Don Juan Carlos: suspenso como padre y esposo

No estamos en vísperas de una nueva guerra carlista ni va a tambalearse el trono de España por ciertos problemas de juventud de don Juan Carlos de Borbón. Aparte de la dinámica sucesoria, el rey Felipe VI está donde está porque así lo han querido las Cortes Generales, depositarias de la soberanía nacional. Así que no es un problema político o institucional. Es básicamente un problema estético.

La demanda de paternidad contra don Juan Carlos, admitida ayer a trámite por el Tribunal Supremo, carece de relevancia sucesoria y no altera en absoluto la brillante hoja de servicios del abdicado rey. Pero no abrillanta la imagen de la Corona ni la suya personal como esposo y padre. La institución tampoco se cubre de gloria cuando afloran episodios de esta clase, deliberadamente proscritos en el historial del padre del Rey.

Aun así, no viene a cuento escandalizarse ni hacerse de nuevas. La historia de la Monarquía española está frecuentada por hijos bastardos, desde don Juan de Austria hasta don Leandro de Borbón y Ruiz de Moragas, amén de los que nunca entraron en la historia ni siquiera por la puerta de atrás. Digamos que era el coste de los matrimonios de conveniencia. O su efecto. Ni vamos a echarnos las manos a la cabeza por algo que, dicho sea de paso, había dejado de ser un secreto.

De todo eso estábamos al cabo de la calle. Ya sabemos que don Juan Carlos no ha sido precisamente ejemplar. Ni como padre ni como esposo. La novedad es el sano funcionamiento del Estado de derecho y el principio de la separación de poderes. También, por supuesto, el de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley (artículo 14 de la Constitución), aireado por el propio don Juan Carlos, aunque el aforamiento le permita responder solo ante el Tribunal Supremo.

Quede claro, pues, que no se trata de una conjura republicana ni de una operación urdida contra la Corona por los chicos de Pablo Iglesias. Es el Tribunal Supremo, vértice institucional de los tribunales de justicia, el que ha decidido admitir a trámite la demanda presentada por la presunta hija de don Juan Carlos de Borbón, Ingrid Jeanne Sartiau. En nombre de la ley. Sin reparar ni mucho ni poco en los eventuales desperfectos que pueda sufrir la imagen de la Corona o la del llamado rey emérito, ya de por sí bastante perjudicada por escándalos en su vida privada que están en la mente de todos.

Estamos, pues, ante un asunto judicial cuyo desenlace va a ser extrajudicial. Al tiempo. De momento, el rey emérito dispone de 20 días de plazo para personarse en la causa. Luego tendrá que responder a la reclamación de la demandante, que pide la prueba de ADN. Y en pocos meses, la vista pública que, aunque fuese a puerta cerrada (no por el carácter de aforado del rey emérito, sino porque es normal en este tipo de pleitos). No creo que llegue a celebrarse. No me imagino a don Juan Carlos pasando por todo eso, a pesar de contar con el incondicional apoyo del fiscal que, como en el caso de la infanta doña Cristina, se pone al lado del demandado.

Lo previsible es que, antes de que el asunto crezca como la gran comidilla nacional de la temporada, haya un acuerdo previo entre las partes (hablamos de un pleito civil entre dos partes), que podría pasar incluso por el reconocimiento de paternidad. Si yo fuera el general Sanz Roldán, director del CNI, ya habría puesto a trabajar a alguien en el asunto que, una vez dicho todo lo anterior, también concierne al Estado. Seguro que ya lo ha hecho.