Vivienda digna sin patada a la puerta

El frustrado realojo de las veintidós familias expulsadas por orden judicial de un edificio propiedad de Ibercaja (corrala “La Utopía”, en Sevilla), después de dos años de "okupación”, ha sembrado la discordia en el seno de la Junta de Andalucía, gobernada por una coalición de izquierdas (PSOE-IU) bajo la presidencia de la socialista, Susana Díaz. A la espera del desenlace de la crisis, importa destacar el fondo del asunto: la colisión de las leyes con los anhelos de justicia social.

La crisis interna en el Gobierno andaluz es relevante no tanto por su repercusión política, sino por el nada anecdótico choque entre las razones humanitarias esgrimidas por la consejera de Vivienda, Elena Cortés (IU), y las razones legales de la Presidencia para retirarle las competencias, según el decreto firmado ayer por Susana Díaz. La letra y el espíritu del mismo vienen a reprobar la decisión unilateral de adjudicar viviendas sociales a las familias afectadas sin respetar los procedimientos reglados. Por ejemplo, saltarse a la torera una lista de espera.

La mejor campaña de sensibilización con la que podíamos soñar quienes creemos que las penurias económicas de una familia no es razón suficiente para mandarla a vivir debajo de un puente o empujar a sus miembros hacia la exclusión social

Cada quien tendrá a bien ponerse de parte de la presidenta o de parte de la consejera, en razón de sus personales referencias morales, legales o políticas, pero si de verdad estalla una crisis en el Gobierno de coalición andaluz (PSOE-IU) será la mejor campaña de sensibilización con la que podíamos soñar quienes creemos que las penurias económicas de una familia no son razón suficiente para mandarla a vivir debajo de un puente o empujar a sus miembros hacia la exclusión social. Por razones humanitarias, por supuesto. Y también por razones legales. El imperativo está inscrito en el sentir colectivo de la sociedad española y en el texto de nuestra Constitución: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”.

La Junta de Andalucía dispone de un parque público de viviendas sociales y siempre se tomó en serio la creación de condiciones a fin de que las familias en riesgo de exclusión puedan acceder a una vivienda digna. Aunque no mediante una patada en la puerta o sin atenerse a las “normas pertinentes”, de las que habla el texto constitucional. El problema es que la Consejería de Vivienda, en manos de IU, donde se fraguó el famoso decreto antidesahucios (función social de la propiedad pero debidamente regulada), actuó arbitrariamente al entregar las llaves de otras tantas viviendas públicas, en distintos barrios sevillanos, a veintidós familias de las que al menos diecinueve no estaban apuntadas en el registro de demandantes (lista de espera) ni técnicamente valoradas “en riesgo de exclusión social”.

Se podría haber creado un mal precedente en relación con el incumplimiento de los reglamentos establecidos. Entiende la Junta, tal y como explicó ayer su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, que se han saltado las normas vigentes en la adjudicación de viviendas públicas, incluso hasta el punto de una presunta actitud “prevaricadora”, por lo que ha decidido retirar a IU las competencias en materia de adjudicación de viviendas, que pasan a la Dirección General del Patrimonio. De momento.