Verdad política y verdad judicial del caso Bankia

Siempre fue un secreto a voces que la salida a bolsa de Bankia (julio de 2011) respondió a una decisión política del Gobierno Zapatero con la complicidad del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El mismísimo ministro de Economía de entonces, y de ahora, lo proclamó en sede parlamentaria:

“Usted sabe que fue una decisión política. El Gobierno lo definió como una cuestión de Estado en la que se forzaron voluntades y se hizo que los supervisores mirasen hacia otro lado” (Luis de Guindos, en respuesta al diputado socialista navarro Juan Moscoso, el 11 de diciembre de 2014).

Aunque el ministro matizase luego su ataque, tratando de exculpar a los órganos supervisores, y aunque ahora haya un corporativo rasgado de vestiduras por la mutación del caso hacia el campo judicial, aquel diagnóstico sigue siendo irrebatible. El BdE y la CNMV no hicieron sus deberes en los procesos de fusión (Cajamadrid y seis cajas más) y salida a bolsa, inmortalizada por Rodrigo Rato y la famosa campanita.

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La verdad periodística siempre estuvo ahí. Seis años después, la Audiencia Nacional puede convertirla en verdad judicial. Los altos responsables de entonces en ambos órganos supervisores y sus principales colaboradores están bajo sospecha porque, según la sala segunda, hay “bastantes, múltiples y concurrentes” indicios de criminalidad.

En ciertos medios se reprocha una supuesta sobrevaloración de datos puestos extraoficialmente sobre la mesa del entonces gobernador del BdE, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Hablo de los famosos correos electrónicos de sus propios inspectores. Es incierto que el engaño de Bankia a cientos de miles de inversores se acredite solamente en esos correos, que desaconsejaban la salida a bolsa y denunciaban el desastroso estado patrimonial y contable de la entidad.

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Aunque fuese 'a posteriori' (diciembre de 2014), dos peritos del Banco, designados a petición del juez Andreu, emitieron un informe que cuestionaba la validez de las cuentas y la limpieza del proceso. Allí se dice que Bankia, sedienta de capitalización, salió a bolsa con unas cuentas maquilladas que no reflejaban su situación. Y además, se explica cómo inversores institucionales, grupos financieros y empresas ligadas a Bankia participaron en la compra de acciones para generar un efecto llamada. Pero estos se retiraron inmediatamente, dejando a los pies de los caballos a más de 300.000 pequeños ahorradores. Y a todos los contribuyentes, que pagamos a escote 22.000 millones de euros en rescate y nacionalización.

Es el fondo de la cuestión: la factura a pagar por el sometimiento político de unos servidores públicos cuyo papel funcionarial y teóricamente independiente se plegó a unas directrices dictadas por el Gobierno de turno. La consigna era apoyar la salida a bolsa de Bankia. Su eventual éxito hubiera camuflado su situación patrimonial y la imagen de la banca española en los difíciles días de la crisis.

Los responsables solo se arriesgan a pasar por la comisión de investigación que, años después de la caída del Gobierno Zapatero, no servirá de nada

A los jueces les da igual si la decisión fue o no acertada. Lo que quieren saber es si se mintió a sabiendas a cientos de miles de pequeños ahorradores. Es decir, si los datos del dichoso 'folleto' eran ciertos o eran falsos. Eso tiene relevancia penal. Y así se convierte en papel mojado la autonomía del supervisor: “El Gobierno no podrá dar instrucciones al Banco de España ni este recabarlas o aceptarlas” (art. 7 de su ley reguladora).

Normal, cuando el gobernador debe su cargo al Gobierno de turno y este, como intérprete máximo del interés general, puede acabar estigmatizando a Ordóñez, Segura, Comín, Herrera, mientras los verdaderos responsables del fiasco solo se arriesgan a pasar por la reclamada comisión de investigación parlamentaria que, cinco años después de la caída del Gobierno Zapatero, no servirá de nada.