Prestige: una sentencia, un insulto

Las sentencias son para acatarlas, pero el acatamiento no deroga la indignación. Y la indignación grita que el fallo del tribunal por el caso del Prestige es un insulto a los gallegos y al resto de los españoles. Una bofetada con carácter retroactivo a los miles de voluntarios que acudieron al rescate de las playas a cambio de nada, sólo por amor a la vida, al mar, a la tierra. Acaban de saber que nadie es culpable de la mayor catástrofe ecológica en la historia de España.

Qué barato le ha salido a los dueños del petrolero matar tanta vida en el mar, atentar contra la economía gallega y enmerdar la costa con aquel vertido televisado –los “hilillos” de Rajoy– que te hacía llorar durante las interminables semanas de lucha contra el chapapote. Si no fue la ira de los dioses, si no fue un capricho de la naturaleza, ¿entonces quién o quiénes son responsables del vertido al mar de 77.000 toneladas de fuel ruso, frente a las costas de Galicia? Respuesta: la culpa fue de “un fallo estructural, cuyo origen nadie ha precisado”.

Once años, y nueve meses de juicio, ha necesitado este tribunal gallego, después de la ‘marea negra’ que enguarró 1.700 playas, más de 2.000 kilómetros de costa (portuguesa, española y francesa), para llegar a la conclusión de que lo único reprobable en la gestión de aquel escándalo medioambiental, económico, social y político, fue la puntual desobediencia del capitán, Apostolos Mangouras, cuando las autoridades le ordenaron remolcar el barco para alejarlo de la costa. Total, nueve meses de prisión, de los que ya ha cumplido tres y no tendrá que cumplir más por razones de edad (con 76 años nadie es encarcelado). La sentencia ni siquiera le endosa tipo alguno de responsabilidad civil. Ni a él ni a los otros dos procesados.

Ahí terminan las responsabilidades de los tres. Los otros dos quedan absueltos. Limpios de polvo y paja: el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoyulos, y el entonces director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, el representante de la Administración. De él para arriba no pasó el celo indagatorio de la Justicia, aunque en política como en la mar, como todo el mundo sabe, donde hay patrón no manda marinero.

No hubo imprudencia. No hubo actuaciones dolosas. Si acaso del capitán, por desobediente. Ni del capitán, aparte de eso, ni del jefe de máquinas del petrolero, ni del representante del Gobierno: “La Administración no provocó la catástrofe sino que la gestionó con profesionalidad”. Los tres son inocentes del presunto delito medioambiental, pero a ver quién convence a los españoles de que en Galicia no hubo ninguna catástrofe ecológica en noviembre de 2002. A la vista de la sentencia, lo habremos soñado. Ustedes mismos.