¿Cuenta atrás hacia el choque de trenes?

Clima de cuenta atrás en el irresponsable desafío del nacionalismo catalán al Estado. Lo avivan los valedores del 'procés' como si entrásemos en vísperas del choque de trenes. Quieren hacerlo creíble por referencia a una ley de “transitoriedad jurídica” que se guardan bajo la manga. Su aprobación en lectura única —deprisa, deprisa— sería el detonante del último tramo hacia la desconexión. Como si estuviéramos a cinco minutos del punto de no retorno. Creo que será al revés. A cinco minutos del punto de retorno, tras la aprobación de una norma sediciosa y la posible convocatoria de un referéndum.

Convocatoria, puede ser. Celebración, no. A pesar de las previstas movilizaciones callejeras (ANC, OC y AMI las quieren “masivas y permanentes”), objetadas por una mayoría de catalanes con aversión al desorden y sedientos de normalidad, frente a unos agitadores a la espera de que el Gobierno del Estado cometa el error de reprimirlas o de dar cualquier paso en falso que reactive el proverbial victimismo nacionalista.

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Si el Gobierno Rajoy supera el trance sin cometer ese tipo de errores, no estaremos en el punto de no retorno del que hablan las facciones independentistas, sino en el punto de retorno hacia vías de entendimiento que respeten los principios de integridad territorial y soberanía nacional única mientras no se acometa una reforma previa de la Constitución.

El punto de retorno es el comprometido por Puigdemont. El más alto al que podía llegar la aventura iniciada hace cinco años con el banderazo de aquel presidente de la Generalitat, Artur Mas. La cota más alta al alcance del independentismo.

A partir de ahí, solo cabe iniciar el descenso hacia el campamento base, al tiempo que una llamada a las urnas autonómicas vuelva a repartir cartas y, donde ahora reina Puigdemont, se siente Oriol Junqueras, ya divorciado de los exconvergentes de Artur Mas, cuya imagen aparece cada vez más cosida a la corrupción. Ayer lo comprobamos en su comparecencia ante la comisión de Asuntos institucionales del Parlament. Pero no esperábamos que fuesen los de la CUP, sus extravagantes compañeros de viaje, quienes le apagasen el farol en su enésima representación de virgen ofendida por el Gobierno del Estado español.

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Con el mismo cinismo político que su sucesor —Carles Puigdemont dijo en Harvard que el Ejército español es el argumento del Estado para frenar la independencia de Cataluña—, Mas sostuvo ayer que las acusaciones de financiación ilegal de CDC (Palau, Pretoria y todo lo que cuelga del famoso 3%) fue una operación “pagada con fines políticos contra determinadas personas, entre las que yo estaba en primera línea”.

Pero hete aquí que, como digo, tuvo que ser Benet Salellas, portavoz de la CUP, quien se permitiera un rasgo de lucidez en medio de sus habituales actos de gamberrismo institucional: “No diga usted que se le persigue por ser independentista. A ERC y la CUP no nos persiguen”, dijo antes de lamentar que la corrupción de CDC sea la sombra negra que mancha el independentismo y le resta credibilidad en el extranjero.