"Solipsismo en Moncloa", según la Generalitat

Por boca de sus servicios jurídicos, la Generalitat acusa al Gobierno de la Nación de estar haciendo de su capa un sayo. En el diccionario han encontrado la palabra “solipsismo” –lo más que se despacha en cuestión de subjetividad–para denunciar el alto grado de ensimismamiento alcanzado por Mariano Rajoy en la gestión del problema catalán. Y sólo así, según ellos, se explica el empecinamiento de Moncloa en seguir teniendo por inviable la práctica de consultas populares en las comunidades autónomas. Manda huevos, que diría el otro.

Es uno de los argumentos usados en el doble recurso presentado ante el Tribunal Constitucional para pedir el levantamiento de la suspensión preventiva de la ley de consultas y el decreto de convocatoria del 9-N. Entre otros, no menos falaces, ninguno causa tanto estupor como la presunción de estar prestando un gran servicio al espíritu y la letra de la Constitución Española en su declarada voluntad de construir una “sociedad democrática avanzada” (preámbulo).

Aunque ustedes no se lo crean, el autor o autores intelectuales de los dos recursossostienen que la operación puesta en marcha por Artur Mas y sus costaleros nacionalistas es una forma de asumir el mandato constitucional que asigna a los gobernantes el deber de crear las condiciones de una verdadera democracia. Eso dice el punto 2 del artículo 9 de la Constitución, citado en el recurso de la Generalitat, pero ni media palabra del punto 3, donde el principio democrático va cosido al de legalidad, jerarquía normativa y seguridad jurídica. Justamente los antídotos de la arbitrariedadde los poderes públicos.

Tampoco se pierdan ustedes la argumentación sobre el encaje constitucional de las consultas populares y el poder regulador de las comunidades autónomas. Después de rastrear la normativa en los Estatutos de Murcia, Andalucía, Asturias, La Rioja, etc., se pregunta el recurrente por qué esa práctica –sobre todo en el ámbito municipal– siempre se llevó a cabo de una forma pacífica y “no controvertida en términos de constitucionalidad hasta hoy”. Hasta hoy, no, porque tenemos el precedente vasco, pero eso es lo de menos. Lo que importa es detectar una vez más el discurso victimista del nacionalismo, que consiste en acumular agravios, que no razones, para seguir alimentando el sueño de la patria como unidad de destino en lo universal.

Se pregunta el recurrente que por qué ahora se pone en duda la constitucionalidad de una ley de consultas y una convocatoria de referéndum. Pues porque ninguna comunidad autónoma tiene competencias para legislar sobre asuntos que afectan al orden constitucional, pero eso supongo que ya lo dirá el tribunal, un vez oídas las alegaciones de la Generalitat, de las que viene a ser una primera entrega el doble recurso presentado ayer contra la suspensión de la ley autonómica y el decreto de convocatoria que se deriva de aquella.

Mientras tanto, la partida sigue, según ha dicho el conseller de Presidencia, Francesc Homs,aunque la institución haya dado un paso atrás por no pisar el artículo 410 del Código Penal. O sea, que se transfiere a las organizaciones sociales (ANC, Òmnium y otras entidades proindependentistas) la tarea de mantener la tensión. Se trata de pasarle el balón a la sociedad civil para que se mueva en el ámbito de las libertades ciudadanas (expresión, manifestación, reunión….) y evitar que el balón lo jueguen en este momento procesal (suspensión de la campaña institucional) los gobernantes y los funcionarios, que se mueven en el ámbito del servicio público y podrían incurrir en penas de inhabilitación.