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El fiscal quiere llevar al banquillo a José Blanco
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Antonio Casado

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El fiscal quiere llevar al banquillo a José Blanco

No es habitual que un señalado miembro de la clase política renuncie al aforamiento si un juez se dispone a procesarle. En el caso del exministro

No es habitual que un señalado miembro de la clase política renuncie al aforamiento si un juez se dispone a procesarle. En el caso del exministro de Fomento y exvicesecretario general del PSOE, José Blanco, la secuencia está inacabada. Por ahora, sólo el fiscal sostiene que puede haber cometido un delito. Cuando lo haga un juez, mediante la correspondiente apertura del juicio oral, Blanco dejará el escaño. Llegado el caso, su enjuiciamiento correspondería al Tribunal Supremo por tratarse de un diputado, pero él ya ha anticipado su intención de renunciar al escaño, “sólo en el momento en que el juez decida abrir juicio oral”.

Es precisamente lo que presupone la comisión de un delito. Al tratarse de un aforado, la expresión del supuesto sería el suplicatorio del Tribunal Supremo al Congreso de los Diputados para poderlo juzgar. Nada de eso ha ocurrido todavía. Si ocurriese, Blanco daría un paso adelante frente al juez. Y, sobre todo, ante el Congreso de los Diputados. Sería el primero en reclamar de la Cámara la inmediata concesión del suplicatorio.

Blanco se pone a disposición de la justicia ordinaria sin privilegios de ninguna clase. Eso fue lo que dijo ayer en rueda de prensa. Con preguntas, naturalmente, a diferencia de lo que hacen otros señalados miembros de la clase dirigenteEl exministro se pone a disposición de la justicia ordinaria sin privilegios de ninguna clase. Eso fue lo que vino a decir ayer en rueda de prensa. Con preguntas, naturalmente, a diferencia de lo que hacen otros señalados miembros de la clase dirigente. Insisto: no es muy frecuente que un político haga un ejercicio de limpio sometimiento al fuero judicial si en ese ámbito se entiende que ha cometido un delito. Y Blanco lo ha hecho cuando más cerca le están pasando las astas del toro.

Me refiero a luz verde del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para que el Tribunal Supremo solicite del Congreso la correspondiente autorización para procesar al exministro de Fomento. Esa decisión se plasma en el escrito de 28 folios que ayer presentó el fiscal reclamando del juez que inicie los trámites ante el Alto Tribunal para poder sentar en el banquillo al exministro.

Únicamente por presunto delito de tráfico de influencias. De las valoraciones del fiscal se han caído ya los supuestos delictivos de cohecho y prevaricación, sobre los que ha venido trabajando durante estos últimos meses. De los supuestos trinques de Blanco en una gasolinera nunca más se supo. Pero las acusaciones del tal Dorribo a través de algún medio de comunicación dieron de sí lo suficiente para que ahora todo aquello se haya reducido a la construcción de una nave en el aeropuerto del Prat, autorizada por el alcalde de San Boi de Llobregat (Barcelona) con la supuesta intervención del entonces ministro de Fomento a favor de un empresario amigo.

Blanco sólo admite que pidió información sobre el caso y encontró razonable acelerar la realización la obra propuesta. Lo que ha negado, y ayer volvió a hacerlo, es que presionase o condicionase a quien, en definitiva, otorgó la concesión de la obra a favor del empresario José Antonio Orozco.

No es habitual que un señalado miembro de la clase política renuncie al aforamiento si un juez se dispone a procesarle. En el caso del exministro de Fomento y exvicesecretario general del PSOE, José Blanco, la secuencia está inacabada. Por ahora, sólo el fiscal sostiene que puede haber cometido un delito. Cuando lo haga un juez, mediante la correspondiente apertura del juicio oral, Blanco dejará el escaño. Llegado el caso, su enjuiciamiento correspondería al Tribunal Supremo por tratarse de un diputado, pero él ya ha anticipado su intención de renunciar al escaño, “sólo en el momento en que el juez decida abrir juicio oral”.