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El TC y la legítima defensa del Estado
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Antonio Casado

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El TC y la legítima defensa del Estado

Ayer, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno contra la resolución independentista. Por tanto, queda automáticamente suspendida

Foto: Combo de fotografías de los 21 altos cargos de las instituciones catalanas a quien el Tribunal Constitucional podría llegar a suspender. (EFE)
Combo de fotografías de los 21 altos cargos de las instituciones catalanas a quien el Tribunal Constitucional podría llegar a suspender. (EFE)

La tensión entre el brote sedicioso y la legítima defensa del Estado ha dejado de ser retórica y declarativa. Ya no hablamos de caldo de cerebro, urnas de cartón o vuelo de 'esteladas', sino de pasos precisos, contantes, sonantes y documentados. Por ambas partes. Ayer, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno contra la resolución independentista. Por tanto, queda automáticamente suspendida. Al menos durante cinco meses, el tiempo que se toman los magistrados para decidir si ratifican la suspensión o la levantan.

Será como si la resolución no existiera. Pero existe. Y en su punto sexto declara la insumisión del Parlament a “las decisiones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional”. Quiere decir que si los 21 primeros representantes de las instituciones autonómicas no oyen las advertencias del alto tribunal sobre las responsabilidades en las que pueden incurrir, “incluida la penal” (dice el TC), se activará la nueva capacidad sancionadora del tribunal (reforma impulsada por el PP después de las últimas elecciones catalanas) y todo el poder punitivo del Estado en los supuestos descritos anteayer por el fiscal de la Audiencia Nacional (desobediencia, prevaricación, malversación de fondos públicos, usurpación de funciones, rebelión, sedición, etc.).

En otras palabras: por decisión del Tribunal Constitucional, a instancias del Gobierno de la nación y sin perjuicio de las alegaciones que pueda presentar en el plazo de 10 días el Parlament, queda bloqueado cualquier intento de desarrollar la resolución que declara abierto el camino hacia una república catalana independiente del Estado español.

Salvo una muy improbable sentencia favorable a las tesis nacionalistas, hoy comienza el tramo final del viaje a ninguna parte pilotado por un insensato

Sin embargo, uno diría que lo que queda abierto con el acuerdo unánime de los 11 magistrados es el camino hacia la frustración de quienes se embarcaron de buena fe en esta aventura absurda. Salvo una muy improbable sentencia favorable a las tesis nacionalistas, hoy comienza el tramo final del viaje a ninguna parte pilotado por un insensato. Pero el choque con la realidad puede retrasarse si la desobediencia se sistematiza en el entorno de las principales instituciones autonómicas, tanto la constituida (el Parlament) como la que está en funciones (el Govern). De hecho, la Generalitat ya respondió anoche con el anuncio de que seguirá adelante con su plan independentista.

Si persiste en esa actitud, se aplicaría la capacidad sancionadora del TC (multa o suspensión en el cargo), no utilizada en su providencia de ayer. Y si siguiera aumentando el calibre de la insumisión, se produciría un salto cualitativo en el derecho del Estado a la legítima defensa.

Por ejemplo, la activación del artículo 155 de la Constitución (las medidas que sean “necesarias” para “obligar” a la comunidad autónoma al cumplimiento de sus “obligaciones”), una posibilidad considerada “muy remota” y no deseada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni por el líder del principal grupo de la oposición, Pedro Sánchez, que disponen de informes jurídicos contrarios a la aplicación de dicho artículo, sobre todo cuando los poderes del Senado (la Cámara habilitada para autorizar las medidas extraordinarias del Gobierno) están depositados de forma interina en una diputación permanente.

La tensión entre el brote sedicioso y la legítima defensa del Estado ha dejado de ser retórica y declarativa. Ya no hablamos de caldo de cerebro, urnas de cartón o vuelo de 'esteladas', sino de pasos precisos, contantes, sonantes y documentados. Por ambas partes. Ayer, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno contra la resolución independentista. Por tanto, queda automáticamente suspendida. Al menos durante cinco meses, el tiempo que se toman los magistrados para decidir si ratifican la suspensión o la levantan.

Artur Mas Parlamento de Cataluña