La peor crisis constitucional

Cuando el 'president' Puigdemont y el vicepresidente Junqueras pusieron el pasado viernes fecha y pregunta al referéndum de autodeterminación que quieren celebrar, no dispararon todavía contra el tren del Estado. El choque real solo se producirá cuando lo convoquen oficialmente. Lo que sí hicieron es quemar sus naves, como Hernán Cortés, para impedir la retirada.

Salvo, claro, que el Estado rectifique, cosa que saben que no sucederá y además tampoco desean. Y la confirmación se vio tanto en el acto de apoyo de las organizaciones independentistas (ANC y Òmnium) del domingo por la mañana en Montjuic, en el que Pep Guardiola calificó a España de Estado autoritario, como en la entrevista, esa misma noche, de Puigdemont y Junqueras en TV3 que tuvo un 'share' del 19% (537.000 seguidores) frente a un 17% del partido de fútbol España-Macedonia.

Un 19% para una entrevista política en una calurosa noche de domingo no está mal. El independentismo ha iniciado una etapa de intensiva propaganda —el intento de Puigdemont de comparecer en el Congreso de los Diputados es parte de ella— con el objetivo de movilizar a más de los dos millones de ciudadanos que les votaron en las plebiscitarias de 2015. Veremos si lo consiguen, porque hoy por hoy el entusiasmo es menor al existente tanto el 9-N de 2014 como en aquellas plebiscitarias.

¿Por qué el independentismo se lanza a una guerra que sabe que es muy difícil que pueda ganar, aunque solo sea porque en un Estado de derecho es un contrasentido que una parte de ese Estado rompa la legalidad?

Solo hay dos explicaciones que quizá se complementan. Una es que crea que el Estado reaccionará de una forma tan desacertada y desproporcionada que provocará una especie de rebelión —material o moral— de la ciudadanía catalana y que, como consecuencia, el independentismo saldrá fortalecido. A corto o a medio plazo. En unas recientes Confidencias, ya expliqué esta posible actitud kamikaze de Puigdemont.

La otra es que el independentismo apueste por ganar unas nuevas elecciones autonómicas tras haberse enfrentado al Estado y de alguna forma cumplido su palabra. Aunque en el programa del 27-S de 2015 prometía la independencia en 18 meses, no convocar un referéndum que ya eran las plebiscitarias. La vicepresidenta pareció apuntarse a esta tesis el lunes por la mañana en TVE al decir que el independentismo intentaba provocar al Estado para ganar las elecciones.

¿Sería operativo un consenso constitucional del que se sintieran excluidas las principales fuerzas políticas catalanas?

Sea cual sea la motivación real —que puede no ser la misma en Puigdemont, cuyo partido está en baja en todas las encuestas, que en Junqueras (ERC podría ser la ganadora de esos comicios)— lo auténticamente relevante es que el independentismo, que gobierna la Generalitat y en las últimas elecciones catalanas tuvo el 47,8% de los votos, ha quemado sus naves, ha decidido enfrentarse al Estado y pretende crear —desde un Parlamento autonómico— una nueva legalidad. Es algo que no había pasado nunca desde la aprobación de la Constitución, pues el Gobierno vasco acabó tragando la negativa del Estado al plan Ibarretxe.

Que el Gobierno catalán elegido, con mayoría absoluta parlamentaria aunque sin llegar al 51% de los votos, rompa la legalidad es algo cuya relevancia no puede ser ocultada. La reacción de algunos es hablar de un intento de golpe de Estado, pero no es exacto. El Gobierno catalán se apoya en una mayoría parlamentaria —cierto que escasa— y no en los mandos de un ejército que no tiene.

Tampoco estamos ante una intentona revolucionaria porque no es la calle sino un Parlamento autonómico el que pretende romper la legalidad. Quizá recuerde —veremos cómo se materializa— aquella declaración de Lluís Companys del 6 de octubre del 34 en la que proclamó la república catalana dentro de la república federal española. Algo que —hasta ahora— el catalanismo mayoritario siempre había condenado.

Lo que no hay duda es de que nos encontramos ante la crisis constitucional más grave —prácticamente la única, con la excepción del 23-F— de la democracia española. En Europa se empieza a tomar conciencia de su gravedad y relevancia. Tony Barber, el editor europeo del 'Financial Times', se refería a ella al tratar de la pesadilla en la que ha entrado Reino Unido tras la derrota moral de Theresa May en las elecciones del jueves pasado. Decía Barber: “España se enfrenta a la crisis constitucional más seria desde el retorno de la democracia en los setenta, ya que los líderes políticos de Cataluña pretenden hacer un referéndum de secesión desafiando al Gobierno central de Madrid”.

