Motín contra la banca: una nueva 'bola' de 18.000 millones amenaza con noquearla

Los representantes de la banca han levantado un muro de las lamentaciones en el que denuncian el escarnio al que están siendo sometidos ante la opinión pública

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Lo que se percibe estos días en las sedes palaciegas de la banca es un ambiente de funeral. Lejos de los cánticos festivos de primeros de año, por eso de que este ejercicio iba a ser el del despegue gracias a unas menores provisiones y a una nueva etapa de subida de tipos, lo que han empezado a entonar las entidades son melodías fúnebres y coplas manriqueñas.

A la 'bola' de cláusulas suelo que les viene encima, hay que sumar el previsible aluvión de demandas por gastos hipotecarios, préstamos multidivisas, daciones de pago* y un largo etcétera del que se conoce su principio pero se ignoran su final y el impacto que va a tener en sus cuentas de resultados.

Solo en los gastos hipotecarios que han sido abonados por el prestatario, y que la jurisprudencia del Tribunal Supremo señala que deberían haber sido pagados por el prestador**, la banca se enfrenta a una factura de 18.000 millones de euros, cifra que sale de las más de seis millones de hipotecas vivas afectadas multiplicadas por una media de gastos por préstamo de 3.000 euros, según cálculos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), similares a los que manejan notarios y registradores.

El coste para la banca no es solo económico sino también reputacional. La demonización del sector ha permeado el conjunto de la sociedad

No se trata únicamente de un coste económico sino sobre todo de un coste de imagen que arrastran desde el inicio de la gran crisis, allá por el año 2008, y que todavía no han logrado sacudirse. Cuando creían ver la luz al final del túnel, de nuevo otro revolcón.

Esta demonización de la banca no son unas líneas sacadas del programa de Pablo Iglesias, quien no tiene reparos en abogar por un “control democrático del sector financiero por medio de una regulación fuerte frente al abuso y la especulación”, sino que ha permeado el conjunto de la sociedad, incluidos los poderes que la dirigen: el ejecutivo, que trata de dar con un marco extrajudicial para solventar la patata caliente de las cláusulas suelo; el legislativo, que tiene ante sí el reto de abordar una peliaguda reforma hipotecaria, y el judicial, bajo la amenaza del colapso por la avalancha de demandas en ciernes.

Los representantes de la banca han levantado un muro de las lamentaciones en el que, además de darse cabezazos contra la pared y confesar su mala praxis durante años por mor de un sistema que colocaba cláusulas leoninas a sus clientes como el crupier reparte cartas en un casino, también denuncian el escarnio al que están siendo sometidos ante la opinión pública, al convertirse en objeto de chanzas y vejaciones en auditorios en los que antes eran respetados con modos solemnes y que incluso ellos mismos financiaban.

Como señalaba José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, en el Foro de El Confidencial y Pimco de la pasada semana en el Hotel Palace de Madrid: “Tenemos un problema de reputación y tenemos que explicar bien a la sociedad cuál es nuestra función y que es necesario que ganemos dinero”.

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, en el Foro El Confidencial-Pimco.
José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, en el Foro El Confidencial-Pimco.

Semejante quilombo es el que ha movido a Moncloa a aplazar el real decreto con la solución extrajudicial para la devolución de las cláusulas suelo. “Hemos querido vender la piel del oso antes de cazarlo”, reconocen en el Ejecutivo. No se aprobó el pasado Consejo de Ministros y tampoco es seguro que vaya a ir este próximo viernes. Una vez lanzada la iniciativa, en el Gobierno se han dado cuenta de que se han subido a un polvorín y que, si no atan los detalles, el remedio puede resultar peor que la enfermedad.

