El ‘efecto Güemes’ reanima la marea blanca de Madrid

Un Güemes vale más que mil palabras. El fecundo viaje del exconsejero madrileño de Sanidad, Juan José Güemes, de lo público a lo privado, sin salirse del carril, gravitó ayer sobre la nueva marea de batas blancas que volvió a cubrir el centro de la capital al grito de “La sanidad no se vende, se defiende”. Esta vez el llamamiento era estrictamente sindical, pero las asociaciones de profesionales siguen al mismo lado de la barricada en defensa de una causa que, según se ha demostrado en estas últimas semanas, comparte el conjunto de la sociedad española.

Nadie lo hubiera dicho, pero lo cierto es que el exconsejero Güemes, firme partidario de los planes privatizadores en 6 hospitales y 27 centros de salud madrileños, después de haber pilotado en su día la privatización de los análisis clínicos (ahora se entiende), se ha convertido en un eficaz aliado de quienes se movilizan contra esos planes. El simple hecho de mencionar el curioso salto con red de lo público a lo privado es suficiente para recargar el ánimo de los agitadores profesionales, sindicales y corporativos en defensa de la sanidad pública.

Güemes no ha cometido ningún delito, que se sepa, pero su efecto mediático ha inflado las velas de quienes sospechan que los planes del Gobierno regional son una forma más de desviar dinero público a bolsillos privados

Los efectos reanimadores del efecto Güemes sobre la marea blanca de la sanidad en Madrid se hicieron sentir también en las reacciones de quienes desde el Gobierno regional defienden la gestión privada de la sanidad pública. En sentido contrario, naturalmente. Se han puesto muy nerviosos con las filtraciones sobre su compañero de partido, incluidas las que se refieren a una presunta alteración de la lista de trasplantes para favorecer a un familiar. Sirvan de ejemplo las declaraciones del presidente, Ignacio González, reduciendo lo de Güemes a un episodio banal de compra-venta de empresas. Las del consejero Lasquety, que valoran la manifestación de ayer como el resultado de una pelea entre sindicatos. O las del responsable de Sanidad del PP nacional, José Ignacio Echániz, inventándose que Rubalcaba es un paciente habitual de la sanidad privada (mentira y gorda) y deslizando una vez más la mentira de que en Andalucía se hayan privatizado hospitales.

Asistimos a una sucesión de acontecimientos que, en plena crisis económica, demuestran cómo la corrupción de los políticos se está haciendo cada vez más indigesta para la opinión pública. Lo de Urdangarín, el caso Pallerols, los ERE de Andalucía, las andanzas castellonenses de Carlos Fabra, Baltar, la Munat, Jaume Matas, etc. Todo eso ha potenciado el impacto del caso Güemes. No ha cometido ningún delito, que se sepa, pero su efecto mediático ha inflado las velas de quienes sospechan que los planes del Gobierno regional en materia de sanidad no son sino una forma más de desviar dinero público a bolsillos privados. En este caso, so pretexto de una mejora en la prestación del servicio público, algo que está por demostrar. Difícil de entender si asumimos que las compañías postulantes están acreditadas como entidades con ánimo de lucro y no como ONG forjadas en el secreto de la filantropía. Negociar con la salud de nos españoles no es lo mismo que negociar con lavadoras. A ver si nos aclaramos.