P. A. Sánchez, Mas y el miedo a la inhabilitación

El lenguaje también cuenta. Si para Artur Mas, expresidente de Cataluña que quiere volver a serlo, lo del 9-N no fue referéndum sino “proceso participativo”, para Pedro Antonio Sánchez, presidente de Murcia que no quiere dejar de serlo, lo del caso Auditorio no es corrupción sino “cuestión administrativa”. El lenguaje, al servicio de su respectivo narcisismo.

Sobre uno y otro planea el mismo temor a convertirse en juguete roto, como le ocurrió a Arnaldo Otegi. El catalán, por desobedecer al Tribunal Constitucional; el murciano, por indicios delictivos detectados por un juez de Lorca antes de enviar la consabida exposición motivada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Murcia, ante el que hoy mismo comparecerá como investigado.

A Mas y a Sánchez les sigue la misma sombra negra de la inhabilitación. Y, ante el riesgo de quedar desahuciados, ninguno repara en medios

Hay una razón técnica. A Mas y a Sánchez les sigue la misma sombra negra de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Y, ante el riesgo de quedar desahuciados como gobernantes, ninguno de ellos repara en medios. Mas está dispuesto a renunciar al martirologio (todo por la patria, como Homs) y jurar su apego a la legislación española, su mal entendida decisión del Tribunal Constitucional y su paso atrás cuando aparecieron los voluntarios. Lo que haga falta, si así evita la inhabilitación.

Por las mismas, a Pedro Antonio Sánchez no le agobia que su partido, el PP, pueda perder la presidencia del Gobierno murciano, con ruido de fiscales de fondo, o que por su culpa se rompa el pacto del Gobierno Rajoy con Ciudadanos a escala nacional. Si le importase mucho, ya habría dimitido. Solo por coherencia con su propio compromiso, el de irse si resultaba imputado en un caso de corrupción política.

Admite ser un imputado. Aunque no por “corrupción política” sino por “cuestión administrativa” (una subvención otorgada de forma arbitraria cuanto era alcalde de Puerto Lumbreras). Pero Ciudadanos, que es la contraparte del pacto político que le hizo presidente, le exige que cumpla lo que firmó. Y al PP murciano, que lo sustituya por un alguien “limpio”.

¿Las acabará rechazando el tribunal como comportamientos corruptos, dejándolas en simple cuestión administrativa, como espera el PP?

Las espadas están en alto a la espera de saber lo que hoy mismo puede ocurrir en la comparencia de Sánchez como 'investigado' (antes imputado) ante el TSJ de Murcia, en relación con cuatro figuras delictivas del Código Penal: prevaricación, malversación, fraude y falsedad en documento ¿Las acabará rechazando el tribunal como comportamientos corruptos, dejándolas en simple cuestión administrativa, como espera Sánchez, como espera el ministro de Justicia, como espera el PP, como espera el nuevo fiscal superior de Murcia, Díaz Manzanera, al contrario que su antecesor, López Bernal?

Del proceso indagatorio abierto en el TSJM puede salir el archivo de la causa o la apertura de juicio oral. No lo sabremos, por ahora. El tiempo político se echa encima del tiempo judicial. En Murcia se hacen quinielas. Podría ser dimisión con investidura de nuevo presidente del PP. Una moción de censura sobre el improbable alineamiento PSOE-Ciudadanos es una remota posibilidad. La convocatoria anticipada de elecciones autonómicas no se descarta. Tampoco es descartable el enrocamiento de Sánchez y su partido a la luz de la piadosa doctrina que remite la renuncia del político empapelado por corrupción al momento de la apertura del juicio oral, no al de la imputación, que fue el compromiso de Sánchez cuando estaba seguro de que a él nadie se atrevería a imputarle. No somos nadie.