La prensa puentea al Parlamento en el caso Rato

El patrimonio de Rodrigo Rato ha sido abierto en canal por los medios y no es un milagro del periodismo de investigación. Sus setenta y ocho cuentas en España, su entramado societario con pelos y señales, su deuda con Hacienda, lo que declaró por IRPF, lo que declaró por Sociedades, lo que dejó de declarar, sus huellas en distintos paraísos fiscales, las indemnizaciones recibidas, sus dineros errantes, sus dineros fijos. Gracias a una masiva filtración de datos procedentes de organismos dependientes del Gobierno. Y ahora resulta que en Moncloa se ponen estrechos ante la petición de que se publique la lista de los personajes sometidos a investigación, bajo sospecha de haber practicado el separatismo fiscal o, en su caso, el blanqueo de capitales.

Lo mismo que el exvicepresidente del Gobierno, cuyas entrañas patrimoniales han sido puestas al sol durante estos cuatro últimos días. Es justo y necesario. Un personaje público que estaba y está siendo investigado, primero por la Agencia Tributaria y luego por la Fiscalía Anticorrupción ya en sede judicial. Pero también se estaba y se está investigado a otros 300 personajes públicos (PEP, personas expuestas políticamente) que forman parte de los 704 bajo sospecha, según desveló el propio director de la AEAT, Santiago Menéndez. En este caso, a diferencia de lo ocurrido con Rato, el Gobierno apela a la ley de protección de datos y se rasga las vestiduras porque el PSOE le invita a prevaricar. Vade retro, ¿cómo nos pide que la Agencia incumpla le ley?

La ley impide facilitar datos de los contribuyentes sino media una orden judicial. Vale, es cierto, pero lo que no entiende el personal es que no se puedan facilitar datos fiscales al Parlamento cuando se están filtrando a manos llenas a la prensa. Ayer tarde el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, sostenía que publicar los nombres de 707 “personas” o 300 “personajes” investigados por el origen sospechoso de los fondos “implica culpabilizarlos socialmente” cuando luego puede quedar en nada la investigación.

El PP tampoco aceptará las peticiones de la oposición para que Rajoy se explique en el pleno sobre el caso Rato, o Montoro en la Comisión de Hacienda

Así respondió a la exigencia del líder socialista, Pedro Sánchez, de hacer pública la lista de defraudadores y abrir una comisión de investigación en el Congreso. Ni lo uno ni lo otro, a sabiendas de que esa comisión sí podría reclamar esos datos y la AEAT estaría obligada a facilitarlos. Precisamente por eso, el PP se va a oponer a crearla. Tampoco aceptará las peticiones de la oposición para que Rajoy se explique en el pleno sobre el caso Rato, o Montoro en la Comisión de Hacienda (lo del ministro es más probable, una vez que lo haga hoy el director de la Agencia). Al secretario de Estado no le parece “razonable”. Que aprovechen para preguntar en las sesiones de control al Gobierno, sugiere,sin dejar de reconocer que antes o después “se acabarán sabiendo los nombres de las personas sometidas a un procedimiento administrativo o penal”.

Eso es seguro. Razón de más para que el Parlamento no resulte puenteado de nuevo por las filtraciones del Gobierno a los medios de comunicación. Al menos en lo referido a 705 nombres que ya están sometidos a un proceso indagatorio de carácter no penal sino administrativo (por ahora). Pero eso no va a ocurrir en la comparecencia prevista para hoy ante la Comisión de Hacienda del director de la AEAT, que podría hablar del pecado y no de los pecadores.

Al final nos enteraremos por la prensa, que está madrugando al Parlamento en materia de control al Ejecutivo. De momento, a conformarse con la moción reprobatoria que el PSOE presenta hoy contra el ministro Montoro y las seis preguntas de los socialistas que este ha de responder en la sesión de mañana.