Alta tensión en el debate sobre el silencio de Rajoy

Ya les anuncié que la posición de Moncloa consistiría en justificar el silencio de Mariano Rajoy en la necesidad de no hacerle el juego a Bárcenas. Lo que no esperaba era una argumentación tan burda como la desplegada ayer tarde por el portavoz del PP en la Diputación Permanente del Congreso, donde quedó rechazada la unánime solicitud de comparecencia urgente del presidente del Gobierno tras las últimas revelaciones sobre el origen y uso de los dineros opacos que empresarios agradecidos entregaron al PP durante veinte años.

En un discurso que no pasará a la historia de la fineza verbal, Alfonso Alonso acusó al resto de partidos de estar apadrinando a un delincuente. Más fácil no se lo podía poner a los portavoces del resto de los grupos. El líder socialista, Pérez Rubalcaba, apostilló que, en todo caso “será un delincuente del PP”. Más a su izquierda, Gaspar Llamazares recordó que durante muchos años los dirigentes del PP han vivido “tan ricamente” de los sobres que les entregaba su delincuente. Y, en general, todos tiraron de hemeroteca para recordar cómo hasta no hace mucho tiempo en Génova 13 se arropaba elogiosamente a Bárcenas.

Rajoy ha preferido dejarlo para septiembre, a la espera de que se vaya calmando la tormenta de estos díasPara argumentar contra el intento de condicionar la vida política por parte de un sinvergüenza (“Han decidido ustedes apoyar su estrategia como autómatas”, dijo Alonso), no hacía falta recordar el escándalo de los ERE en la Andalucía socialista, las deudas de IU con la Seguridad Social, el pasado político de Rosa Díez o el traicionado catalanismo de Alfred Bosch (ERC) cuando cobra su sueldo de diputado en Madrid. Fue el prólogo del doble mentís a su compromiso con la transparencia. Primero, pidiendo a todas las fuerzas políticas, excepto la suya, que retirasen la petición de comparecencia de Rajoy. Y luego, votando en contra de la misma, como remate de una tensa sesión.

Aunque el partido del Gobierno está en su derecho de utilizar la aritmética electoral para imponer su forma de ver las cosas, ayer hizo un mal uso de su mayoría absoluta. La oposición tiene el derecho y el deber de fiscalizar políticamente al Ejecutivo. Y el Ejecutivo tiene el deber de aceptar el control de la Cámara como una de las tres grandes tareas que le asigna la Constitución (las otras dos, legislar y aprobar las cuentas del Estado). Y es el caso que el presidente del Ejecutivo lo es también de un partido en cuyo seno funcionó durante veinte años una trama corrupta, cuyos detalles escandalizan a la opinión pública y perjudican la imagen de España. Es perfectamente lógico, coherente y oportuno que la oposición parlamentaria pida explicaciones políticas al presidente y este sea el primer interesado en darlas.

Rajoy ha preferido dejarlo para septiembre, a la espera de que se vaya calmando la tormenta de estos días. O, en términos técnicos, hasta que sepa exactamente cuáles son las acusaciones. Es verdad que las judiciales, en lo que afecten al PP o le puedan afectar a él, sólo están formuladas en los medios de comunicación. Pero las políticas son notorias y ayer se volvieron a expresar por parte de quienes tienen el derecho y el deber de hacerlo: los representantes de la voluntad popular. Con el resultado conocido. Al usar la mayoría absoluta para blindar el silencio de Rajoy, el PP ha dado un mal paso. En mi opinión, claro.