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¿Es usted un mediocre? ¿Ha fracasado? La nueva política española le espera
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Nacho Cardero

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¿Es usted un mediocre? ¿Ha fracasado? La nueva política española le espera

Pasamos de puertas giratorias a puertas bloqueadas con cadenas. Los mejor preparados huyen de la política ante el número de incompatibilidades para mudarse del sector público al privado

Foto: (Imagen: Enrique Villarino)
(Imagen: Enrique Villarino)

¿Y si nos hemos pasado de frenada con la mal llamada ‘regeneración democrática’? ¿Y si bajo esa etiqueta, que los partidos lucen ahora en la solapa para poder presumir en Twitter, y con la que pretenden eliminar los privilegios y reinstaurar la ética en la política, lo que de verdad se está consiguiendo es ahuyentar el talento y una progresiva devaluación de España? ¿Y si hemos ido de un extremo a otro sin hacer una parada técnica en estaciones intermedias? ¿Y si ya nadie quiere asumir responsabilidades públicas para que no te señalen en las redes sociales, ni firmar documentos que luego se puedan usar de arma arrojadiza? ¿Y si nuestro país se está convirtiendo en un ‘país low cost’ con políticos de segunda?

El caso Gallardón como síntoma. La semana pasada, luego de dos años de espera tras dimitir como responsable de la cartera de Justicia y abandonar el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid por la decisión de Cristina Cifuentes de liquidar este organismo, al entender que suponía una canonjía para exmandatarios, se ha sabido que el exministro fichaba por Boygues, la mayor constructora francesa. Como provistos de un resorte automático, los tuiteros se lanzaron al unísono contra Gallardón. En ‘Al rojo vivo’, Ferreras salía en su defensa en un intento por sacarle de las fauces voraces de sus contertulios: “Pero tendrá derecho a trabajar”.

El exministro es uno de muchos. Hemos pasado de las puertas giratorias a las puertas bloqueadas con gruesas cadenas. Es tal el número de incompatibilidades para mudarse del sector público al privado, y viceversa, es tal el miedo a ser desgarrado a golpe de 140 caracteres por la ejemplaridad pública, que los profesionales mejor preparados huyen de la política como de una hidra de siete cabezas. Para mal pagados, apaleados y sin posibilidad de salir de la jaula de lo público, deben pensar los ‘Icade’s boys’, mejor blindarte en la privada.

Recordemos a Jaime Pérez Renovales, exsubsecretario de Presidencia, sin duda una mente bien amueblada, quien abandonara el Gobierno para regresar de nuevo a Banco Santander como secretario del consejo, por miedo a que uno de esos cuchillos que sobrevolaban por los pasillos del Parlamento acabara clavándose en su espalda. Con el virus del populismo inoculado en España y resto de países, la política española se está convirtiendo, poco a poco, en el refugio exclusivo de los mediocres.

“Conviene acoger con cautela los discursos y programas de algunos partidos sobre este asunto”, alertaba el editorial de 'El País' del pasado sábado. Así las cosas, lo que supone un ejercicio imprescindible para la regeneración democrática está derivando, por el exceso celo de algunos representantes de la mal llamada ‘nueva política’, en bloqueo e ineficiencia.

Estas amenazas se han destapado en los proyectos de ley que está manejando la Comunidad de Madrid, a la sazón el laboratorio de prueba para los acuerdos entre Partido Popular y Ciudadanos, ante la “exigencia inaplazable de adoptar una serie de medidas en materia de regeneración democrática”. “Se hace preciso”, reza el documento, “acercar los representantes políticos a los ciudadanos y eliminar ciertas prerrogativas de los cargos públicos que, aun adecuadas a la legalidad, son percibidas como un privilegio”.

No habrá Consejo Consultivo ni puertas giratorias, pero se les seguirá pagando del erario público como si tal. Medrando durante tres años sin hacer nada

Algunas de estas medidas llevadas al extremo, sin embargo, pueden resultar disuasorias para el amerizaje de talento y excelencia en la política, según se desprende de los borradores a los que ha tenido acceso El Confidencial. O lo que es lo mismo: la parálisis por el análisis.

