consumarse la operación privatizadora impulsada por el sucesor de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad.

El sentido común aconseja la vía negociadora para alcanzar una fórmula de consenso que haga compatibles los objetivos de racionalización y ahorro en la gestión, propuestos por el Gobierno regional, con el mantenimiento del carácter público que reclaman los profesionales y la sociedad española. El consejero de Presidencia, Salvador Victoria, se declara abierto a escuchar las propuestas de los profesionales “siempre que sean realistas y cuantificables”. El único precedente, como se sabe, se produjo hace dos o tres semanas cuando los representantes del Gobierno ni se molestaron en estudiar las propuestas de esos profesionales por una supuesta falta de rigor.

De momento, lo realista y cuantificable es que en los últimos diez años España ha saltado del séptimo al cuarto puesto del ranking mundial entre los países con mayor esperanza de vida (81,9 años), solo por detrás de Japón, Suiza e Italia. Creo que no hay mejor indicador respecto a la eficacia de un sistema sanitario público, universal y gratuito. Eso es lo que está en juego en la propuesta privatizadora del Gobierno madrileño, que maneja cifras de imposible verificación en orden a un más que dudoso mantenimiento de la calidad.