Españavatio: ¿órdago o farol? El pulso entre Nadal y las eléctricas

El Ministerio de Energía está librando un pulso con las eléctricas —en particular, con Iberdrola— a cuenta de las centrales de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). Iberdrola, como propietaria de las centrales, ha solicitado su cierre, y el ministerio ha respondido con un real decreto, abierto a consulta pública, que dificulta el procedimiento (exige hasta cinco informes preceptivos) y atribuye al Gobierno la decisión final. Se trata de un pulso que en realidad encierra otros, y que no solo afecta al carbón, sino a las nucleares y al propio 'mix' eléctrico español. Tratemos de poner algo de claridad al respecto.

Dividamos el análisis en dos partes: en primer lugar, la cuestión de fondo: ¿cómo debería ser el 'mix' eléctrico futuro? ¿Son necesarias las centrales de carbón? ¿Debe prolongarse la vida de las nucleares? En segundo lugar, la de forma: ¿a qué responde la batalla entre ministerio y empresas?

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Empecemos por el carbón. Hay alrededor de 9.500 MW de plantas de carbón en nuestro país, cuya producción representa entre el 15% y 20% del total. Es, con mucho, la tecnología más contaminante (35 millones de toneladas de CO2 sobre un total de 60 del sector eléctrico). Su única ventaja es su coste (menor al del gas natural), aunque con varios matices. El carbón nacional (aproximadamente el 30% del total) recibe un incentivo —de hasta 10 euros por tonelada— hasta finales de 2018. Además, la ventaja en costes del carbón importado previsiblemente se reducirá (hasta incluso desaparecer) en los próximos años: las centrales deben acometer importantes inversiones, que incrementarán su coste, para cumplir con las exigencias medioambientales más allá de 2020. Mientras, cuando EEUU comience a exportar gas natural, tensionará a la baja los precios internacionales.

Otra ventaja tradicional del carbón, la seguridad de suministro, es discutible: dada la capacidad de regasificación de España, es dudoso que nuestra seguridad esté mejor protegida con el carbón del subsuelo en lugar de con el gas. El verdadero problema del carbón es su concentración, tanto sectorial (el 90% del carbón nacional que se extrae se utiliza para la generación eléctrica) como geográfica. Es complejo cuantificar las ayudas destinadas al sector, pero ascienden a miles de millones (Greenpeace las estimó en 22.000 millones de euros desde principios de los noventa), que han suavizado una reconversión lenta pero constante: los empleos en la minería de carbón han pasado de cerca de 45.000 a finales de los ochenta a apenas unos 3.000 (y otros 1.000 en empresas auxiliares) en la actualidad. El problema social es real, pero esta es su justa medida.

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Durante un tiempo, las autoridades comunitarias apostaron por las tecnologías de 'carbón limpio' (captura y almacenamiento de CO2). A día de hoy, sin embargo, sus insuficientes resultados hacen inevitable que el carbón sufra una paulatina desaparición de nuestro 'mix' eléctrico, por razones puramente económicas, como está sucediendo en EEUU.

La segunda gran incógnita de nuestro 'mix' eléctrico futuro es la nuclear. Sobre este tema, en nuestro país, las opiniones suelen estar tatuadas más que argumentadas. No por eso hay que dejar de intentarlo. Mi opinión, que trataré de justificar, es que la energía nuclear no se adapta bien a las características del futuro sistema eléctrico. Sin embargo, debe mantener un papel como tecnología de puente, hasta la configuración de un 'mix' eléctrico descarbonizado (previsiblemente a partir de 2050).

La generación nuclear tiene características singulares. El tamaño óptimo de las plantas es muy grande (miles de MW) y su flexibilidad, reducida. Aunque viables técnicamente, no están diseñadas para arrancar y parar en intervalos cortos de tiempo, la flexibilidad que precisan las renovables intermitentes como la eólica o solar. Por ello, la generación nuclear casa mal con un sistema eléctrico descentralizado y la gestión activa de la demanda. Está además el problema de los residuos, aún por resolver, cuya gestión requiere instalaciones con un fuerte rechazo social.

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Un cuarto problema, menos analizado, es semejante al 'too big to fail'. La construcción de centrales nucleares requiere un compromiso muy fuerte. Una vez autorizadas, los promotores tienen la sartén por el mango, lo que suele traducirse en importantes sobrecostes (también, a veces, hay mayores exigencias de seguridad). Los ejemplos de Olkiluoto en Finlandia o de Hinkle en Reino Unido confirman esta hipótesis. 'Ex post', la energía nuclear suele ser muy cara (al menos, más de lo inicialmente previsto).

Si a estas circunstancias se añade que las previsiones de crecimiento de la demanda eléctrica son modestas, el papel de la generación nuclear es en mi opinión muy limitado en los países desarrollados. Solo en los emergentes, con un crecimiento de la demanda eléctrica por encima del 5-6%, las ventajas de la generación nuclear pueden compensar los muchos inconvenientes señalados.

Un asunto distinto es qué hacer con el parque nuclear existente, en España unos 7.000 MW de potencia que producen alrededor del 20% del total de la electricidad. Estas plantas cumplirán 40 años (su periodo de diseño) entre 2021 Y 2027. La mayor parte de sus costes están ya amortizados y sus costes operativos son muy bajos (solo el 5%). Apenas generan un problema adicional de residuos (en tanto no haya un almacén centralizado, los residuos se almacenan en las propias centrales, con independencia de que se prolongue su vida o no). Y, lo más importante, la extensión de la vida puede hacerse en condiciones de seguridad, aunque esto evidentemente exige un análisis específico de cada caso (el regulador en EEUU ha extendido la vida en 74 de 100 casos).

