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Una fortuna al servicio de la patria
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Antonio Casado

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Una fortuna al servicio de la patria

En el principio fueron una misma cosa, según Pujol padre. Su fortuna y la causa del soberanismo. Siempre dedicó su recursos a la causa de Cataluña, a 'fer país'

En el principio fueron una misma cosa, según Jordi Pujol padre. Su fortuna y la causa del soberanismo. Todo por la patria, como seguramente aprendió al jurar bandera antes de convertirse en alférez provisional del Ejército español (Milicias Universitarias). Ni quito ni pongo. Lo expresó con bastante claridad el viernes pasado al aclarar que siempre dedicó su recursos a la causa de Cataluña (literalmente, a “fer país”).

La senda del razonamiento lógico depara conclusiones incómodas respecto al desenlace de la operación que apadrinaba el heredado (fundador del nacionalismo catalán en el post-franquismo) y pretende culminar el heredero, Artur Mas, su criatura política, con la reciente convocatoria de una consulta presuntamente inconstitucional. Sobre la premisa de que la operación echó a andar con los recursos del otrora molt honorable, sentada por él mismo en sede parlamentaria, va a ser irremediable que la gente relacione los orígenes fundacionales de la causa con los de la fortuna de Pujol. Sabemos mucho de la gestación de la causa política y muy poco de los recursos aportados por el fundador. En realidad, las sospechas policiales y judiciales sugieren que la causa beneficiada de esos recursos no fue la de la patria, sino la de la familia, como se deduce de los indicios de corrupción que se acumulan ya en cuatro juzgados diferentes.

Y en este punto también es inevitable constatar que fue su partido, Convergència Democràtica de Cataluña, punta de lanza del vigente desafío al Estado, el que arropó al fundador en su comparecencia del viernes pasado. Si desvergonzada fue la intervención de Jordi Pujol (la soberbia de las vírgenes ofendidas, puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro…), patética fue la del portavoz de CDC, Jordi Turull, el único en apreciar que aquello había servido para saber más de lo que sabíamos. Por obediencia debida, claro.

Sabemos mucho de la gestación de la causa política y muy poco de los recursos aportados por el fundador. En realidad, las sospechas policiales y judiciales sugieren que la causa beneficiada de esos recursos no fue la de la patria, sino la de la familia

No se me ocurre otra forma de afrontar el doble reto informativo del fin de semana. Si el president instrumentalizó la convocatoria del consabido referéndum del 9-N, firmándola cinco minutos después de los alardes de prepotencia y mentira desplegados por el expresident, todos quedamos autorizados para explorar las relaciones entre la fortuna clandestina de los Pujol y el desafío al Estado que su criatura política está a punto de consumar. Artur Mas firmó el sábado su llamamiento a votar el 9 de noviembre sobre los ecos de la comparecencia del viernes. Es el último paso “legal” (el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado) en el intento de reventar los principios de integridad territorial y soberanía nacional única e indivisible sobre los que se asienta el Estado español. Por eso se han activado los mecanismos legales en el ejercicio de su legítima defensa. A eso responde la reunión en Moncloa del brazo ejecutivo de un Estado que se resiste a colaborar en su propia voladura pero no a frenar el despropósito ya perpetrado con la luz verde del Parlament a la llamada ley de consultas y la convocatoria del 9-N.

Armas legales no le faltan. Están sobre la mesa del Consejo de Ministros de hoy. Las de carácter instrumental están en la Constitución. La principal es el artículo 161, que habilita al Gobierno de la Nación para impugnar decisiones autonómicas ante el Tribunal Constitucional. El fondo es doctrinal y nos remite a los dos primeros artículos de la Constitución, que proclaman al pueblo español como titular único de la soberanía nacional, así como a la doctrina del Alto Tribunal ya expresada en el caso vasco (plan Ibarretxe).

Las armas legales de carácter sancionador están en el Código Penal, cuyo artículo 410 prevé las penas de inhabilitación para las autoridades que se negaran a cumplir y hacer cumplir la ley o las resoluciones judiciales, y en la propia Constitución, cuyo artículo 155 de la Constitución contempla la posibilidad de que el Gobierno tome medidas para obligar a que se cumpla la ley, aunque este artículo está sin desarrollar y en Moncloa no se contempla su eventual aplicación.

En el principio fueron una misma cosa, según Jordi Pujol padre. Su fortuna y la causa del soberanismo. Todo por la patria, como seguramente aprendió al jurar bandera antes de convertirse en alférez provisional del Ejército español (Milicias Universitarias). Ni quito ni pongo. Lo expresó con bastante claridad el viernes pasado al aclarar que siempre dedicó su recursos a la causa de Cataluña (literalmente, a “fer país”).

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