La exministra Álvarez y el palo a la Marca España

La propia instructora lo califica de “paso cualitativo”. Con los veinte de ayer ya aparecen imputados prácticamente todos los responsables del circuito oficial por el que discurría el dinero destinado a ayudar a trabajadores y empresas en apuros. Tendrán que explicar ante la juez Alaya, acompañados de procurador y abogado, cómo se malversaba una parte de esos fondos. Los veinte desempeñaban cargos cuya función les impide alegar desconocimiento, so pena de haber pecado por desidia, omisión o colaboración pasiva, en el mejor de los casos.

En la lista destacan la exministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y el actual viceconsejero de Presidencia de la Junta, Antonio Lozano. Cuando ocurrieron los hechos, la primera era consejera de Hacienda de la Junta (1994-2004) y máxima responsable de la normativa presupuestaria. El segundo, como director general de Presupuestos (2002-2009), habría tenido “una importante intervención en las modificaciones presupuestarias (las famosas transferencias) para el pago de las subvenciones sociolaborales”, según el auto de la juez.

A escala internacional, la Marca España y el mayor escándalo de la Andalucía socialista van a cruzarse en la imputación de Magdalena Álvarez. No es precisamente lo que más conviene en estos momentos. De acuerdo, pero cuando se trata de acabar con la corrupción también es Marca España el buen funcionamiento del Estado de DerechoSi señalo estos dos nombres es por su relevancia política. La exministra de Zapatero es ahora nada menos que vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, uno de los resortes que trata de mover el Gobierno de la Nación como reactivador del crédito a las pymes. A escala internacional, por tanto, la Marca España y el mayor escándalo de la Andalucía socialista van a cruzarse en la imputación de Magdalena Álvarez. No es precisamente lo que más conviene en estos momentos. De acuerdo, pero cuando se trata de acabar con la corrupción también es Marca España el buen funcionamiento del Estado de Derecho.

En cuanto al segundo de los señalados, Antonio Lozano, es en la actualidad viceconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía. Es decir, el número dos de Susana Díaz, la presunta heredera de Griñán, y un acreditado conocedor de la fontanería del Palacio de San Telmo. Es probablemente la mejor encarnación del riesgo político que viene rondando al presidente andaluz, en relación con el abochornante caso de los ERE falsos, y una clave añadida al hecho de que este se haya puesto fecha de caducidad en vísperas de las imputaciones conocidas ayer.

Del resto de las personas a las que se imputan actos punibles (artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), sólo cabe constatar que, en efecto, desempeñaban cargos en las áreas de Economía, Hacienda, Empleo e Intervención General, con Chaves antes y Griñán después en la presidencia. Sus funciones les obligaban a saber cómo, cuánto, cuándo, por qué y para qué se hacían las consabidas “transferencias de financiación” que luego se convertían parcialmente en el “dispendio continuado de fondos públicos” a favor de amigos, compañeros de partido, familiares o vecinos de escalera.

Ya se verá si fueron colaboradores necesarios de los principales sinvergüenzas de este caso o, por desidia en el ejercicio del cargo, se quedaron en el incumplimiento de las normas de ejecución presupuestaria. Lo inaceptable es la impunidad, tanto judicial como política. Aplíquese el caiga quien caiga. En este y en todos los asuntos de corrupción política que, por desgracia, están a la orden del día.