Otro 23-F, pero sin pistolas

El ya documentado propósito de romper de forma unilateral el orden jurídico-político de un Estado legítimamente constituido, con llamamientos expresos a la desobediencia civil, en los términos recogidos en la resolución independentista aprobada ayer en el Parlamento catalán, es un acto sedicioso comparable al protagonizado por un teniente coronel de la Guardia Civil en la tarde del 23 de febrero de 1981.

Solo la pistola de Antonio Tejero en el Congreso y los tanques de Milans en Valencia marcan la diferencia con las palabras de otro gran insensato, Artur Mas, presidente del Govern en funciones. Una declaración en rebeldía que se desvanecerá antes o después frente al imperio del derecho nacional e internacional. “Estamos legitimados para construir la república catalana”, dijo ya en sesión de investidura. Palabras necias que rebotaron ayer tarde en el techo del Parlament. Y ahí quedarán, como una curiosa huella para consumo de coleccionistas y turismo de grupo.

Todos los ojos estuvieron puestos ayer en el enésimo episodio del pugilato entre una ensoñación independentista y un Estado dispuesto a defenderse. A eso se redujo, por una parte, la sesión plenaria que sometió a debate y votación la voluntad de hacer el camino hacia la república independiente. Y por la otra, la firme voluntad del Gobierno de la Nación de cumplir y hacer cumplir la legalidad vigente.

El Consejo de Ministros se reúne mañana para empezar a ejercer el derecho del Estado a la legítima defensa frente a quienes quieren reventarlo por implosión (la Generalitat forma parte del orden jurídico-político vigente). Mediante el consabido recurso de inconstitucionalidad y la automática suspensión de la resolución de nueve puntos aprobada por el Parlament presidido por Carmen Forcadell. En ella personalizará el Tribunal Constitucional su capacidad sancionadora.

La lógica de las cosas y la inercia de una cotidianidad pacífica barrerá los brotes de insumisión o desobediencia que pudieran resultar

Y con posterioridad, mediante resortes de mayor cuantía (eventual aplicación del artículo 155 de la CE) si también crece la cuantía del desafío, especialmente en lo tocante a la desobediencia civil invocada en los puntos sexto y octavo de la resolución, contra las instituciones de un Estado con altísimo grado de descentralización del poder e integrado en todas las instituciones comprometidas con el sistema democrático, los derechos humanos y la legalidad internacional.

Los analistas hacen caldo de cerebro y sofisticadas conjeturas sobre el devenir de los acontecimientos a partir de ahora. Pero bajo esa banda sonora de tertulianos y líderes en oferta (se aproximan las elecciones generales), el imperio del sentido común avisa de que la lógica de las cosas y la inercia de una cotidianidad pacífica barrería los brotes de insumisión o desobediencia que pudieran resultar del llamamiento nacionalista.

Su eventual seguimiento crearía una situación de inseguridad jurídica absolutamente incompatible con el carácter, la historia, el poso cultural y las tradiciones políticas de los catalanes. Saben que “si no hay normas o no se cumplen, siempre ganarán los tramposos”, como dice el profesor de Derecho Constitucional, Xavier Arbós. Yo añadiría a quienes apelan al sentimiento de pertenencia (patriotismo) como último burladero de gobernantes pícaros, incompetentes o corruptos. O las tres cosas a la vez.