Un chotis negro en la Puerta del Sol

Es uno de esos escándalos que justificarían las colas para salir del país. Con la filtración de la famosa conversación del presidente madrileño, Ignacio González, y los comisarios Villarejo y García Castaño, en una cafetería próxima a la Puerta del Sol, en noviembre de 2011, ya podemos elegir entre dos aberraciones si queremos fustigarnos como ciudadanos perdidos por falta de luz en la trastienda de los asuntos públicos.

La primera aberración es la del gobernante negociando su impunidad por debajo de la mesa (“Yo no quiero que eso salga”). La segunda nos coloca ante dos cualificados servidores de la ley que pastelean con un presunto delincuente en lugar de cumplir con su deber (“Efectivamente, es lo que hay que evitar”). Sin perjuicio de que fuesen instrumentos de fuerzas prevalentes en nombre de la obediencia debida, que esa sería una tercera aberración. No lo descarten en absoluto.

Y un motivo no menos aberrante que utiliza el ministro del Interior para dedicarle una mirada distraída al escándalo. A saber: quienes deben dar explicaciones son los responsables policiales del Gobierno Zapatero. Como si los delitos o simplemente los comportamientos corruptos, ya fueran de González, de los dos comisarios, o de ambos, caducaran policial y políticamente con los cambios de inquilino en el Palacio de la Moncloa. Les juro que no doy crédito.

El todavía presidente se pasa el día denunciando conjuras, pero ni media palabra sobre el porqué de tanta ingeniería financiera para comprar una vivienda

El mensaje a la opinión pública es devastador. Se nos viene a decir que si no hay reacción institucional ante supuestos de chantaje a un cargo público, abuso de poder, obstrucción a la Justicia, fabricación de pruebas, extorsión policial, conducta inmoral o delictiva de un gobernante, ajuste de cuentas entre servidores públicos o abuso de poder de un alto cargo para conseguir impunidad, es porque la insólita conversación en La Mallorquina se produjo cuando el Gobierno de Mariano Rajoy todavía no se había constituido.

Y una perplejidad añadida al chotis negro que Ignacio González lesha hecho bailar a los madrileños por cuenta de su famoso ático en la Costa del Sol. El todavía presidente de la Comunidad se pasa el día acusando de chantajistas a los policías con los que se reunió amistosamente, calificando de ilegal la investigación sobre la rocambolesca operación de compra o denunciando una conjura política para desahuciarle como candidato del PP a repetir en el cargo.

Pero, oiga, ni media palabra sobre el origen del dinero ni el porqué de tanta ingeniería financiera para la simple adquisición de una vivienda. Y no será por falta de detalles facilitados por terceros y no desmentidos en absoluto. Nos remiten a un cohecho de mayor cuantía por una operación inmobiliaria en la zona de Arganda, así como la utilización de un testaferro profesional y una sociedad instrumental radicada en Delaware (EEUU) para la compra del ático.

A la vista de lo ocurrido durante estos últimos días, espero que se hayan puesto las pilas tanto el Juzgado numero 5 de Estepona, al que el Tribunal Supremo devolvió la causa para que siguiera investigando sobre el ático de González, como el juzgado número 47 de Madrid, donde se tramita la denuncia del presidente madrileño por la presunta investigación ilegal de la que habría sido objeto en relación con la compra del inmueble.