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Esa minirreforma del aborto
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Antonio Casado

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Esa minirreforma del aborto

Según doctrina oficial del Gobierno, no existe el derecho al aborto en la ley y, por tanto, no tenía sentido incluir su supresión en la iniciativa legislativa que hoy se vota

Foto: El exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (EFE)
El exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (EFE)

Hoy se vota en el Congreso una iniciativa legislativa del PP –no del Gobierno–para suprimir la posibilidad de que las menores interrumpan un embarazo sin permiso de sus padres. El resto de la regulación aprobada en tiempos del Gobierno socialista, incluido el aborto libre hasta las 14 semanas, sigue tan vivo como cuando se publicó en el BOE hace más de cinco años.

En esto queda la cruzada del ya exministro Ruiz-Gallardón contra la ley de Zapatero y la polémica de los últimos días sobrela conveniencia de quitarle al aborto la consideración de “derecho”. Lo primero desembocó en la sonada dimisión del ministro. En cuanto a la polémica, con principio y fin en las propias filas del PP, se disolvió en las declaraciones del actual titularde Justicia, Rafael Catalá, al precisar que en la vigente ley no existe el derecho al aborto.

Curiosa tormenta de palabras. En el texto de la ley no hay un expreso reconocimiento del derecho al aborto, cierto, pero sí hay un expreso reconocimiento del derecho de una mujer a decidir en materia de “conducta sexual y reproductiva”. Más claro es el artículo 18 de la ley, que habla del derecho de la mujer a recibir asistencia si decide abortar. En realidad viene a ser lo mismo, pero Moncloa no quiso meterse en otro jardín en las perpetuas vísperas electorales del año en curso.

Prohibir los embarazos no deseados sería como prohibir los accidentes de coche o los esguinces de tobillo

Según doctrina oficial del Gobierno, no existe el derecho al aborto en la ley y, por tanto, no tenía sentido incluir su supresión en la iniciativa legislativa que hoy se vota. Aunque la decisión me parece acertadísima, está claramente descrito el derecho de la mujer a interrumpir un embarazo en determinadas condiciones (plazos y supuestos). Si no hacemos camuflaje verbal, es tanto como reconocer el derecho al aborto. Así queda plasmado en la ley, aunque con unas cuantas palabras más. Léase el mencionado artículo 18, que garantiza “el derecho a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo”. ¿No viene a ser lo mismo?

Por tanto, el aborto es un derecho de la mujer que puede ejercer, y de hecho ejerce, dentro de unos límites legalmente tasados. Lo demás es hacerse trampas en el solitario. En todo caso, si no existe el derecho al aborto sí que existe el deber de los poderes públicos de regular un fenómeno que no puede suprimirse por decreto. Prohibir los embarazos no deseados sería como prohibir los accidentes de coche o los esguinces de tobillo.

Gobierno y PP terminan delegando en el Tribunal Constitucional la decisión de mantener o derogar la vigente Ley del Aborto en sus aspectos sustanciales, aparcan el retórico debate de si el aborto es o no un derecho de la mujer y se quedan en el previsto retoque sobre el obligatorio permiso de los padres en mujeres menores de 18 años a partir de ahora. Mejor dicho, a partir de que las Cortes aprueben esta “minirreforma”, una vez tramitada en las Cortes por procedimiento de urgencia.

De momento hoy se vota su admisión a trámite. La luz verde está sobradamente garantizada en el Congreso, aunque se hagan notar los diputados del PP que se autodenominan“provida” (como si los demás estuvieran a favor de la muerte), dispuestos a romper la disciplina de voto y afrontar la sanción de su grupo parlamentario si no apoyan la proposición de ley.

Al asunto le cuadra la parábola de la montaña que parió un ratón, aunque el Gobierno no puede culpar sino a sí mismo de haber creado la expectativa en base a un presunto compromiso electoral. "Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida", decía el programa.

Hoy se vota en el Congreso una iniciativa legislativa del PP –no del Gobierno–para suprimir la posibilidad de que las menores interrumpan un embarazo sin permiso de sus padres. El resto de la regulación aprobada en tiempos del Gobierno socialista, incluido el aborto libre hasta las 14 semanas, sigue tan vivo como cuando se publicó en el BOE hace más de cinco años.

Aborto Rafael Catalá