Debate del 1 de agosto con riesgo de volver a las andadas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recuperado la iniciativa política que estaba de mano de su principal adversario, Pérez Rubalcaba, desde el órdago lanzado por este hace diez días (comparecencia o moción de censura, a elegir). Pero puede volver a perderla si de sus explicaciones sobre “algunos temas que preocupan a la opinión pública” salimos con la cabeza caliente y los pies fríos, mientras el líder del PSOE persiste en pedir su dimisión. Con un matiz: “Hemos pasado de pedir la dimisión del presidente del Gobierno a actuar para que dimita”, dice Rubalcaba.

Es puro voluntarismo pretender que la cita parlamentaria del 1 de agosto sobre el caso Bárcenas (en el edificio del Senado) se convierta en un debate sobre la “situación política y económica”, sólo porque sea la percha formal en la que el presidente cuelga su petición de comparecencia a petición propia. Los portavoces de los distintos grupos, excepto el PP, dijeron ayer que, aunque se titule así en el escrito registrado en la secretaría del Congreso, entienden que se trata de un monográfico sobre uno de los mayores escándalos de corrupción organizada de nuestra reciente historia. Y sería volver a las andadas que el presidente cometiese el error de hacer oídos sordos a las preguntas y las dudas que formulen los representantes de la voluntad popular. Si son “legítimas” las dudas de “muchos ciudadanos” (Rajoy dixit), ¿cómo no van a serlo las de sus representantes democráticos?

Sigue abierto el espinoso asunto de la financiación irregular, respecto a la que hay “indicios evidentes”, según la Audiencia Nacional. Ahí tenemos un campo indagatorio que desborda la palabra de Rajoy o la de Bárcenas. Y, por cierto, es el de más calado político

El presidente parte con una ventaja inicial: el crédito de su palabra frente a la de Luis Bárcenas en asuntos de afectación individual como la supuesta percepción de sobresueldos en negro cuando Rajoy era ministro de Administraciones Públicas. Pero sigue abierto el espinoso asunto de la financiación irregular, respecto a la que hay “indicios evidentes”, según la Audiencia Nacional. Ahí tenemos un campo indagatorio que desborda la palabra de Rajoy o la de Bárcenas. Y, por cierto, es el de más calado político: ¿jugó con ventaja el PP a lo largo de 20 años haciendo trampas por debajo de la mesa?

Esa duda “legítima” de los ciudadanos y sus representantes elegidos en las urnas no va a desaparecer porque se repita hasta la saciedad que el Tribunal de Cuentas siempre controló la financiación del partido (la confesable, por supuesto), porque en el debate se quiera dejar al margen la condición de líder del  PP que adorna al compareciente o porque se nos recuerde, como ayer hacía la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, que la palabra de Bárcenas vale cero. Todo eso ya lo sabemos. Pero sigue planeando la duda “legítima” de si los distintos responsables del PP a lo largo de 20 años, incluido el actual presidente del Gobierno, conocían o no lo que ocurría en el despacho de su cajero, uno más de los habilitados en la sede nacional del PP (Génova, 13, Madrid) para uso de sus dirigentes.