La Infanta, entre Botín y Atutxa

Hace un mes la Audiencia de Palma respaldó los motivos del juez Castro para procesar a doña Cristina por dos delitos fiscales cometidos en primer grado por su marido, Ignacio Urdangarin, y por ella en grado de “cooperación necesaria”. Pero el juez antes y la Audiencia después, en la apertura del juicio oral, podrían librar del banquillo a la hermana del Rey si deciden respaldar los motivos de la defensa y del fiscal Horrach que, aunque parezca mentira, juegan del mismo lado junto a la Abogacía del Estado y la Agencia Tributaria.

Sólo en lo referente a la infanta Cristina, cuya conducta presuntamente delictiva ha sido apreciada por el juez y la Audiencia, no por la defensa, como es lógico, ni por la acusación pública (fiscal), que ya no lo es tanto.

Hemos asistido al lamentable espectáculo de un fiscal que ha llegado a acusar al juez de imputar a la Infanta sobre bases ajenas al principio de legalidad, mientras defendía –y sigue defendiendo– a la imputada. Es una forma de pervertir su función, la de trabajar por los derechos del ciudadano y el interés público tutelado por la ley. Estamos hablando de un fraude al bolsillo de todos los españoles. Por ahí voy.

Ayer conocimos el escrito de “acusación” (¿?) del fiscal, con petición de penas para todos los encausados menos uno. O sea, que se convierte en escrito de defensa por lo que se refiere a esta encausada concreta, a la que considera “indefensa” frente a los “raquíticos argumentos” del juez y la Audiencia de Palma. Por tanto, pide que se archive su caso y no se la siente en el banquillo solo porque lo pida la acusación popular. Es decir, reclama para la Infanta la aplicación de la ‘doctrina Botín’: si los perjudicados no acusan, no hay caso.

En el asunto que nos ocupa, la parte perjudicada es el Estado (impago de impuestos) sin que acusen sus representantes (Fiscalía y Abogacía del Estado). Entonces nadie estaría habilitado para formular acusaciones. Ni la acusación “popular”. Eso contradice un clásico: la Hacienda Pública somos todos. Quien engaña al Fisco engaña a todos los ciudadanos. Se supone que la llamada “acusación popular” sirve para defender al “pueblo”. Puede ser redundante con la “acusación pública” (Fiscalía), pero siempre en nombre de un interés general lesionado por quien ha metido la mano en la caja común. Esa es justamente la naturaleza de la recaudación fiscal.

Por ahí nos encontramos con la letra y el espíritu de la llamada ‘doctrina Atutxa’, que es la contraria de la ‘doctrina Botín’. A saber: aunque no haya acusación pública, basta la “popular” (Manos Limpias en este caso) para reprobar una conducta que perjudica los intereses generales. La infanta Cristina engañó al Fisco. Juan María Atutxa, entonces presidente del Parlamento Vasco, se negó a disolver un grupo parlamentario que simpatizaba con ETA, lo que suponía incumplir la ley, herir la sensibilidad de los ciudadanos y ofender la memoria de las víctimas del terrorismo.

Entonces valió la “acusación popular” para procesarle. Como debería valer ahora para reafirmar las tesis del juez Castro y la Audiencia de Palma, que aprecian indicios de los delitos fiscales que la hermana del Rey habría cometido a través de Aizoon, la empresa que compartía con Urdangarin y que, según la última resolución de la Audiencia, “servia de instrumento fiscal para ocultar las rentas obtenidas por su marido y en consecuencia defraudar a Hacienda, por lo que es innegable e inobjetable que al ser copartícipe de una sociedad ficticia estaba contribuyendo a defraudar al Fisco y además se benefició de ello”.