Un impuesto a los parados

Electoralista o no, bajar impuestos supone mejorar la capacidad de consumo del ciudadano y, a partir de ahí, desencadenar una secuencia beneficiosa para el crecimiento. Por lo tanto, para el empleo. En teoría. Pero los efectos económicos de estas medidas son inciertos. Se basan en una apuesta: “Estamos convencidos de que va a mejorar la actividad económica”, ha dicho Rajoy. Y en las apuestas se gana o se pierde. Dicho sea, sobre todo, en relación con la batalla contra el déficit público, que precisa de gastar menos e ingresar más. No está nada claro que, en las actuales circunstancias, bajar impuestos suponga aumentar la recaudación.

Tiempo al tiempo. Otra cosa es la dimensión social. Si no están mal hechas las cuentas, la llamada reforma fiscal del Gobierno pondrá en el bolsillo de los mileuristas 12 euros más al mes. En eso consistirá para ellos la rebaja en el IRPF. Es lo que el Estado dejará de cobrarles a fin de mejorar su poder adquisitivo. Si llevamos el ejemplo a un ciudadano que gana 20.000 euros al año, dispondrá en su bolsillo de 22 euros más cada mes. No es mucho, la verdad. Pero, ojo, si saltamos a un sueldo anual de 150.000 euros anuales, este afortunado ciudadano dispondrá de 270 euros mensuales. Con ese poderío no van a cambiar ni mucho ni poco sus hábitos de consumo. Es decir, más rebaja fiscal al que menos lo necesita y menos al más necesitado.

Aquí cuadra lo de que por sus reformas los conoceréis. Véase ese viaje fiscal que le manda el ministro Montoro a los trabajadores que acaban de ser despedidos y que, so pretexto de evitar abusos, tendrán que retratarse según la indemnización recibida. En vez de perseguir el fraude, o los abusos, que pasen por la ventanilla de Hacienda. Si eso no es un impuesto al parado, se le parece mucho. Algo sin precedente en la reciente historia de nuestro país. Y es que el poder se retrata ideológicamente cuando hace reformas. Si la reforma es fiscal, con más razón, porque estamos hablando del mejor instrumento al servicio de justicia redistributiva y cohesión social.

Como vemos, la injusta estructura fiscal no se altera en absoluto con esta mal llamada “reforma”. Se trata en realidad de una bajada general de impuestos directos (IRPF y sociedades, básicamente), que no compensa en absoluto la subida decretada a principios de 2012, aquella que reventó las promesas electorales del PP y se cebó en copagos y tasas para las capas más débiles de la sociedad. En todo caso, la bajada de ahora no saca de pobres a los que menos ganan, pero sí supone una sensible rebaja fiscal para las rentas del trabajo más altas.

Como de costumbre, el gobernante reparte la carga fiscal –a la baja en este caso, pues viene un año electoral– entre los que, más o menos, de forma más o menos injusta, han pagado, pagan y seguirán pagando religiosamente sus impuestos (clases bajas y medias), mientras que, por desgracia, los poderes públicos vuelven a olvidarse de los que no pagan, los defraudadores, los virtuosos de la ingeniería fiscal, los evasores, los tramposos, los discretos devotos de la economía sumergida cuyo destape significaría la abolición del déficit público y aún sobraría para devolverle la vida a la economía nacional.

Pero, ya digo, el Gobierno prefiere una electoralista bajada de impuestos, que además supone un regalo fiscal para las rentas más altas y las grandes compañías, en vez de dedicarse a tapar los agujeros del sistema fiscal, por los que se escapan sin pagar, o pagando menos de lo que deben, los grandes patrimonios y las grandes corporaciones empresariales. Este Gobierno, en fin, que en su día dictó una vergonzosa amnistía fiscal para los grandes defraudadores deja pasar de nuevo el tren de una verdadera cruzada contra el fraude fiscal y nos dice que, como mucho, se publicarán listas de morosos, que no de defraudadores.