Madrid vs. Barcelona: conviene mucha tila

Tiene arreglo amistoso, o sea, algo estable, el contencioso entre la mayoría del Parlamento catalán -que cree que la soberanía radica en el pueblo de Cataluña- y la del Parlamento español -comandado por los dos grandes partidos-, que cree que la única soberanía es la del pueblo español en su conjunto.

Es una cuestión compleja que siempre tendrá difícil arreglo. Más hoy, tras los grandes enfrentamientos que se agudizaron con la sentencia del Constitucional -a instancias del PP- sobre el Estatut de 2006. Antes habría que lograr progresivamente que se enfriaran los ánimos, se rebajara la tensión y se retomaran contactos diferentes al diálogo de sordos -como la entrevista entre Rajoy y Mas de setiembre tras la manifestación independentista- o las fotografías protocolarias -como la inauguración del AVE a la frontera francesa de la semana pasada.

¿Cómo enfriar el conflicto? Desde Madrid lo primero sería no atizar el fuego. Justo todo lo contrario de lo que hizo el ministro Wert cuando, a la semana de las elecciones y tras la desautorización del electorado a Artur Mas, pero no al independentismo (ERC ganó los diputados que perdió CiU), no se le ocurrió otra cosa que plantear una ley de educación contraria al modelo de inmersión lingüística que, guste o no, en Cataluña tiene mucho consenso y que ni siquiera se atrevió a tocar el Aznar de la mayoría absoluta. Wert fue tan oportuno que permitió una nueva reacción casi unánime de Cataluña (incluso el PPC se desmarcó del titular de Educación). Y lo mismo pude decirse del ministro Morenés, que convirtió la Pascua Militar en una crítica a las provocaciones (catalanas) al Ejército.

Cierto es que Rajoy ha adoptado otra actitud y que en la inauguración del AVE quiso tender puentes. Su intención de no recurrir al Constitucional la hipotética declaración soberanista del Parlament va en la misma dirección. El presidente parece creer ahora -cuando ya no está en la oposición, sino en la Moncloa- que la conflictividad jurídica no ayuda. Correcto… pero insuficiente. Si Rajoy no atiza el fuego pero sus ministros (Wert y Morenés en pocas semanas) incendian el bosque, la imagen del Gobierno de Madrid en la opinión pública catalana no mejorará. Y no es sólo el Ejecutivo, sino también la derecha mediática nacionalista española la que, con sus peticiones de que se empapele a Artur Mas o se suprima la autonomía catalana, encrespa las cosas.

Rajoy debe imponer calma a sus maximalistas. Duran, Navarro y Herrera deben lograr que la declaración catalana hable de consulta legalRajoy no puede -ni debe- mandar sobre El Mundo o la COPE, pero sí debería hacerlo -si desea ser creíble- sobre sus ministros y la Secretaría General del PP. Es absurdo que María Dolores de Cospedal, que defendió repetidamente a Francisco Camps pese al caso Gürtel, exija ahora apocalípticamente la dimisión de Duran Lleida por financiación ilegal. No sólo por coherencia -a la inversa de Valencia o Mallorca, en el caso Unió no ha habido enriquecimiento personal-, sino porque Duran es uno de los pocos dirigentes de CiU que ha repetido que no es partidario de la independencia de Cataluña, sino del modelo confederal. Aquí Rubalcaba ha sido más cauteloso.

En Cataluña también debería bajar la crispación. Y algo puede estar produciéndose. La semana pasada, CiU y ERC pactaron una declaración soberanista de máximos -que el Parlament debería aprobar el miércoles 23- en la que se decía no sólo que el pueblo catalán es soberano, sino que la consulta es el camino al Estado propio, a la independencia. Y la reacción de la sociedad catalana ha sido contraria. El empresariado ha manifestado incomodidad, los otros partidos que, con matices distintos, apoyan la consulta pero no la independencia (ICV y el PSC) la han juzgado excluyente, y los dos grandes diarios de Barcelona (El Periódico y La Vanguardia) han publicado -sucesivamente- editoriales críticos.

Incluso Duran Lleida (y UDC), sin los cuales no hay mayoría soberanista en el Parlament, abogan porque se renegocie la declaración (desde el punto cero) para sumar a ICV y PSC. Y renegociar la declaración implica enmendarla en profundidad. No sólo respecto al Estado propio, sino sobre el denominado (y fantasmagórico) Consell Català per la Transició Nacional (Consejo Catalán para la Transición Nacional), ya que si el objetivo de la consulta no es obligatoriamente la independencia, tiene difícil justificación.

Además, Duran ha repetido que la consulta debe ser legal y es difícil que el PSC (e incluso ICV) apoyen una declaración que no abone la legalidad del proceso. Y esta implica dialogar y negociar.

Si Rajoy embrida a sus maximalistas, que no quieren negociar nada sino imponer su lectura de la Constitución, aunque sea a golpes, y Rubalcaba insiste en la reforma constitucional (que Urkullu ha “bendecido” a su manera), se habrá dado un paso adelante en la des-crispación. Y si Duran Lleida, Pere Navarro y Joan Herrera logran que la declaración catalana haga referencia al respeto a las leyes, se remachará otro. Claro, eso implica que Rajoy, Rubalcaba, Durán, Navarro y Herrera no sólo quieren rebajar la tensión, sino que están dispuestos a aguantar el envite de los maximalistas de ambos lados.

Rebajar la tensión y lograr que el diálogo (conflictivo) releve a la verbal guerra de trincheras es hoy la asignatura. No sería, ni mucho menos, el fin del conflicto, pero facilitaría la conllevancia, la negociación solvente sobre el contencioso fiscal y la salida de la crisis.

Los conflictos de soberanía son difíciles, pero al nivel que ha llegado este será imposible volver a hablar con seriedad y encarrilarlo si antes no se imponen, tanto en Madrid como en Barcelona, los amantes de la tila a los incendiarios de legítimos sentimientos. Que Esperanza Aguirre haya fichado por una empresa de cazatalentos de “fuera del territorio nacional” (acuérdense de Endesa) quizás también pueda ayudar.