Franco, la política y las cuatro fórmulas mágicas de Rosell

Una vez que el Gobierno de Rajoy aprobó la reforma de la legislación laboral en el Consejo de Ministros del 10 de febrero de 2012 y luego ahuyentó los fantasmas del rescate, los miembros del Consejo Empresarial de la Competitividad (CEC) se quedaron sin tema de conversación para sus aquelarres. Y cuando uno no sabe qué decir, se pone a hablar del tiempo o la política, temas siempre socorridos aunque en ocasiones peligrosos. Acaso aquél fue el primer pecado capital del CEC, el olvidarse de lo que Franco le recomendó a Pemán: “Haga usted como yo, no se meta en política”.

El Consejo Empresarial de la Competitividad nació en un momento en el que a España le salían más fugas de las que un sobrepasado Zapatero era capaz de taponar y con una CEOE enfrentada a una aguda crisis tras la égida de Gerardo Díaz-Ferrán, hoy en la cárcel, quien estuvo a punto de convertir la patronal en la cueva de Ali Babá y los cuarenta ladrones.

Corría finales de 2010, principios de 2011, y al fundador de Media Planning y hombre influyente en la sociedad civil catalana, Leopoldo Rodés, fallecido hace un año, se le ocurrió la idea de clonar el Instituto de la Empresa Familiar para hacer algo similar con las quince mayores compañías del país, una especie de lobby con el que levantar la entonces decrépita marca España, ejercer de think tank oficioso para el Gobierno y suplantar a la patronal en representación de los empresarios.

Rodés puso la idea en conocimiento del poder en estado puro, esto es, sobre la mesa del despacho de Emilio Botín (Santander), Isidro Fainé (La Caixa) y César Alierta (Telefónica), que la hicieron suya y mandaron a sus servicios de estudio a trabajar para la misma, con Fernando Casado como director de la institución. Elaboraron un cartapacio con un amplio abanico de reformas en las que en su opinión había que profundizar, destacando la reforma laboral por encima del resto.

Una vez aprobada la reforma laboral, el Consejo Empresarial de la Competitividad se olvidó de la economía y se volcó en la política y los medios

Conseguido este último objetivo, algunas compañías del CEC parecieron olvidarse de su verdadera razón de ser, la economía, para volcarse en otras veleidades, caso de la política o de los medios de comunicación, que son harina de otro costal y no precisamente del gusto de todos los miembros, lo que explica el perfil bajo adoptado últimamente por el Consejo. De un tiempo a esta parte, el CEC ha orillado la agenda reformista esperando mejor momento.

Tres cuartas partes ha hecho el Gobierno. Con una economía que parece un BMW alemán, creciendo al 3,2%, el consumo disparado y el mercado laboral muy pujante, como ponen de manifiesto los datos de paro y afiliación de abril, mayo y junio, el Ejecutivo español ha decidido relajarse, pecando en ocasiones de cierta indolencia. En Bruselas, sin embargo, ya han advertido de que no hay tiempo para juegos malabares y que, más pronto que tarde, tendrá que coger al morlaco por los cuernos, con recortes en el sector público y las pensiones.

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En estas circunstancias, es ahora Juan Rosell, desde una revitalizada CEOE, el que pretende tomar el testigo de su 'hermano del Ibex' y hacer las veces de 'pepito grillo' impulsando una propuesta reformista que involucre a todos los partidos, sabedor de que la situación de España apunta al peor de los escenarios posibles, no por las presiones de la Unión Europea, tampoco por la amenaza de que no vaya a haber gobierno, que lo habrá, sino porque el presidente del Ejecutivo que salga de las conversaciones que hoy mismo inicia el Rey, estará atado en corto para poner en marcha las medidas de calado que necesita el país. Si no las hubo con mayoría absoluta, menos con un gobierno en precario al que todos pretenden dar de lado.

La agenda reformista que plantea la patronal se sustentaría en cuatro pilares:

Combatir la tecnoestructura: el modelo de Estado europeo, incluido el español, es rígido y sobredimensionado, sin apenas capacidad para adaptarse al cambio, lo que provoca ineficiencias. Esto se percibe en la gestión manirrota que el Ejecutivo hace del gasto. La Administración cuesta al Estado 130.000 millones cada año.

Unificar leyes: el número de leyes en vigor, más de 100.000, dificulta el funcionamiento del país. De todas ellas, casi 70.000 son de carácter autonómico y subiendo. En 2015, en España se crearon 884 nuevas normas a nivel estatal y se publicaron casi un millón de páginas en los boletines del Estado y las Comunidades Autónomas. En lo que respecta al mundo laboral, hay 7.000 leyes. En caso de derogar la ley de la reforma laboral de febrero de 2012, como solicitan algunos partidos, todavía quedarían 6.999, todo un 'infierno legal' para el empresario patrio.

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Dinamizar el mercado laboral: desde la patronal abogan por las políticas activas y la formación de los parados desde la empresa. También inciden en la idea de poner en marcha medidas destinadas a tener bajo control el absentismo y los casos de invalidez. Para lo primero solicitan que los médicos puedan dar las altas de las contingencias comunes. Para lo segundo hacen hincapié en que hay 950.000 inválidos en España (llegó a haber 1,5 millones), cifra que escapa a la lógica.

Reformar la Seguridad Social: se hace indispensable revisar las estructuras de la Seguridad Social. El coste del equipo que se encarga de gestionarlas asciende a 2.700 millones de euros, una cantidad exorbitante para un organismo que está lejos de dar buenos resultados. Además, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), heredero del antiguo INEM, cuyo presupuesto también está integrado en la Seguridad Social, sólo coloca a un 2% de los asalariados. De los cerca de 15 millones de contratos que se realizan, las oficinas públicas de empleo apenas intermedian en la colocación de 300.000 trabajadores.

Estos males no son exclusivos de España. El modelo europeo está en crisis. Lo está también en Francia y Alemania, países motores de la Unión Europea. El primero por su abigarrado sistema de bienestar y el segundo por su política migratoria y la afluencia de refugiados que ha acogido y que, además de generar una polémica creciente, puede colocar sus cuentas públicas en números rojos. Del superávit actual al déficit. Lo motores, incluidos los alemanes, también se gripan. Tal vez sea la oportunidad para que España ponga la sexta.