Esa Infanta empapelada

En uno de sus autos dejó escrito el juez Castro que por interrogar a la hija del Rey no iban a temblar los pilares del Estado de derecho. Justo. Tampoco temblarán si la infanta Cristina acaba respondiendo ante un tribunal por una conducta presuntamente delictiva. Al revés. Será una prueba visible de que los pilares del Estado de derecho están muy sanos.

Con la ratificación del juez en las imputaciones por dos delitos fiscales y uno de blanqueo de capitales, castigados con 16 años de cárcel en el peor de los supuestos, se reabre la polémica sobre los argumentos que llevan al instructor a insistir en que hay “indicios suficientes” para juzgar a la infanta junto a su marido, Iñaki Urdangarin, y catorce personas más implicadas en el llamado caso Nóos.

Somos muy amigos de elevar lo anecdótico a categoría. Y de confundir el comportamiento del individuo con el de la institución que representa. En este caso, la Corona. No faltan quienes valoran la reprobación de doña Cristina, en base al relato de José Castro, como parte de una conjura antimonárquica. El propio juez está sufriendo las consecuencias de esos ataques de contrariedad. En público hablan de respeto a su independencia y en privado le acusan de narcisismo profesional.

Los reproches a la Infanta están ahí. Por un lado, los judiciales, perfectamente expuestos en el auto conocido ayer (transformación de procedimiento abreviado). Por otro, los de carácter moral, en boca de la gente de a pie, sin perjuicio de lo que finalmente ocurra en el plano técnico. De momento, estamos pendientes de los recursos (fiscal y abogacía del Estado, con toda probabilidad) y obligados a respetar la presunción de inocencia.

Es aberrante afirmar con desparpajo que la Infanta ya ha sido condenada, aunque no lo es tanto en el plano ético y estético, so pena de considerar aberrante excluir a la Infanta de la foto y de la agenda oficial de la familia, según decisión tomada en su día por Zarzuela. Ya me contarán ustedes si eso no es una condena en toda regla por consideraciones éticas y estéticas, en relación a su comportamiento individual y el de su marido. La institución está por encima. A pesar de los desperfectos que ha sufrido su imagen, la Corona acaba de superar un proceso sucesorio con normalidad, incluso con notable éxito de crítica y público, la demanda abolicionista es minoritaria, e incluso las encuestas ya reflejan una cierta recuperación de la imagen de la Monarquía después de la reciente proclamación de Felipe VI.

Por tanto, se puede hacer una profesión de fe en el futuro de la monarquía parlamentaria con la misma firmeza que se puede sostener la cooperación de la Infanta en las conductas delictivas de su marido, que ella misma puede haber incurrido en comportamientos contemplados en el Código Penal, su falta de pudor al negar las evidencias o el reproche a su famosa excursión por los cerros de Úbeda del pasado febrero en los Juzgados de Palma.

Con la presentación de los previsibles recursos al auto de ayer, la pelota queda los pies de la Audiencia de Palma. Entretanto, los ciudadanos tienen derecho a emitir su parecer en el plano moral. La esposa de Urdangarin es una mujer de su tiempo, licenciada en Ciencias Políticas y máster en Relaciones Internacionales. Sin embargo, alega ignorancia respecto a los negocios de su marido y de la propia sociedad familiar (Aizoon, la caja registradora familiar del instituto Nóos), dice que firmaba sin mirar lo que Urdangarin le ponía delante y no sabía que hacía gastos personales como si fueran gastos de explotación. Por no tomarla por lela, el juez Castro ha preferido dejarla por mentirosa. Así sale ganando la Infanta, pero empapelada.