Cristóbal Montoro, ministro reprobado

Al ministro y al Gobierno se les puede y se les debe reprochar que, por su culpa, los ciudadanos españoles que cumplen con el Fisco no dispongan de la lista de los 30.000 beneficiados

Foto: Cristóbal Montoro en el Congreso. (Reuters)
Cristóbal Montoro en el Congreso. (Reuters)

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, está reprobado por el Congreso, el Tribunal Constitucional y el 'ABC'. Pero sigue y sigue, como las pilas de larga duración, arropado por Rajoy y convencido de que los “chismes” no le impedirán hacer su trabajo de “contable mayor del reino”.

Así le oí autodefinirse no hace mucho tiempo. Que la política no tape la innegociable verdad de los números sobre crecimiento, creación de puestos de trabajo, recaudación, afiliación a la Seguridad Social, comercio exterior, etc.

Pudiera ser, solo como hipótesis, que la política, con minúsculas, estuviera envenenando la cifra de los 95.000 millones de euros con titulares españoles localizados en el extranjero. Hasta el punto de que esa medalla le haya convertido en ministro 'non grato'. Y pudiera ser que tuviese razón el empresario que una vez le dijo: “Algunos nunca te perdonarán que les hayas obligado a declarar lo que tenían fuera de España”.

Nunca pierde ocasión de recordar que las matemáticas no engañan mientras presume de no hacer política ni estar en “camarillas”, “aunque me las atribuyan”, añade. En su calidad de contable se proclama fiel a un proyecto, “el que ha sacado a España de la quiebra”, y reza para que la política no estropee los números ni interrumpa el momento dulce de una economía nacional que crece y crea empleo.

Pero, lo dicho. La prensa amiga sugiere que ha incurrido en un caso de tráfico de influencias (su antiguo despacho de abogados). La menos amiga afirma en línea editorial que se ha convertido en una “anomalía democrática”. Y el PSOE, principal partido de la oposición, en plena campaña de imagen ('Somos la izquierda'), decide excluirle en sus tratos con el Gobierno para tratar asuntos de interés común, queriendo hacer efectiva la devaluada figura de la reprobación parlamentaria, hasta ahora ceñida a un simple reproche declamatorio.

El PSOE, en plena campaña de imagen ('Somos la izquierda'), decide excluirle en sus tratos con el Gobierno para tratar asuntos de interés común

Desde el jueves el ministro Montoro está reprobado por todas las fuerzas políticas de base parlamentaria, a excepción del PP, que votó en contra, y el PNV, que se abstuvo por no sentirse concernido en el fondo de la cuestión (no afecta al régimen foral del País Vasco). El fondo de la cuestión es la amnistía fiscal que el Gobierno decretó en 2012. Fue anulada recientemente por el Tribunal Constitucional en base a razones de forma, pues se decidió por decreto, y de fondo, porque se violó el principio de equidad en el reparto de cargas fiscales.

Lo que para unos fue una descarada operación blanqueadora de unos 30.000 defraudadores fiscales, para el ministro Montoro fue una “declaración especial” destinada a salvarnos de la quiebra. En aquellos momentos de tribulación el Estado español tenía una imperiosa necesidad de recaudar, mientras al tiempo se reducían dramáticamente los gastos (tiempo de austeridad y recortes), con el fin de reducir el déficit público heredado del Gobierno anterior (socialista, todo hay que decirlo).

No puede violarse un principio cuya casuística se desconoce. Por su propia naturaleza, las bolsas de fraude estaban sumergidas

Fue una decisión eminentemente pragmática. No digo que fuese clave para evitar la quiebra de España, pues esa tarea se acometió mediante una despiadada devaluación salarial y los drásticos recortes en los servicios públicos. Además, la cantidad recaudada como consecuencia de aquella decisión (apenas 1.200 millones de euros) no daba para sacarnos del agujero.

Cierto, pero alivió la carga acumulada en déficit público y algo es algo. Peor traído me parecen los reproches basados en la cuestión de los principios. En esa perspectiva, ¿alguien puede sostener seriamente que el no haber decretado la amnistía fiscal hubiera preservado el principio de equidad en el reparto de las cargas fiscales?

No puede violarse un principio cuya casuística se desconoce. Por su propia naturaleza, las bolsas de fraude estaban sumergidas. El principio lo estaban violando los defraudadores y no los poderes públicos. Un policía no puede ser acusado de quitarle las esposas al malo antes de haber sido detenido. Después, sí. De modo que a Montoro y al Gobierno se les puede y se les debe reprochar que, por su culpa, los ciudadanos españoles que cumplen con el Fisco no dispongan de la lista de los 30.000 beneficiados. Y de que solo se investigase posteriormente a una décima parte de los mismos, o poco más. Sobre ellos planean las sombras del fraude y la insolidaridad. Sobre el Gobierno, que no haga gran cosa por evitarlo.

Al Grano

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