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La seguridad, privatizada
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Antonio Casado

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La seguridad, privatizada

Ni en sueños habríamos imaginado a una diputada de Amaiur (coalición próxima a los objetivos políticos de ETA), Onintza Enbeita, defendiendo el fuero institucional y profesional

Ni en sueños habríamos imaginado a una diputada de Amaiur (coalición próxima a los objetivos políticos de ETA), Onintza Enbeita, defendiendo el fuero institucional y profesional de los Cuerpos de Seguridad del Estado frente a unos “matones de discoteca jugando a policías”. Como lo oyen. No muy distinto de lo dicho por la portavoz de ERC (republicanos e independentistas catalanes de izquierdas), Teresa Jordá, asimismo partidaria de que sean los poderes públicos, “y no fascistas con una chapa”, quienes se ocupen de mantener el orden y cuidar de nuestra seguridad. Si no me creen, miren las crónicas de la sesión de ayer en el Congreso de los Diputados, donde quedó lista para el BOE la nueva Ley de Seguridad Privada.

Con menos estridencias verbales e igualmente opuestos a abrir el campo de actuación de las compañías privadas de seguridad (1.400 en toda España) y la ampliación de competencias a sus “vigilantes” (80.000), se mostraron los representantes del PSOE, Izquierda Unida y UPyD. Estas fuerzas políticas se han venido empleando a fondo durante la tramitación del proyecto. Se temen, con razón, que la nueva ley puede llevarse por delante el viejo principio democrático de al Estado le toca ejercer el monopolio de la violencia cumpliendo y haciendo cumplir la ley.

El adiós a la ley vigente desde 1992 abre excelentes oportunidades de negocio a las compañías privadas de seguridad, últimamente alicaídas con la desaparición del supuesto terrorista y el desplome en la demanda de 'escoltas'

No ven por ninguna parte ese riesgo los partidos que ayer unieron sus votos en apoyo de la ley. También es para reflexionar que el PP, patrocinador parlamentario del texto remitido por el Gobierno Rajoy, haya coincidido con los nacionalistas catalanes (CiU) y parcialmente con los vascos (PNV) en respaldar un peligroso paso hacia la privatización de la seguridad ciudadana. Porque sólo así cabe interpretar que los vigilantes dejen de actuar en régimen de “subordinación” a los agentes públicos y empiecen a actuar en régimen de “coordinación”.

A partir de ahora esos vigilantes (empleados de empresas con ánimo de lucro, ojo al dato) podrán actuar en espacios públicos cuando hasta ahora sólo podían hacerlo en recintos privados, pararnos, identificarnos, cachearnos, hacer tareas de vigilancia en las cárceles, prevenir “actuaciones contrarias a la ley”, detener en caso de “delito flagrante”, etc. Si cruzamos estas novedades con la suavización de las condiciones para ser contratados en una empresa de seguridad, la preocupación se dispara. Entre otras cosas, desparece la estricta exigencia de ser ciudadano español. O la de estar libre de antecedentes penales, que se mantiene únicamente en el caso de delitos dolosos.

En aras de la pulsión privatizadora que anima a este Gobierno, el adiós a la ley vigente desde 1992 abre excelentes oportunidades de negocio a las compañías privadas de seguridad, últimamente alicaídas con la desaparición del supuesto terrorista y el desplome en la demanda de “escoltas”. La nueva ley les regala con muchos años de retraso la famosa doctrina Ansuátegui, aquel viejo delegado del Gobierno en Madrid que se hizo famoso por la frase “el que quiera seguridad que se la pague”. Habida cuenta que los Cuerpos de Seguridad del Estado están cada vez peor dotados en medios materiales y humanos, nadie debe sorprenderse si para organizar ciertos eventos (fiestas del barrio, maratones, marchas de protesta…) va a acabar siendo obligatoria la contratación de seguridad privada por parte de los organizadores.

Quedamos a la espera de los reglamentos que, por cuenta del Ministerio del Interior, deben desarrollar la ley que hoy aparece en el BOE.

Ni en sueños habríamos imaginado a una diputada de Amaiur (coalición próxima a los objetivos políticos de ETA), Onintza Enbeita, defendiendo el fuero institucional y profesional de los Cuerpos de Seguridad del Estado frente a unos “matones de discoteca jugando a policías”. Como lo oyen. No muy distinto de lo dicho por la portavoz de ERC (republicanos e independentistas catalanes de izquierdas), Teresa Jordá, asimismo partidaria de que sean los poderes públicos, “y no fascistas con una chapa”, quienes se ocupen de mantener el orden y cuidar de nuestra seguridad. Si no me creen, miren las crónicas de la sesión de ayer en el Congreso de los Diputados, donde quedó lista para el BOE la nueva Ley de Seguridad Privada.

CiU PNV Izquierda Unida