La independencia divide

El pasado martes decía -de acuerdo con una amplia encuesta de El Periódico de Catalunya- que Catalunya “tenía el corazón partío” respecto al futuro de su relación con España. Más de dos años después de la sentencia del Constitucional, el independentismo ha crecido mucho, pero la mayoría de los catalanes no quiere la separación si ello supone quedar al margen de la UE. Y muchos creen que el enconamiento actual tampoco ayuda a superar la crisis.

Esta semana, la división se ha evidenciado. Por una parte, el Parlament ha aprobado una resolución que dice que Catalunya es soberana e insiste en el derecho a decidir. Sus promotores, CiU y ERC, ganaron ampliamente gracias al apoyo de ICV. Una mayoría de 85 contra 41 es fuerte, pero no llega a los 90 diputados, el respaldo de los dos tercios de la Cámara que exige el Estatut para su reforma. E, incluso, para hacer una ley electoral, capacidad que Catalunya tiene desde 1980 y en la que nunca ha ejercido el derecho a decidir.

Una mayoría de 85 a 41 es una mayoría amplia y confortable… para gobernar. Suficiente no para reformar el Estatut, sino para liquidarlo. Iniciar un proceso hacia la independencia sin ningún aliado en el Parlamento español y queriendo permanecer luego en una UE en la que, con la excepción del socialista Hollande en Francia, los Gobiernos están muy influidos por los socios del PP en el partido conservador europeo, suena un poco disparatado. Y la realidad es que 41 diputados de tres grupos parlamentarios (sobre siete) votaron en contra. Entre ellos, el PSC, que, contrariamente al PSOE, es partidario del derecho a decidir (de la consulta) pero no para irse de España, sino para quedarse después de una reforma federal de la Constitución.

Muchos analistas, e incluso algunos destacados dirigentes del PSC, han criticado el voto contra la resolución, junto al PPC y a Ciudadanos. Pero la decisión tiene lógica. Al PSC le cuesta votar contra lo que hoy es el consenso catalanista (por eso cinco diputados del PSC de veinte no participaron en el voto), pero tampoco puede avalar una hoja de ruta con la que no sólo está en desacuerdo, sino sobre la que no ha sido consultado. Además, se le exige una adhesión a algo acordado previamente (para lograr una mayoría de apoyo a Artur Mas) por CiU y ERC.

La semana pasada, CiU y ERC lograron imponer su resolución independentista con una mayoría amplia pero insuficiente, y desde el mundo económico son cada día más numerosas las señales de reticencia. La última ha sido la de Josep Oliu, presidente del Banco SabadellComo ha destacado Miquel Iceta, agudo dirigente del socialismo catalán, el PSC también tiene su derecho a decidir y no se le puede imponer una línea de conducta acordada por dos partidos independentistas. Pere Navarro ha tomado pues una decisión nada fácil, pero inevitable, si el PSC quiere seguir teniendo una posición propia y no ser satelizado. Y en el voto en contra está también el PPC, tercer partido catalán en las legislativas de 2011, y Ciutadans, el partido que tuvo el crecimiento más espectacular (triplicó sus diputados) en las últimas elecciones autonómicas.

Así, la mayoría de 85 contra 41 es fuerte pero incompleta, y resultó deslucida. Además, entre los 50 diputados de CiU hay 13 de Unió que respaldan el derecho a decidir, pero que han dicho de una forma bastante clara -aunque la tradición democristiana es matizar- que tampoco quieren la independencia, sino el modelo confederal. La mayoría lograda es, pues, tan amplia como incompleta y puede acabar siendo precaria.

Y las dificultades no vienen sólo del frente político. Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, la segunda entidad financiera catalana y una de las cinco grandes españolas, no ha dudado en afirmar -siguiendo la senda iniciada por el presidente de la patronal catalana, Joaquín Gay de Montellá- que los empresarios no quieren el choque de trenes y que son partidarios de marcos de convivencia estables que sólo se puedan cambiar a través de la legalidad. Y es que, actualmente, el Banco Sabadell, que acaba de hacerse con la CAM con un esquema de protección de activos del Banco de España, tiene las dos terceras partes de su negocio fuera de Catalunya. Que personas como Gay de Montellá u Oliu -relevante directivo también del influyente Círculo de Economía- expresen reticencias a las iniciativas de Artur Mas (Oliu manifestó también su contrariedad por el recién creado impuesto sobre los depósitos bancarios) es algo que CiU haría mal en minusvalorar. Sectores políticos y económicos relevantes de Catalunya son muy reticentes (como mínimo) a la hoja de ruta emprendida por el pacto CiU-ERC.

Pero lo inquietante -y lo que, en parte, legitima a Artur Mas- es que esta huida hacia delante se puede producir debido a la inexistencia de gestos relevantes de conciliación del Gobierno de Madrid respecto a asuntos vitales para Catalunya como el ritmo de reducción del déficit (en el que Montoro coloca al Estado en posición privilegiada respecto a las autonomías a pesar de que éstas sufragan dos pilares del Estado del bienestar, como la educación y la sanidad), o un nuevo sistema de financiación autonómica que no castigue a las más dinámicas.

Es positivo que Rajoy no se deje arrastrar al conflicto jurídico inmediato que le exigen algunos sectores radicales (El Mundo se suma a ellos pese a que Pedro J. Ramírez reconocía lúcidamente hace unas semanas que el pleito catalán aconseja una reforma constitucional) y que sólo lograría -como las declaraciones de Wert, Montoro o Morenés- enredar más las cosas. Pero es negativo que se limite a decir que la declaración del Parlament no sirve para nada. Cuando 85 diputados (sobre 135) del Parlamento de Catalunya (el 19% del PIB español y el 26% de la exportación) dicen que quieren ejercer el derecho a decidir para proclamar la independencia, el presidente del Gobierno de España no puede limitarse a encargar un informe jurídico. Tiene que abrir un proceso de diálogo -hablando se entiende la gente-, porque ni a Catalunya ni a España les conviene ahora -en la peor crisis desde 1929, con la prima de riesgo todavía más alta que la italiana y cuando el pasado año se destruyeron nada menos que 850.000 empleos- un choque de trenes que solo lograría ahuyentar a los posibles inversores.