El Gobierno, apedreado en el Congreso

Las pedradas lanzadas ayer contra el Gobierno y su terminal parlamentaria son del siguiente calibre: “engendro legislativo”, “secuestro de la democracia”, “farsa”, ”burla”, “trágala”, “ilegal”, “cacicada”, “insultante” “deleznable”, “tramposo”, “abuso de poder”, “vergüenza”, “tropelía”, etc. Es el recibimiento dispensado por todos los grupos, excepto el PP, al Real Decreto de Medidas Urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia, alumbrado en el Consejo de Ministros del viernes pasado.

Las razones del malestar –justo, lógico, previsible– son las prisas. Y el uso indebido de un procedimiento legislativo reservado a decisiones de “extraordinariay urgente necesidad”(artículo 86 de la CE). Es imposible encajar en ese supuesto un “decretazo” con 150 variopintas medidas que obligan a modificar veinticinco leyes. Los grupos disponen de apenas cuarenta horas para hincar el diente a los doscientos folios, pues el PP ha empeñado su mayoría absoluta en conseguir su convalidación en pleno extraordinario. La votación se efectuará mañana. De ahí la sonada rebeldía de los demás representantes de la soberanía nacional durante una tensa reunión de la Diputación Permanente del Congreso (versión reducida de la Cámara en periodo de vacaciones parlamentarias).

El sobrecargado caballo de Troya puede reventar al confundir el hemiciclo con el hipódromo. La portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, ya anuncia recurso ante el Tribunal Constitucional al que se sumaría el resto de los grupos. No salen de su asombro ante esta descarada malversación de una fórmula legislativa pensada exclusivamente para cuestiones apremiantes. Y así el Gobierno hace lo contrario de lo que predica sobre regeneración democrática. No es esta la forma de acercar a los ciudadanos al trabajo de sus representantes.

A las pruebas me remito. En los 15 minutos de los que dispondrá mañana cada grupo es de todo punto imposible fijar una posición única respecto a 150 medidas diferentes que afectan a nueve ministerios distintos. Ya se nos explicará en Moncloa, o en Génova, cómo un solo miembro del Gobierno (la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, previsiblemente) puede responder por los ministros afectados en asuntos tan diferentes entre sí como la reforma fiscal, la privatización de aeropuertos, la regulación de los drones,la contratación indefinida de jóvenes, impuesto a los depósitos bancarios, reforma del registro mercantil, horarios comerciales, etc.

De cara a la sesión de mañana no se descarta el plante de alguno de los grupos. El PNV, por ejemplo, podría abstenerse de participar en el debate que, según su portavoz Aitor Esteban, “es una burla al Parlamento”. Soraya Rodríguez (PSOE) dice que “el Gobierno ha pisado de nuevo la línea roja al abusar de su mayoría absoluta”. Sánchez Llibre (CiU) y Martinez Gorriarán (UPyD) ven un nuevo ejemplo de que “el Ejecutivo impide al Parlamento desarrollar su tarea”. Para José Luis Centella (Izquierda Plural) “el Gobierno pone a la democracia en estado de excepción”. Y así sucesivamente.

Sólo el portavoz del PP, Alfonso Alonso, lo tiene claro: “Esto tiene que entrar en vigor, ya”. Dicho y hecho. Pero creo que mañana será un mal día para el principio de separación de poderes.