Las alcantarillas del nacionalismo

La multa del policía municipal de Olot al coche de la Guardia Civil mal aparcado frente al Ayuntamiento, donde se estaba produciendo uno de los registros, debió ser de alquilar balcones. De vídeo casero para las redes sociales. Pero no menos grotesco fue escuchar al presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, hablando de “caza mayor”. El averiado guía del nacionalismo catalán hacia ninguna parte se siente un animal acorralado. La pieza a batir, con agravante de “escarnio público”. Eso ha dicho.

Bueno, mejor eso que culpar de la financiación ilegal de su partido a los voluntarios. O verbalizar las detenciones de ayer como un ataque a Cataluña. Aunque lo piense. Siempre quedará la patria como burladero de corruptos e incompetentes con aversión al fracaso, si el toro se les echa encima. El toro ahora tiene forma de nuevas ramificaciones de la famosa trama del 3% en el seno de CDC y su fundación, CatDem.

Los registros y las detenciones en ese entorno y las empresas implicadas en el escándalo (comisiones ilegales a cambio de contratos) reabren el balcón con vistas a las alcantarillas del nacionalismo catalán, donde aparecen rebozados la Generalitat y los ayuntamientos gobernados por el partido de Pujol y Mas. El balcón (operación Petrum), por cierto, no lo abrieron Rajoy, ni la Guardia Civil, ni la Fiscalía Anticorrupción, ni el juez Bosch, sino una concejala de ERC, Montserrat Gassul, al denunciar con poco éxito, ante su propio partido ya en 2012, las irregularidades del entonces alcalde de Torredembarra, Daniel Masagué.

Mas, el autor intelectual del desafío secesionista, no deja de proclamarse víctima de una persecución

Tirando de aquella punta se fue deshilando el ovillo del 3% en otros ayuntamientos gobernados por CiU (Figueres, Lloret, San Cugat, Sant Celoni, etc). Y en la propia Generalitat, a través del tesorero de CDC, el director general de Infraestructuras, el responsable de GISA (empresa publica de la Generalitat), la familia Sumarroca, íntimos de los Pujol y dueños de la constructora Teyco, y varios empresarios más.

El autor intelectual del desafío secesionista, Artur Mas, ha puesto la mano en el fuego por el tesorero de su partido, Andreu Viloca, que aparece en el centro de la trama diseñada para la financiación ilegal de CDC mediante 'donativos'. Y anuncia su intención de comparecer en el Parlamento, que el lunes quedará constituido. Pero no deja de proclamarse víctima de una persecución, ya desde que a finales de agosto, en un anterior registro policial a la sede del partido y de algunas empresas, aparecieron documentos que motivaron los registros de ayer. Y ya entonces Artur Mas dijo en sede parlamentaria que aquello era una “operación de Estado”. Como Pujol cuando lo de Banca Catalana. Años después, afloró el patriótico enriquecimiento de aquel examigo del Estado y de sus hijos.

El exhonorable también detectó entonces una conspiración. No contra él o contra su familia, sino contra Cataluña. De modo que a nadie puede sorprender que su sucesor, Artur Mas, lo niegue todo respecto a la presunta financiación ilegal de CDC y solo vea un montaje de los enemigos de Cataluña para acabar con él en vísperas de su investidura, obstaculizada hasta ahora por el asamblearismo de la CUP. Y, a partir de ahora, también por la Fiscalía Anticorrupción y el juez de instrucción numero 1 de El Vendrell (Tarragona).