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Alto, en nombre de la ley
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Antonio Casado

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Alto, en nombre de la ley

El Tribunal Constitucional aplicó por la vía rápida el derecho del Estado a su legítima defensa. Por unanimidad de sus doce magistrados y a bote pronto,

Foto: La abogada del Estado Marta Silva (c), a la salida del Tribunal Constitucional (EFE)
La abogada del Estado Marta Silva (c), a la salida del Tribunal Constitucional (EFE)

El Tribunal Constitucional aplicó por la vía rápida el derecho del Estado a su legítima defensa. Por unanimidad de sus doce magistrados y a bote pronto, ayer dio el alto en nombre de la ley al intento de reventar el principio de soberanía nacional única e indivisible. De momento, sin motivarlo. Ya lo hará con la Constitución en una mano (artículos 1 y 2, básicamente) y su propia doctrina en la otra (11 de septiembre de 2008 sobre el País Vasco y 25 de marzo de 2014 sobre Cataluña).

Me explico. El doble portazo del Constitucional a la doble decisión de las instituciones catalanas (ley de consultas y convocatoria del referéndum) deriva de la mera admisión a trámite del doble recurso del Ejecutivo. Pero sin entrar en el fondo de la cuestión. Así que el Tribunal Constitucional ni quita ni da la razón al Gobierno de la Nación, por ahora. Simplemente admite el doble recurso porque se ha presentado en tiempo y forma según lo previsto en el artículo 161 de la CE, que habilita al Gobierno central para impugnar decisiones autonómicas.

La impugnación, decidida en la mañana y presentada por la tarde, produjo la inmediata suspensión de la ley y sus efectos jurídicos durante un periodo máximo de cinco meses. Dentro de ese plazo el TC ha de levantar o ratificar la suspensión. Mientras no ocurra lo uno o lo otro, tachar de “ilegal” o “inconstitucional” la ley de consultas aprobada por el Parlament, o la convocatoria del referéndum firmada por Mas con la pluma de las grandes ocasiones, entra en el ámbito de la libertad de expresión de “pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”.

Y eso vale también para lo que pueda decirse en el marco de la campaña anunciada por los patrocinadores políticos y sociales de la operación soberanista. De hecho, y de derecho, el Tribunal Constitucional ya tiene dicho que es legítimo defender el derecho a decidir pero es ilegal ejercerlo en cuestiones que afectan a la soberanía nacional (marzo de 2014).

Así que hemos de prepararnos para vivir las consecuencias del limbo jurídico en el que van a quedar la ley de consultas y la convocatoria del referéndum hasta que los magistrados decidan sobre el fondo de la cuestión: ¿es legal preguntar sólo a los catalanes sobre un asunto que afecta a todos los españoles? Y todo eso significa que la tensión va a ir en aumento a pensar de la preceptiva suspensión de ayer tarde como consecuencia de la admisión a trámite de los recursos del Gobierno.

Por tanto, en una cosa tiene razón Artur Mas. Razón formal, se entiende. No de fondo, si nos atenemos a la Constitución y la jurisprudencia del propio tribunal. Me refiero a sus alusiones a la legalidad de las decisiones impugnadas. Serán “legales” hasta que el Alto Tribunal diga lo contrario. Y nadie puede discutir la esperanza “legal” del president a que aquel rectifique después de oír sus alegaciones, ni la voluntad “política” de desplegar una campaña (manifestaciones, debates, publicidad, mesas redondas, cartelería, etc.) a favor del derecho a decidir y del referéndum del 9 de noviembre.

Por el bien de todos, esperemos que entonces ya se haya producido el fallo del Tribunal Constitucional. Lo que vaya a ocurrir después es pasto fresco para la voracidad de los contertulios. Y la conjetura es libre.

El Tribunal Constitucional aplicó por la vía rápida el derecho del Estado a su legítima defensa. Por unanimidad de sus doce magistrados y a bote pronto, ayer dio el alto en nombre de la ley al intento de reventar el principio de soberanía nacional única e indivisible. De momento, sin motivarlo. Ya lo hará con la Constitución en una mano (artículos 1 y 2, básicamente) y su propia doctrina en la otra (11 de septiembre de 2008 sobre el País Vasco y 25 de marzo de 2014 sobre Cataluña).

Artur Mas Generalitat de Cataluña