Aparte de la necesidad de solicitar el visto bueno previo del Banco Central Europeo y de consensuar el grueso del contenido con el PSOE, argumentos a vuelapluma argüidos para justificar el aplazamiento, lo que de verdad ha pesado en el retraso es la colusión de intereses en colectivos sensibles y sectores clave del país. A saber: los afectados por las cláusulas suelo, cerca de 1,5 millones de consumidores***; los tribunales y en especial el Supremo, tocado en su honorabilidad tras la reciente resolución del Tribunal de la Unión Europea que le enmendaba la plana; las entidades financieras que han sido previamente condenadas y que en algún caso van a arrojar pérdidas mil millonarias y, por último, los bancos que todavía no han sufrido ningún varapalo judicial y que se preguntan por qué ellos, arrastrados por la ola de la ejemplaridad pública, tienen que devolver nada a nadie.

El Gobierno aplaza el real decreto para la solución de las cláusulas suelo. “Hemos querido vender la piel del oso antes de cazarlo”, admiten

Esto explica por qué el neonato real decreto está siendo cuestionado antes incluso de ver la luz y conocerse los detalles. Las experiencias pasadas en relación con las participaciones preferentes, las obligaciones subordinadas y las acciones de Bankia, entre otras, no invitan al optimismo en cuanto a la eficacia y garantías de estos procedimientos extrajudiciales exprés.

Los bufetes especializados en este tipo de litigios a los que se dirigen los consumidores, caso de Arriaga, Durán & Durán Abogados, Martínez Echevarría o Rosales 20, que en esta ocasión tienen intención de hacer causa común y aunar fuerzas ante el intento del Ejecutivo de orillarles en la resolución del conflicto de las cláusulas suelo, pretenden dinamitar el marco extrajudicial que piensa poner en marcha el Gobierno alegando tres cuestiones:

Primero, los bancos ya han manifestado de forma expresa que no piensan pagar lo indebidamente cobrado, esto es, que no van a cumplir voluntariamente lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Más a más, reiteran su predisposición a dar la batalla judicial para evitar extender un cheque millonario por las cláusulas suelo.

Rafael Catalá, Soraya Sáenz de Santamaría y Luis de Guindos. (EFE)
Rafael Catalá, Soraya Sáenz de Santamaría y Luis de Guindos. (EFE)

Segundo, no es legal obligar a la banca a pagar lo indebidamente cobrado. Esta potestad la tienen reservada los órganos judiciales o arbitrales previo sometimiento voluntario de las partes, no el Ejecutivo.

Y tercero, si el Gobierno obliga a los bancos a someterse a un procedimiento extrajudicial, debería aclarar quién va a decidir esta controversia, si la propia entidad o un tercero pagado por esta. Se trata de una materia espinosa que cuestiona la neutralidad del proceso, pues en el caso de las preferentes eran despachos profesionales contratados por los bancos quienes decidían sobre las devoluciones del dinero a los clientes.

Al fin y a la postre, lo que subyace en este carajal hipotecario es el inicio de una nueva etapa en la que, tras el escenario desolador dejado por la gran crisis entre las clases medias, la batalla entre David y Goliat se antoja más igualada que nunca. David ni es tan frágil ni tan pequeño como algunos presuponían y Goliat carece de la fuerza y la influencia de antaño en las esferas políticas. En resumidas cuentas, la banca ya no es lo que era.

* En sentencia del 7 de diciembre de 2016, el juzgado de lo Mercantil número 10 de Barcelona anulaba la cláusula que obliga al titular del crédito a continuar con el pago de la deuda una vez que se ha entregado la vivienda.

** La banca ha anunciado su intención de pelear judicialmente estos gastos, ya que entiende que el interesado no es la entidad sino el cliente. El TS, en cambio, señala que la cláusula hace recaer injustamente todos los gastos sobre el hipotecante: “A pesar de que la aplicación de la normativa permitiría una distribución equitativa, pues si bien el beneficiado por el préstamo es el cliente y dicho negocio puede conceptuarse como el principal frente a la constitución de la hipoteca, no puede perderse de vista que la garantía se adopta en beneficio del prestamista”.

*** En su resolución, el TSJE no dice que los bancos tengan la obligación de devolver todas las cantidades obtenidas por cláusulas suelo sino solo en aquellos casos en los que hayan sido declaradas nulas por el Supremo.

Caza Mayor

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