El Rey padre, el Rey hijo y la madre de todos los pactos de Estado

“Después del 20 de diciembre, los españoles no esperamos otra cosa que no sea un gran pacto de Estado”, comentaba un diplomático de dilatada trayectoria a las pocas horas de los atentados de París. “Necesitamos un Estado fuerte y con capacidad de respuesta en nuestro día a día, y no lo tenemos. Ahora lo único que tenemos es una España ‘low cost'”, añadió, quizás en alusión a esa España "resultado de un periodo de excesos, vulgaridad y riqueza aparente" a la que se refiere Javier Gomá, esa España que prefiere los programas de varietés inyectados en botox antes que los informativos.

El rey Juan Carlos telefoneó en noviembre de 2012 a Felipe González, ‘aquí un amigo’, urgido por la necesidad del momento. En aquel entonces, recordemos, España caminaba por el alambre como un funambulista beodo acosado por el fantasma del rescate, la amenaza independentista, los casos de corrupción y las dudas sobre la Corona. ¿Y cómo veía la situación el expresidente del Gobierno?, se interesó el Monarca. Mal, muy mal. ¿Qué se podía hacer? “La única solución”, reflexionó, “pasa por un pacto de Estado. Pero con el PP en mayoría absoluta, esta hipótesis se antoja complicada, por no decir imposible”. Espoleado por la conversación, el Rey cerró acto seguido un encuentro con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reunión que se prolongó durante dos horas. Nada que hacer. “Después de dos legislaturas nefastas de Gobierno Zapatero, nuestro electorado de derechas ni entendería ni nos perdonaría que firmásemos un acuerdo con el Partido Socialista”, se excusó.

Hoy, tres años después, noviembre de 2015, un gran pacto de Estado es algo más que una posibilidad. Es una necesidad. No son solo los muertos de París y la amenaza real de que los atentados puedan repetirse en suelo español, que también, sino el hecho de tener que atajar esas dolencias crónicas que arrastramos de lejos y abandonar definitivamente nuestra zona de confort.

Después de las elecciones generales del 20 de diciembre, los partidos están abocados a un acuerdo -la madre de todos los acuerdos- que aborde cuatro cuestiones clave para el devenir del país: primero, un proceso constituyente en torno a la Monarquía; segundo, un pacto para blindar la unidad territorial y atajar el problema catalán; tercero, estabilidad para apuntalar la recuperación económica, y cuarto, un compromiso firme en la lucha contra el terrorismo, acaso tan importante o más que lo anterior, pues el terrorismo no busca sino poner en jaque a los estados democráticos y condicionar los principios en los que estos se sustentan, como ya sufrimos el 11-M, en el que fue el mayor atentado terrorista en suelo europeo.

Paradójicamente, la situación de ingobernabilidad que va a producirse tras el 20-D, con cuatro formaciones relativamente próximas en porcentaje (PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos) y en el que una bancada se va a mostrar reacia a dar su apoyo a la de al lado para no canibalizarse, acerca ese gran acuerdo de Estado que resultaba a todas luces imposible con un PP en mayoría absoluta. Es un pacto cuasi de sangre, un pacto sellado bajo la mesa para evitar ciertos estigmas ideológicos, que implicaría indefectiblemente una legislatura corta, de unos dos años, tiempo durante el cual se abordarían casi en exclusiva los cuatro puntos antes mencionados. Después de lo cual, partida nueva. Felipe VI, dicen, estaría auspiciando esta operación.

El Rey estaría promoviendo un pacto tras las generales entre los grandes partidos para una reforma de la Carta Magna que, entre otros asuntos, consolide la Monarquía. Es la tesis de algunos medios de comunicación (“El Rey interviene en la crisis: ‘La Constitución prevalecerá”, apertura de ‘El País’ del 13 de noviembre; “Felipe VI está llamado a arbitrar un nuevo comienzo”, declaración del editor de ‘La Vanguardia’ el 2 de noviembre), que en las últimas semanas se han lanzado a reclamar un papel más activo del Monarca en los desafíos que se ciernen sobre España. José Antonio Zarzalejos escribía el sábado en este mismo diario que “cuando las circunstancias sean más propicias, Felipe VI, como árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones, podría pasar de las palabras a los hechos”, reconociendo que “la abstracción de sus funciones y el carácter parlamentario de la Monarquía hacen que su papel en una crisis como esta sea difuso”.

En los aledaños de La Zarzuela contemplan con perplejidad esta corriente de opinión que entinta las páginas de los periódicos y se mueve con fruición entre la élite empresarial. El Rey es un símbolo, en tanto en cuanto representa la unidad y permanencia del Estado, pero carece de capacidad de actuación. ¿Pacto impulsado por el Monarca? Nada de nada. “Felipe VI se debe al papel que le corresponde como jefe de Estado, a su papel constitucional, pero no tiene la función de auspiciar o promover. El Rey se encarga de la estabilidad institucional, de conformar gobiernos ya se encargan los partidos. Lo que suceda en España tras el 20-D vendrá determinado por el resultado electoral y nada más. Los roles de cada uno están perfectamente tasados en la Carta Magna. El Rey ya dejó claro el 19 de junio cuál iba a ser su actitud. Todo está ahí, en su discurso de proclamación”.

Otra cosa es don Juan Carlos. El Rey emérito siempre ha mostrado cierta predisposición a ir por libre y saltarse las limitaciones meramente representativas de su puesto. Tal vez por ello, no ha terminado de olvidarse de aquel puente que trató de levantar entre el Ejecutivo y la oposición a finales de 2012. Lo estima ahora más necesario que nunca, sobre todo teniendo en cuenta lo que la institución se juega en el envite, juicio a la infanta incluido.

Don Juan Carlos ha ‘abdicado’ de la Corona, pero no de sus influencias y de su indubitable capacidad de presión. Cuando preguntan en los entornos de Artur Mas por Felipe VI, estos tienden a relativizar su capacidad para frenar el proceso soberanista: “Aquí al que tememos es al otro Rey, que no para de llamar y presionar. Por ejemplo, al conde de Godó”, confiesan. En la Generalitat atribuyen al rey Juan Carlos el cambio editorial de ‘La Vanguardia’.