Fatiga de materiales en la marcha independentista

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, defensora del derecho a decidir, no permite la consulta popular que reclaman los vecinos de Las Corts sobre la construcción de una residencia en el barrio. “Si la autorizase, estaría prevaricando”, dice. Es lo que, a escala nacional, le ocurriría al presidente del Gobierno si colaborase con los independentistas en la demolición del Estado.

Rajoy estaría perpetrando un agigantado acto de prevaricación si acabase asumiendo una reivindicación que no es de Cataluña, sino de una fuerza política concreta. Por tanto, discutida y discutible. Por mucho que intente confiscar la voluntad de todos, en singular actualización del 'totalismo' ('copyright', Robert Jay Lifton), que es como el totalitarismo, pero no impuesto por un Estado sino por un grupo socio-político dedicado a expropiar voluntades en pro del pensamiento homogéneo.

Del absurdo culebrón sobre el encuentro Rajoy-Puigdemont del 11 de enero en Moncloa, reconocido ayer por el 'president', solo es reseñable la ausencia de novedades. Seguimos donde estábamos. Una parte quiere negociar, pero incluyendo el derecho a decidir (referéndum o referéndum en septiembre como muy tarde). Y la otra parte también quiere negociar, pero excluyendo el derecho a decidir (autogobierno, inversiones, financiación, presencia del Estado, etc).

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Rajoy y Puigdemont se reunieron en secreto en Moncloa el 11 de enero

Marcos Lamelas. Barcelona

A partir de ahí, tanto da si la reunión fue más o menos discreta y quién la filtró. Sin embargo, ha sembrado la discordia en el bando soberanista, cuarteado por pura fatiga de materiales en la ya larga e inútil marcha hacia ninguna parte.

El ataque de contrariedad sufrido por la vicepresidenta y portavoz del Govern, Neus Monté, a la que el 'president' ocultó su cita de enero con Rajoy, hasta el punto de dejarla por mentirosa, estuvo a punto de causar una crisis en la Generalitat, al enterarse por 'La Vanguardia' del encuentro que ella había venido negando reiteradamente.

Es un síntoma menor. Otros muchos han ido calando como lluvia fina y paralizante el ánimo de los catalanes de buena fe. Empiezan a entender que lo que no puede ser no puede ser y además es imposible, como decía el torero sentencioso. El camino hacia la república independiente de Cataluña aparece empedrado por cada vez más obstáculos. Muchos y muy variados.

A saber:

La fractura de la sociedad catalana es tan clamorosa como el desinterés internacional por la propuesta independentista.

El desafío a la legalidad vigente choca con la proverbial aversión a la inseguridad jurídica en una sociedad amante del orden y con el 80% de propietarios.

La Generalitat funciona condicionada —'chantajeada', también valdría decir— por el radicalismo de la CUP.

La última esperanza del independentismo es una inesperada sobreactuación del Gobierno Rajoy. Y no está Rajoy por la labor

Dirigentes de ERC y la antigua CDC (PDeCAT) reconocen que su actual sindicación (Junts Pel Sí) no volverá a repetirse en las próximas elecciones, que pueden volver a repartir cartas antes de terminar el año.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ya matiza que se ha comprometido a convocar el referéndum, no a que se celebre.

La irrupción critica de los 'comunes' de Ada Colau en el llamado Pacto Nacional por el Referéndum (la nueva liebre que sueltan los nacionalistas para ensanchar su base política, cuando la de la desconexión empezaba a agotarse), que no está por la labor de embarcarse en aventuras inciertas.

Fuga masiva de votantes de la extinta CiU, fue la gran fuerza promotora del 'procés'.

El cambio de 'look' de CDC en vísperas del juicio por el caso Palau (financiación ilegal) está pilotado por un juguete roto: Artur Mas. Por cierto, también en riesgo de ser judicialmente inhabilitado.

Se multiplican los síntomas de cansancio de la sociedad catalana. Cae la audiencia de TV3 (avanzadilla mediática del soberanismo), y el arropamiento popular a los 'mártires' de la justicia española (Mas, Ortega, Rigau) no respondió a las expectativas.

El panorama económico es desolador. Su deterioro fue en paralelo a los avances del 'procés'. Las agencias de calificación ponen a esta comunidad autónoma en el pelotón de los torpes, pues acumula préstamos del Estado por más del 30% de su PIB y no depende de sí misma para funcionar.

En estas circunstancias, vamos de cabeza a unas elecciones anticipadas, con el sueño roto de un independentismo cuya última esperanza es una inesperada sobreactuación del Gobierno, como alimento reparador de su ahora desnutrido victimismo. Y no está Rajoy por la labor de dar facilidades.