Anteproyecto de ley por la que se regula el Estatuto de los expresidentes de la Comunidad de Madrid: “Durante el plazo de los dos años posteriores al cese en su condición de presidentes, tendrán derecho a percibir una compensación económica equivalente al 90% de las retribuciones (…), cuando hubiera desempeñado el cargo durante una legislatura completa o parcial. Si hubieran desempeñado el cargo durante más de una legislatura, dicha compensación económica se percibirá durante tres años”.

En este tiempo, los expresidentes no podrán ejercer ninguna actividad pública o privada retribuida. O en román paladino, deberán estar con los brazos cruzados. El mencionado estatuto de los expresidentes nace como compensación a la eliminación del Consejo Consultivo autonómico, en el que los exmandatarios tenían garantizado un sueldo vitalicio de 5.500 euros al mes, estando obligados a reunirse una vez a la semana y emitir dictámenes. A partir de ahora, no habrá ni Consejo ni ‘revolving doors’, pero se les seguirá pagando del erario público como si tal durante tres años, sin la obligación de tener que hacer nada.

Fernández Villaverde: "Uno solo puede entrar en política si es rico de familia, si quiere ser un sinvergüenza y robar en el futuro, o si es un inútil"

Proyecto de ley de medidas de regeneración democrática de la Comunidad de Madrid: este otro borrador introduce en la Ley 11/1986, con carácter general, “la dedicación exclusiva de los diputados limitando la posibilidad de autorizar un régimen de dedicación no exclusiva. De este modo, la actividad de los parlamentarios autonómicos se consagra a la representación del pueblo de Madrid y todo su esfuerzo, capacidad y experiencia profesional se ponen al servicio de los ciudadanos”. Entre las incompatibilidades del diputado se encuentran:

1.- Actividades ante la Administración de asuntos cuya tramitación, informe o decisión corresponda a aquella o estos.

2.- Actividades que impliquen cualquier relación de naturaleza contractual, prestacional, de concierto o convenio que se remunere con fondos o avales de la Comunidad de Madrid.

3.- Participación superior al 10% del capital en cualquier tipo de empresa o sociedad mercantil.

4.- Actividades que se puedan realizar utilizando indebidamente la información obtenida por su condición de diputado.

En resumidas cuentas, los diputados solo podrán ser diputados y estarán castrados más allá de la Asamblea como medida preventiva. Ante tal grado de encorsetamiento, y con unos sueldos bastante magros respecto a los del sector privado, la pregunta que sobreviene parece de Perogrullo: ¿quién se va a querer dedicar a la política? ¿Los mejor preparados o los que han sido incapaces de encontrar una salida profesional en el mercado?

Vamos de cabeza hacia una ‘España low cost’ dirigida y condicionada por los menos brillantes. El debate no es nuevo, pero es ahora cuando se trata de llevar a sus últimas consecuencias. Lo dijo sin medias tintas el profesor Jesús Fernández Villaverde (Universidad de Pensilvania) en la Fundación Rafael del Pino: “Tenemos un problema en España. Ahora mismo, el sueldo de los políticos es tan horrible que estamos expulsando de la vida política a cualquier persona que tenga un grado mínimo de inteligencia (…). Si yo mismo quisiera ser ministro, que no es el caso, tendría que vender mi casa, porque no podría pagar la hipoteca. Uno solo puede entrar en política si es rico de familia, si quiere ser un sinvergüenza y robar en el futuro, o si es un inútil”. Todo dicho.

¿Y si nos hemos pasado de frenada con la mal llamada ‘regeneración democrática’? ¿Y si bajo esa etiqueta, que los partidos lucen ahora en la solapa para poder presumir en Twitter, y con la que pretenden eliminar los privilegios y reinstaurar la ética en la política, lo que de verdad se está consiguiendo es ahuyentar el talento y una progresiva devaluación de España? ¿Y si hemos ido de un extremo a otro sin hacer una parada técnica en estaciones intermedias? ¿Y si ya nadie quiere asumir responsabilidades públicas para que no te señalen en las redes sociales, ni firmar documentos que luego se puedan usar de arma arrojadiza? ¿Y si nuestro país se está convirtiendo en un ‘país low cost’ con políticos de segunda?

Alberto Ruiz-Gallardón Sector público Ciudadanos Cristina Cifuentes