Cristina, absuelta de una pena que ya cumplió

Judicialmente libre, moralmente condenada. La pena ya cumplida por la infanta Cristina es mucho más dura que la que hubiera podido imponerle el tribunal del caso Nóos.

El abogado, Miquel Roca, celebra la absolución de su defendida “con todos los pronunciamientos favorables”. Queda en paz con la justicia, que incluso le debe dinero, pues la cantidad depositada -por beneficiarse “a título lucrativo”- es superior a la reclamada en la sentencia.

Pero esa victoria técnica no la redime de seis años de soledades y congojas. Una pena que realmente ha pagado con creces y seguirá pagando en sufrimiento personal, desgarro familiar, amargura televisada y estigmatización pública. Es la factura por olvidar su deber de comportarse ejemplarmente. Nobleza obliga. Privilegio y servidumbre de la púrpura. Por ser quien es.

La primera consecuencia de su inclusión en el escándalo fue su exclusión de la agenda de la Casa Real, a la que pertenece como hermana del Rey

O por ser quien era. La primera consecuencia de su inclusión en el escándalo fue su exclusión de la agenda de la Casa Real, a la que pertenece como hermana del Rey y opción sexta en la cadena sucesoria. Felipe VI revocó el derecho de su hermana a usar el título de duquesa de Palma, pero ni el Rey ni nadie puede anular sus derechos sucesorios sin previa reforma de la Constitución (art. 57) o expresa renuncia de la propia infanta.

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A.V.C.

A pesar de la absolución judicial y de que no se haya respetado su presunción de inocencia, la infanta evasiva (“no sé”, “no me consta”, “no me acuerdo”…) queda en mal lugar a la hora de defender su inocencia. Nunca podría hacerlo en nombre de la ejemplaridad y la transparencia comprometidas por su padre, el entonces rey Juan Carlos, e invocadas reiteradamente por su hermano, Felipe VI.

Me explico:

A la espera de los recursos que puedan presentar las partes a la sentencia del caso Nóos (pieza separada número 26 del caso Palma Arena), dos sombras planearon y aún planean sobre uno de los mayores escándalos institucionales de nuestra reciente historia. Una era la duda sobre si prevalecería o no el principio de igualdad ante la ley. Y otra, si el proceso indagatorio alcanzaría al grado de consentimiento de la Casa Real por la utilización de la marca en prácticas delictivas.

En mi opinión, la primera de las dudas se ha desvanecido. Tanto en el plano judicial como en el plano moral. Incluso no es en absoluto desatinada la tesis de que la infanta Cristina haya podido recibir un trato desigual, pero en su perjuicio, no en su beneficio, precisamente por ser quien es. O era.

Matas precisó que si contrató al marido de la infanta Cristina fue porque al Gobierno balear le interesaba “estar a bien con él y con la familia real”

Desde el punto de vista técnico, los recelos de la opinión pública respecto a un presunto trato deferente o privilegiado volaron con el rechazo de la llamada doctrina Botín (de lo contrario hubiera quedado absuelta inmediatamente, a falta de acusación pública). El tribunal, formado por tres mujeres, también hizo pedagogía. Y nos recordó, hace algo más de un año por estas fechas, que la hermana del Rey es una española más, en estricta aplicación de un dogma civil del Estado de derecho: la igualdad ante la ley. Lo contrario no hubiera desbordado la legalidad, interpretada de otro modo, pero habría parecido trato de favor.

Sin embargo, no estoy tan seguro de que se haya desvanecido la segunda de las sombras que planearon sobre el caso Nóos (seis condenados, once absueltos). Me refiero al grado de complicidad o consentimiento pasivo que pudo haber en la Casa Real en relación con el desvío de dinero público hacia bolsillos privados por trabajos de dudosa utilidad.

No es en absoluto desatinada la tesis de que la infanta Cristina haya podido recibir un trato desigual, pero en su perjuicio, no en su beneficio

Conviene recordar que Iñaki Urdangarin (condenado a seis años y tres meses de prisión, pendiente de recurso) y su socio, Diego Torres (ocho años y seis meses), utilizaron el carisma de la Corona como vía de acceso preferente a las administraciones (sobre todo, Baleares) y como caja registradora de fondos públicos en beneficio propio. Nadie cree que eso fuera posible sin una cierta complicidad de la Casa Real.

La duda ya estaba bastante viva en el sentir de la opinión pública desde que el escándalo saltó a los medios de comunicación en 2011. A mayor abundamiento, ahí están las declaraciones ante el tribunal del que fuera presidente de la Comunidad Autónoma de Baleares, Jaume Matas (tres años y ocho meses) entre los años 2003 y 2007. En ese periodo de tiempo, según propia confesión, ordenó otorgar a dedo tres contratos públicos a empresas de Urdangarin. Precisó Matas que si contrató al marido de la infanta Cristina y si se aceptaba todo lo que proponía sin reparar en gastos, fue porque al Gobierno balear le interesaba “estar a bien con él y con la familia real”. Y por eso retribuyeron generosamente y sin miramientos legales.