El conflicto se encrespa

En junio del 2010, un Tribunal Constitucional muy dividido y bastante deslegitimado –el PP impidió su reglamentaria renovación y muchos magistrados superaban el tiempo de mandato fijado en la Carta Magna– declaró inconstitucionales algunos artículos de un Estatut de Cataluña que se había gestionado respetando escrupulosamente la legalidad: fue aprobado inicialmente por el Parlamento catalán con una mayoría superior a los dos tercios, luego fue pactado, ‘afeitado’, y obtuvo el visto bueno del Congreso y el Senado españoles, y finalmente fue votado favorablemente en un referéndum catalán pese a la oposición –conjunta pero por motivos contrarios– de ERC y del PP.

El proceso no estuvo exento de graves errores políticos como el ninguneo inicial del PPC (entonces dirigido por Josep Piqué) en Cataluña, o la posterior expulsión del consenso estatutario de ERC por el pacto Zapatero-Mas, a los que incomodaba el tripartito. Y seguro que el texto jurídico era deficiente. Pero había surgido de la voluntad catalana tramitada de acuerdo con el ordenamiento jurídico y aprobado por las Cortes españolas, que es donde reside la soberanía.

Sectores significativos –con el PP en posición destacada, seguramente tanto por oposición al Estatut como por el intento de debilitar al Gobierno Zapatero– lograron que el Tribunal Constitucional –cuatro años después de la votación del pueblo catalán– corrigiera el texto estatutario. Y muchos –no en Cataluña– creyeron que era una decisión positiva para la unidad de España y la salvaguardia del orden constitucional.

Pero ya de entrada había dos contradicciones. Una, algunos de los que más hablaban de orden constitucional –como el presidente Aznar– se habían opuesto a la Constitución del 78 que todos los partidos catalanes (salvo la ERC de Heribert Barrera) habían apoyado. Segunda, textos idénticos o muy similares a los del Estatut no fueron recurridos en los estatutos posteriores de otras comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana y Andalucía.

Creer que humillar a Cataluña –la clase política catalana representa igual de bien (o de mal) a Cataluña que la clase política española a España– era una decisión inteligente fue poco razonable.

Una prueba es lo que sucedió ayer. Los partidos catalanes que representan el 65,1% del parlamento (no tienen la mayoría de dos tercios necesaria para iniciar la modificación del Estatut o hacer una ley electoral, pero en todo caso son una mayoría relevante) acordaron la pregunta y la fecha de un referéndum de autodeterminación, un procedimiento que ignora el ordenamiento constitucional y que, al contrario de lo que sucederá en Escocia, no ha sido ni negociado ni pactado con el Gobierno de Madrid.

La decisión de convocar unilateralmente una consulta independentista puede ser tan contraproducente para Cataluña como lo fue para España la sentencia del Constitucional que anuló parte del ‘Estatut’ aprobado en referéndum

Es cierto que Rajoy no parecía inclinado a negociar nada, aunque no es menos cierto que –contrariamente a lo que sucedió en Escocia– en Cataluña el partido que ahora impulsa la consulta no sólo no ha obtenido mayoría, sino que en las últimas elecciones perdió la quinta parte de sus diputados. Creer –como parece que hacen ahora Artur Mas, Duran i Lleida, Joan Herrera y Oriol Junqueras– que se trata de un paso positivo de Cataluña puede ser un error similar al de Rajoy y Aznar cuando creyeron que recurrir la práctica totalidad del Estatut era lo que convenía a la unidad de España.

Un alto magistrado con un largo historial de cargos relevantes en la judicatura española me decía hace unas semanas en una cena madrileña que dejar pasar el Estatut –pese a que en su opinión era muy defectuoso jurídicamente– era el mejor negocio que España podía haber hecho pero –añadía elevando los ojos al techo del restaurante– tenemos una derecha…Y tras leer atentamente las entrevistas de Felipe González y Miquel Roca (incluso la de Alfonso Guerra) con motivo del 35 aniversario de la Constitución, llegó a la conclusión de que la sentencia del Estatut y la actual respuesta catalana son errores que –algo inconscientemente– atentan contra el pacto constitucional de la Transición, lleno de imperfecciones y ambigüedades pero que relevaba a un pasado triste: larga dictadura tras una guerra civil que vino como consecuencia de la incapacidad de los partidos de la II República para hacer funcionar con eficacia la democracia española.

Los tiempos no son los mismos, el ejército ha salido del juego político, la crisis lleva ahora a Alemania no a Hitler, sino a un Gobierno democristiano-socialista y los españoles (y catalanes) somos más ricos y más cultos. Pero la clase política –a las dos orillas del Ebro– es más corta de miras que la de la Transición. Oír el otro día a Rodolfo Martín Villa con Pepa Bueno en la SER fue –tras las soflamas al uso de González-Pons o Cospedal– como sumergirse en las reflexiones de Séneca. Que los que mandan hoy en Madrid piensen que la Constitución del 78 fue una “cesión” excesiva a “las nacionalidades” o que los que mandan en Barcelona crean que el futuro de Cataluña aconseja orillar el texto constitucional pactado por Roca y Solé Tura (dos catalanes en la ponencia constitucional) puede ser otro mal negocio. Y la crisis, la globalización económica y el largo y difícil parto de la Unión Europea nos deberían hacer conscientes que ni Cataluña ni España pueden suscribirse a los malos negocios.

¿Qué pasará ahora? De las declaraciones de ayer, dos me parecen más interesantes que convencionales. Para Joaquim Arrufat, de las CUP catalanas, la extrema izquierda independentista y antisistema, “el Estado español se enfrenta al mayor conflicto que nunca ha tenido” y Rubalcaba, el líder del PSOE, aseguró que “Mas está llevando a Cataluña a un callejón sin salida”. El próximo martes profundizaré, pero el telegrama diría que la tensión entre los Gobiernos y las opiniones públicas de Cataluña y de España se va a incrementar sustancialmente, pero que espero que el sentido común de Rajoy y de Artur Mas sean suficientes para que a corto los incidentes aparatosos no conduzcan a nada irreparable y no se produzca un irremediable choque de trenes.

Pero tras las elecciones españolas del 2015 y las catalanas del 2016 (que se pueden adelantar) hay un serio peligro de que la creciente corriente de desafección mutua se encrespe. Básicamente, porque en las próximas campañas electorales la apelación al nacionalismo catalán de tinte progresivamente antiespañol en Barcelona, y al nacionalismo español reticente a escuchar a Cataluña en Madrid, pueden erigirse en la primera máquina de ganar votos. Y las cúpulas de los partidos españoles (y de los catalanes) adoran con exceso estos modernos becerros de oro, muy rentables a corto pero ruinosos en el medio y largo plazo. La pesca intensiva aniquila los peces.