Burgos: vecinos en pie de guerra

La cólera vecinal del populoso barrio burgalés expresa algo más que una discrepancia urbanística. Es ruido de cacerolas. Aunque no le da el tamaño para ser una protesta a la griega, sobra como enésimo síntoma del malestar ante los efectos devastadores de la crisis en las capas sociales más débiles. Es la estirpe de quienes en su día repoblaron el barrio de Gamonal por efecto llamada de los famosos polígonos industriales del franquismo. La eventual conversión de la avenida de Vitoria en bulevar con aparcamiento subterráneo es el pretexto, el ya está bien, la gota que colma el vaso de unas gentes muy tocadas por el paro, la aversión a los políticos y las penalidades para llegar a fin de mes.

Es poco creíble el alcalde, Javier Lacalle, cuando sostiene que ha habido suficiente diálogo con los vecinos antes de iniciarse las obras. Lo hubo en tiempos del alcalde Juan Carlos Aparicio, que desistió de llevar a cabo un proyecto similar. Sin violencia y sin detenidos. Sencillamente, por la oposición vecinal detectada en un diálogo previo. Pretender que lo ha habido ahora no se compadece con la contundencia expresada por los vecinos a lo largo del pasado fin de semana, que acabó con 13 heridos y 40 detenidos. Ni con las explicaciones de los portavoces de la protesta, que niegan el interés del Ayuntamiento por escucharles. Una vez más se repite el síndrome del ordeno y mando.

La gente ya está muy escamada y, quien más quien menos, piensa que detrás de un benemérito proyecto para hacer más habitable un entorno urbano siempre hay alguien dispuesto a redondear su patrimonio con cargo a la caja común

Dos son las razones esgrimidas en la protesta vecinal, que ayer siguió bloqueando las obras. Una, la inoportunidad: los habitantes de un barrio tan castigado por la crisis tienen unas necesidades bastante más apremiantes que el soterramiento de la calle Vitoria. Otra, la conversión de los espacios de aparcamiento libre (la doble fila es un clásico en este barrio) en espacios de aparcamiento subterráneo sólo al alcance de las pocas familias que puedan pagar los 19.000 euros que costará el uso de cada plaza durante 40 años.

Las dos razones entrecruzadas nos remiten a la reciente memoria del dinero público que, so pretexto de embellecer el entorno con obras innecesarias, fue malversado en los años de bonanza a mayor gloria del gobernante municipal o autonómico de turno. En esa memoria del boom inmobiliario alimentado con el dinero de todos están cosidos muchos de los escándalos que han colocado a la corrupción en la segunda preocupación nacional (después del paro).

O sea, que la gente ya está muy escamada, muy harta y, quien más quien menos, piensa que detrás de un benemérito proyecto para hacer más habitable un entorno urbano y mejorar la calidad de vida de sus vecinos siempre hay alguien dispuesto a redondear su patrimonio privado con cargo a la caja común. Un dinero público que probablemente estaría mejor empleado en atender necesidades mucho más apremiantes de los 60.000 habitantes de Gamonal.

Mala conciencia deben tener los equipos del alcalde Lacalle, secundados por el número dos del ministerio del Interior, Francisco Martínez, cuando reducen la cólera de los vecinos a un episodio de guerrilla urbana protagonizado por grupos expresamente venidos de otros lugares de España con el objetivo de sembrar el caos. Una vez más, nos toman por idiotas. Y desplegando más policías antidisturbios no se va a arreglar. Más bien al contrario. Ojalá no haya que lamentar males mayores tras la decisión de continuar bloqueando la entrada de maquinaria y trabajadores, tomada ayer por los vecinos en asamblea.