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Hay opiniones contrarias a la extensión de las nucleares. Normalmente señalan que cerraría el paso a las renovables. Sin embargo, es un argumento falaz. Con las tecnologías actuales, la producción nuclear en nuestro país solo podría sustituirse con gas natural o carbón. El sistema eléctrico resultante no solo sería más caro (el precio mayorista se incrementaría al menos un 25%, un 15% en la factura de los consumidores) sino también más contaminante. En definitiva, la extensión del permiso de las centrales nucleares, en las condiciones establecidas por el CSN, por un plazo de 20 años, permitiría cerrar el gap entre los horizontes a 2030 y 2050 de una forma competitiva y acorde con nuestros compromisos de reducción de emisiones, dando tiempo al desarrollo de una solución viable para el almacenamiento eléctrico o la captura de las emisiones.

Existen muchas maneras de condicionar la extensión de la vida de las centrales. Los consumidores pueden participar en los ingresos adicionales que se generen (los que queden después de cubrir las inversiones en seguridad y el coste de funcionamiento), o destinar partidas a la financiación de los objetivos de renovables o a proyectos de almacenamiento. De hecho, al considerar estas posibilidades, el coste de renunciar a prolongar la vida de las centrales nucleares es mayor, un 20% de la factura. Es legítimo proponer el cierre de las nucleares, pero no debe ocultarse su coste para los consumidores.

Estas dos conclusiones, el menor protagonismo del carbón y el papel de la energía nuclear, seguramente son compartidas por los responsables de la política energética (probablemente, también, tienen diferentes puntos de vista sobre la velocidad de los ajustes y la configuración del 'mix' pos-2050 —dicho sea de paso, debido a las incertidumbres tecnológicas, cualquier previsión después de esta fecha es pura brujería—). ¿Por qué, entonces, el ministerio ha decretado el cierre de una central nuclear —Garoña— y se opone al cierre de dos plantas de carbón? Aquí es donde el relato se vuelve laberíntico.

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El ministro, en realidad, nunca quiso cerrar Garoña, pero la oposición política y la división de los propietarios de la central (Iberdrola y Endesa) lo obligaron a hacerlo. Las compañías esgrimieron el curioso argumento de que un impuesto (de decenas de millones de euros) y las inversiones exigidas tras Fukushima (como mucho, unos 200 millones) ponían en riesgo la viabilidad de la central, cuando los beneficios previstos llegaban a los 1.000 millones (según la estimación de las propias compañías, en la demanda que interpusieron contra la decisión del anterior Gobierno socialista). Algo parecido está ocurriendo con las centrales de carbón. Iberdrola ha vestido de compromiso medioambiental su decisión de cerrarlas. Seríamos ingenuos si pensásemos que es el único motivo. Las compañías eléctricas, castigadas en bolsa durante los últimos años, tienen la necesidad perentoria de incrementar el ebitda de la generación: frenar las inversiones (en centrales de carbón y nucleares) e incrementar la producción de las centrales ociosas (de ciclo combinado) es una forma de conseguirlo.

Esta respuesta (legítima pero cortoplacista) de las empresas puede chocar con la política energética en el largo plazo. Y a esto responde el real decreto publicado por el ministerio. Bajo la apariencia de impedir el cierre de las centrales de carbón (seguramente, la última de las preocupaciones del ministro), lo que busca es modificar el procedimiento para impedir que se repita la experiencia de Garoña. Como emboscada al resto de partidos no está mal pensada: el PSOE, por ejemplo, tiene difícil negarse a una norma que preserva una planta de carbón asturiana, aunque intuya que implica dar carta blanca al Gobierno para mantener abierto el parque nuclear.

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El problema es que la jugada del ministro, en mi opinión, no es un órdago sino un farol. Se dijo que en esta legislatura veríamos al Parlamento gobernar. En realidad, estamos viendo al Gobierno legislar. Nadal ha trazado una nueva frontera, porque el real decreto abierto a consulta pública deroga varias directivas y normas con rango legal: la libertad de entrada en la generación eléctrica está reconocida desde la ley del sector eléctrico de 1997, y su corolario es la libre salida. El decreto de Nadal, en cambio, permite al Gobierno impedir un cierre si hay efectos desfavorables en los precios (¿cuál no los produce?) o sobre la planificación energética (que, hasta ahora, era indicativa). Está por ver que los tribunales acepten que desde Cuzco pueda alterarse el orden constitucional entre el Gobierno y el Parlamento.

El debate sobre el papel del Gobierno en la política energética es clave (por cierto, no solo cuando se tuerce la voluntad de las empresas para mantener abiertas unas centrales, sino también para cerrarlas). Lo que no puede hacerse es a hurtadillas, en renglones torcidos del BOE. Sería curioso que acabásemos con todas las centrales nucleares cerradas y las de carbón abiertas. Las primeras son como un apartamento heredado, que no emite CO2 y apenas necesita una capa de pintura. Las segundas, un apartamento que no solo tenemos que comprar sino reformar por completo, y que pese a ello seguirá siendo una verdadera chimenea. Nadie elegiría el segundo. Solo en Españavatio.