Madrid: basuras privatizadas

La huelga de la limpieza urbana de Madrid, que ayer cumplió una semana, es la metáfora perfecta de la externalización de los servicios públicos como burladero del gobernante. Se preguntan los madrileños si también la propia huelga habrá sido privatizada en aras de la eficiencia y la fe en el mercado. Pónganse ustedes en el lugar de los ciudadanos. Les queda el derecho al pataleo y poco más, amén del recurso a la blasfemia, que sirve de desahogo pero no redime de nada. Ningún otro derecho puede rescatarle del estado de necesidad creado por el avance de la basura, salvo el de tomarse la molestia de identificar al responsable o responsables de la situación. Ahí estamos.

Las cosas no ocurren por casualidad. Alguien estará haciendo mal las cosas si el resultado es el maloliente espectáculo de las basuras esparcidas por la vía pública y la imagen cenicienta de la capital de España. Sabemos que se trata de un conflicto laboral (rechazo sindical de los anunciados despidos) entre los trabajadores y las tres empresas privadas que se ocupan del servicio por concesión del Ayuntamiento madrileño. El resultado es que siguen pasando los días y nadie retira las basuras.

La pregunta es retórica, por supuesto, pero centra el fondo del asunto: ¿deberían los madrileños acudir en manifestación a las sedes de las empresas concesionarias por incumplimiento de contrato o deberían pedir cuentas a los asalariados que sueltan la escoba como medio de presión en la negociación del anunciado ERE (expediente de regulación de empleo)?

El fenómeno de la externalización de los servicios públicos (en Madrid también la Sanidad, si los tribunales no lo impiden) vacía de sentido el papel del gobernante

Ninguna de las partes en conflicto ha contraído compromiso alguno con los madrileños. No directamente. Las empresas se han comprometido por contrato con el Ayuntamiento en el marco regulador de las concesiones administrativas y los trabajadores han hecho lo propio con las empresas en el marco legal de las relaciones laborales. ¿Y quién se ha comprometido con el ciudadano madrileño a retirar las basuras a cambio de las correspondientes tasas? Esa es la pregunta que se impone en estas circunstancias e invita a cavilar sobre el sentido de la política: el cultivo permanente de una relación viva entre gobernante y gobernado. No sólo a la hora de las urnas.

El fenómeno de la externalización de los servicios públicos (en Madrid también la sanidad, si los tribunales no lo impiden) vacía de sentido el papel del gobernante. Lo elegimos en las urnas en la creencia de que responderá ante los ciudadanos si no hace bien sus deberes. Al municipio, por ejemplo, le toca conseguir unas calles libres de basuras y se compromete a mantener limpia la ciudad. Pero no hemos adelantado nada con elegir a fulanito o a menganita si el alcalde, o la alcaldesa, puede alegar que el problema no es del Ayuntamiento, sino de la concesionaria, de sus trabajadores o de los sindicatos.

Y la verdad es que formalmente tiene razón. En el caso que nos ocupa, Ana Botella alega que el conflicto no va con ella (que no le compete, ha dicho) y, ya de paso, ciertos representantes de la derecha furiosa pueden sostener seriamente que la culpa es de los sindicatos, que están actuando como brazo ejecutor del PSOE para amargarles la vida a los madrileños. Con un par.