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La reforma mínima del aborto
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Antonio Casado

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La reforma mínima del aborto

Se mantiene la ley de regulación voluntaria del embarazo con un retoque mínimo: se suprime la posibilidad de que menores de 18 puedan consentir por sí solas un aborto sin informar a sus padres

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La noticia no es que la iniciativa impida, cuando se apruebe, que una menor de edad pueda abortar sin permiso de sus padres. En todo caso, es lo nuevo. No lo importante. Lo relevante es que el Gobierno Rajoy asume la regulación socialista del aborto (ley de plazos, con aborto libre hasta las 14 semanas), aprobada en marzo de 2010 con apoyo de todos los grupos excepto el PP.

Así es como Moncloa viene a endosar su presunto compromiso de reformar la ley vigente al grupo parlamentario, por un lado, y al Tribunal Constitucional, por otro. Aquel ya dio ayer el paso hacia una reforma mínima. Y el TC ya se pensará si afronta la reforma máxima cuando estudie el recurso presentado en su día por el PP contra la llamada ley Aído. Pero deja de ser un dolor de cabeza para Rajoy.

Respecto al presunto compromiso ("cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida", decía exactamente su programa electoral de 2011) ya hubo rectificación, con puntapié incluido al ministro Ruiz-Gallardón. Rectificación y acierto, porque el proyecto del exministro no respondía a una demanda social e iba a la contra de un modelo vigente en veinte países europeos, muchos gobernados por partidos de ideas similares a las del PP.

Que casi sean una rareza estadística las menores que abortan a espaldas de sus padres no justifica que los poderes públicos las dejen desamparadas

Digámoslo de otro modo: se mantiene la vigente ley de regulación voluntaria del embarazo en nombre de la sensatez, la racionalidad, el sentido común y la equiparación a países de nuestro entorno. Con un retoque mínimo: se suprime la posibilidad de que las chicas menores de 18 años puedan consentir por sí solas un aborto sin informar a sus padres o tutores. A partir de ahora, si quieren someterse a una interrupción del embarazo necesitarán dos cosas: una, manifestación expresa de su voluntad de abortar; y dos, “consentimiento expreso de los titulares de la patria potestad”, según reza la proposición de ley orgánica presentada ayer en el Congreso por el portavoz del PP, Rafael Hernando, para su tramitación parlamentaria.

Si califico de “mínima” la reforma es únicamente en función de la estadística. Según datos de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, solo un 0,4% de las mujeres que abortan menores de 18 años no tuvieron consentimiento materno-paterno. Sin embargo, su impacto en la sensibilidad social permite anunciar que la reforma va a ser bien recibida por la opinión pública, lo cual no nos exime de aplicar la misma plantilla argumental a las menores de 18 años, por pocas que sean, apenas una de cada diez, que abortarán a escondidas y en malas condiciones si son obligadas a seguir con el embarazo en contra de su voluntad, si viven en entornos conflictivos, con padres maltratadores o abiertamente contrarios al aborto, familias desestructuradas, etc.

Que cuantitativamente casi sea una rareza estadística el número de menores que abortan a espaldas de sus padres no justifica que los poderes públicos dejen desamparadas a las muchachas que, por sus circunstancias familiares, van a verse abocadas al aborto clandestino, diga lo que diga la reforma legal que ayer entró en el telar parlamentario.

La noticia no es que la iniciativa impida, cuando se apruebe, que una menor de edad pueda abortar sin permiso de sus padres. En todo caso, es lo nuevo. No lo importante. Lo relevante es que el Gobierno Rajoy asume la regulación socialista del aborto (ley de plazos, con aborto libre hasta las 14 semanas), aprobada en marzo de 2010 con apoyo de todos los grupos excepto el PP.

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