El PSC de Miquel Iceta se mantiene en el consenso constitucional, pero exige una reforma que garantice más autogobierno

Estamos ante una grave crisis constitucional y se rompe así el consenso del 78, que contó con el apoyo de las tres grandes fuerzas catalanas de entonces: el PSC —que estuvo en la comisión constitucional del Congreso a través del ponente del PSOE, Gregorio Peces-Barba—, el PCE-PSUC, cuyo ponente fue Jordi Solé Tura (que luego fue ministro de Felipe González), y el nacionalismo catalán, representado por Miquel Roca i Junyent. Entonces solo el único diputado de ERC, Heribert Barrera, no votó la Constitución porque recuerdo que me dijo: “Nos ofrecen una jaula de oro pero no deja de ser una jaula, si la aceptamos, no podremos salir, y yo eso no lo voto”

Ahora de aquellas fuerzas solo el PSC de Miquel Iceta (al precio de una grave crisis interna) defiende aquel consenso, pero aboga por una reforma constitucional que garantice más autogobierno, mientras que las otras tres fuerzas más votadas en las últimas elecciones generales —En Comú Podem, ERC y el PDeCAT— o son partidarias de un referéndum pactado o quieren crear una nueva legalidad catalana que rompa con la actual.

Romper la legalidad es un error grave que no puede ser el origen de nada bueno ni para Cataluña ni para España. En la realidad española, las fuerzas mayoritarias catalanas (CDC y PSC) siempre habían colaborado en la gobernabilidad. El PSC con el PSOE, y CDC de muchas maneras: facilitando la investidura de Aznar, que no tenía mayoría, en el 96, o impidiendo con su abstención que Zapatero tuviera que pedir el rescate en 2010. ¿Puede el consenso constitucional español seguir igual sin Cataluña, que es el 19% del PIB y el 16% de la población española?

Ortega y Gasset, el autor de 'La España invertebrada', ya avisó en la II República que la relación Cataluña-España era un asunto muy delicado y que a lo que se podía aspirar era a la 'conllevancia'. Creo que el PP se equivocó cuando con su oposición maximalista al Estatut —y ante un Gobierno socialista debilitado y desfondado por la crisis— consiguió en 2010 una sentencia del Constitucional algo salomónica pero que fue interpretada en Cataluña como contraria a un Estatut que, tras ser aprobado en el Congreso y el Senado en 2006, cuatro años antes, había sido votado en referéndum (con gran mayoría, escasa participación y el voto contrario de ERC y el PP).

Poco antes, el 'president' Montilla —muy atacado por el nacionalismo de CDC pero que gobernaba con el apoyo de ERC— ya había advertido de la creciente “desafección” catalana. Y entonces la sentencia y la campaña del PP hicieron que saliera bastante pasta de dientes del tubo de la 'conllevancia'. Sacar pasta del tubo es siempre fácil (los niños lo aprenden con rapidez), luego lo difícil es reintroducirla.

Ahora, el independentismo, sin haber calibrado bien las consecuencias, está empeñado en sacar todavía más pasta. O incluso en romper el tubo.

En 2010 —en plena crisis y con un Gobierno terminal—, la excitación era alta. Lo grave es que en los siete años transcurridos las cosas no solo no han iniciado una corrección sino que han empeorado mucho.

Los empresarios afirman que se debe respetar la ley, pero que se necesita un pacto que resuelva el grave enfrentamiento institucional

¿Cómo afrontar pues el choque de trenes y abordar el inevitable día después? Es evidente que los políticos —de ambos bandos— no han estado especialmente afortunados. Quizá sería pues bueno escuchar por un momento a los interlocutores sociales.

Los empresarios, que saben poco de derecho constitucional pero que son pragmáticos, ya han dicho que no se puede romper la legalidad pero que la salida no es jurídica sino política. Lo dijo el nuevo presidente del Círculo de Economía, Joan Josep Bruguera, en Sitges, ante el 'president' Puigdemont, y lo repitió luego ante Rajoy. Y añadió que, según todas las encuestas, una gran mayoría de catalanes quería más autogobierno (sobrepasar el 'statu quo') pero no suscribía las tesis independentistas.

Y Joaquín Gay de Montellá, presidente del más tradicional Foment, la patronal catalana con 200 años a sus espaldas, dijo el lunes ante la asamblea general de la entidad algo que sintetiza bien el pálpito de muchos empresarios: “Hoy todavía muchos catalanes esperan una propuesta que apueste por encontrar una solución a la crisis política que vivimos. Y defino muy conscientemente como crisis política está situación de enfrentamiento institucional y este grado elevado de desafección de una parte de la sociedad catalana respecto a las instituciones y símbolos del Estado. Es una crisis en toda regla y necesitamos voluntad de diálogo, negociación y pacto para encontrar una solución para que España continúe siendo un proyecto de futuro, unido en su diversidad”. Y continuó: “Si atendemos a los estudios demoscópicos, así como a los resultados electorales de los últimos años, podemos afirmar que un tercio de la población catalana da apoyo a las tesis secesionistas, otro tercio se siente satisfecho con la actual organización del Estado y hay otro tercio que, sin apoyar al secesionismo, cree que el actual marco es altamente insatisfactorio. Este tercio espera una propuesta auténtica, honesta y con voluntad de pacto para resolver la encrucijada en la que nos encontramos desde, como mínimo, 2010”.

Gay de Montellá no es socialista como Montilla pero levanta acta de la misma desafección. No es solo culpa del independentismo, hay desafección. Si el partido del centro derecha español no sabe ni atender la voz del empresariado tradicional… Y no son solo los patronos, en la reciente reunión del Pacto Nacional para el Referéndum —que no apoyó las tesis del referéndum unilateral—, tanto la UGT como CCOO se manifestaron a favor de un referéndum legal y con garantías.

Una parte de Cataluña, irritada, ha optado por equivocarse. Si España sigue como en 2010…